El lunes de tarde, en La Huella de Seregni, la Mesa Política del Frente Amplio (FA) se reunió para tratar el fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) sobre el contrato firmado por el gobierno anterior, encabezado por Luis Lacalle Pou, con la empresa belga Katoen Natie para el puerto de Montevideo. La Mesa Política del FA recibió a la senadora Liliam Kechichian, al exsenador Charles Carrera y al exministro de Transporte y Obras Públicas (2005-2010, 2015-2020) Víctor Rossi, quienes hicieron un informe sobre el tema.
Luego de la reunión, los tres dirigentes brindaron una conferencia de prensa. Kechichian señaló que le informaron a la Mesa Política sobre el tema porque “hay cierta confusión en la comunicación pública del verdadero resultado de la sentencia del TCA”, ya que “ha aparecido un triunfalismo en la oposición que parece no reconocer las decisiones jurídicas que se tomaron”.
Esto último en referencia, principalmente, a la conferencia de prensa encabezada por el exministro de Transporte del período anterior, Luis Alberto Heber, realizada la semana pasada en el edificio Anexo del Palacio Legislativo, en la que el nacionalista valoró positivamente el fallo del TCA.
Kechichian sostuvo que la cláusula que fue anulada por el TCA “era el corazón de ese acuerdo, que tenía que ver con la actividad monopólica por 60 años”. “Y eso es lo que queremos rescatar hoy y poner en conocimiento de la ciudadanía. Es la confirmación de lo que sosteníamos, que estábamos ante un acuerdo inconstitucional, ilegal e inconveniente; las tres cosas las confirmó el TCA”, sostuvo.
La senadora del FA agregó que es ilegal porque se violó la ley de puertos y la ley de defensa de la competencia, y es inconstitucional porque “un monopolio no lo puede definir el Poder Ejecutivo”. “Con esta sentencia ganaron el país, nuestra gente y el bolsillo de los que exportan e importan; en definitiva, ganamos todos”, acotó.
No se sabe “qué quería festejar el Partido Nacional”
Por su parte, Carrera dijo que reafirman lo que dijeron en agosto de 2021, en la interpelación a Heber por este tema en la cámara alta, donde señalaron que el acuerdo con Katoen Natie es “ilegal, inconstitucional e inconveniente”. “El tiempo nos ha dado la razón. Lamentablemente, hoy el puerto no está en las mismas condiciones en que estaba en aquel momento, y hay un montón de desafíos por delante”, acotó.
Además, Carrera sostuvo que la jurisprudencia sobre este tema no es nueva, ya que en 2003, cuando el entonces presidente Jorge Batlle “convocó a una nueva concesión de una terminal de contenedores especializada”, la empresa belga “inició un juicio contra el Estado uruguayo, y en 2008 el TCA le dijo que no tenía el manejo exclusivo de los contenedores en el puerto de Montevideo”. “Entonces, se negoció en forma secreta porque no se quería que se supiera la verdad, que a través de ese acuerdo se estaba violando la Constitución, que fue lo que dijo el TCA”, señaló; y también agregó que con este fallo “gana el país, porque se restablece la soberanía para poder establecer las políticas portuarias de acuerdo al interés general y nacional”.
“Lo más importante es que cuando el Estado uruguayo quiera llamar a una licitación para una nueva terminal de contenedores especializada, lo podrá hacer de acuerdo al interés nacional, y no dejarle un negocio monopólico y multimillonario a una empresa extranjera”, sostuvo Carrera.
Consultados por la prensa sobre la conferencia de la oposición, en la que varios exjerarcas sostuvieron que el fallo les daba la razón, Carrera contestó que en el FA no saben “qué quería festejar el Partido Nacional”, y aseguró que “las inversiones multimillonarias que llegarían al puerto”, de las que hablaban los blancos, “no llegaron”.
El exsenador del FA mencionó, además, que en la Mesa Política Rossi citó un informe del Banco Mundial, según el cual “estamos entre los peores 25 puertos del mundo”, y se perdieron “142.000 contenedores por estos cambios”, así como “se perdieron puestos de trabajo”.
Carrera subrayó que el artículo 85 (numeral 17) de la Constitución establece que a la Asamblea General le compete, entre otras cosas, “conceder monopolios, requiriéndose para ello dos tercios de votos del total de componentes de cada cámara”. Por lo tanto, “eso se tendría que haber discutido en el Parlamento y no se hizo”.
La garantía de fiel cumplimiento y el pedido de disculpas
A todo esto, Carrera resaltó que, al analizar la información para realizar el informe, notó que la garantía de fiel cumplimiento de un contrato de acuerdo al Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera es de 5%, y “el 5% de 450 millones de dólares son 22,5 millones de dólares”. “¿Saben de cuánto es la garantía de fiel cumplimiento que el gobierno de Lacalle y de Heber autorizó para esta concesión? 7,6 millones de dólares”, lanzó.
A su vez, Kechichian se refirió a que Heber en los últimos días dijo que con este acuerdo “salvaron a Uruguay de un juicio de 1.500 millones de dólares”, pero, según la senadora, “eso es absolutamente falso”, ya que “no hubo ningún juicio ni intención de juicio. Ese juicio no existió nunca, no era un peligro como para que nos llevara a firmar un acuerdo” como el que se hizo con Katoen Natie. “No nos salvaron de nada, más bien, entregaron buena parte de la soberanía nacional que, por suerte, con este fallo, una buena parte la volvimos a recuperar”, resaltó.
Por último, la prensa les consultó por los dichos de Heber, cuando en la conferencia de la semana pasada señaló que los dirigentes del FA “tendrían que pedir disculpas públicas” por las acusaciones que les hicieron a los jerarcas del gobierno anterior a raíz de este acuerdo. Kechichian recordó que hoy “hay una persona procesada porque se confirmó que había pedido espiar a dos senadores, Mario Bergara y Carrera”, a los que se les “investigó la vida para apretarlos en torno al contrato de Katoen Natie”. “Así que muchos, antes que nosotros, tendrán que pedir disculpas por su comportamiento”, finalizó.