Este martes, el senador Sebastián Sabini presentó una solicitud a la vicepresidenta de la República y presidenta de la Cámara de Senadores, Carolina Cosse, con el objetivo de conformar una comisión preinvestigadora en la cámara alta. La comisión deberá estudiar si existen méritos suficientes para instalar una comisión investigadora con el objetivo de “aclarar todos los hechos y procedimientos relacionados al contrato suscrito entre la República Oriental del Uruguay y el astillero Cardama” por la construcción de dos patrulleras oceánicas (OPV, por sus siglas en inglés) por unos 80 millones de dólares, de los cuales el Estado ya abonó 30.
En el marco de un conflicto que tomó estado público en una conferencia de prensa que el presidente Yamandú Orsi realizó en octubre de 2025 al detectar irregularidades en la garantía de fiel cumplimiento presentada por el astillero español, la semana pasada, tras el segundo Consejo de Ministros del año, el mandatario confirmó la rescisión del contrato por “incumplimientos contractuales graves”. Dijo que la segunda garantía también tenía problemas y decidió emprender otra batería de disposiciones: iniciar acciones por daños y perjuicios; iniciar acciones “para recuperar el patrimonio”; definir “responsabilidades institucionales e individuales” y “procurar la adquisición” de las OPV por otras vías.
En el escrito, de cinco páginas, Sabini aseveró que el “prestigio institucional de nuestro país se ha visto claramente afectado por la presunta comisión de un fraude contra el Estado”, además de que reparó en “las irregularidades verificadas sobre el proceso de constitución y mantenimiento de las garantías”. Entre ellas, listó como “una de las principales” la “imposibilidad de poder ejecutar la garantía de fiel cumplimiento de más de cuatro millones de euros tras constatar que era apócrifa y que la empresa emisora fue formalmente liquidada en el Reino Unido” –en referencia a EuroCommerce LTD y el documento que el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) aceptó en octubre de 2024–; pero también enumeró las conclusiones de la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC) que divulgó la diaria respecto de una “decisión política” en el otorgamiento del contrato; incumplimientos en los reglamentos de bandera y el hecho de que Cardama “ha incumplido de forma sistemática y reiterada estas obligaciones de información y colaboración”, entre otros hechos.
Sabini también reparó en las conclusiones de la auditoría que realizó, a pedido del gobierno, la calificadora Bureau Veritas. Con base en lo anterior, el escrito consignó que “no consta evidencia de que el astillero haya presentado el proyecto técnico ni solicitado el permiso de construcción exigido en Uruguay”; que tras 11 meses “el comprador no dispone de proyecto de construcción definitivo ni de planos definitivos” y que mientras existe “un retraso estimado de aproximadamente cinco meses en la construcción de bloques, con aproximadamente un 43% del acero construido y montado en grada cuando se esperaba tener construido más de 70%” en uno de los buques, el certificado emitido por Lloyd’s el 19 de diciembre de 2025 “no acredita la puesta de quilla” en el segundo, entre otros elementos.
La conformación de una comisión investigadora sobre este tema era una intención manifiesta de la oposición, pero no llegó a concretar la solicitud. El senador frenteamplista Daniel Caggiani afirmó que es necesario realizarla en la Cámara de Senadores, porque allí está “uno de los principales involucrados, el exministro [Javier] García”, que “es el que tiene que dar las mayores explicaciones” ya que suscribió el contrato con Cardama, además de que promovió una interpelación a la titular del MDN, Sandra Lazo. “Es poco entendible o poco claro que se promueva una comisión investigadora en la Cámara de Diputados, cuando uno de los principales responsables, que tiene que dar cuenta de eso, no estaría presente”, enfatizó Caggiani, quien respaldó la rescisión del contrato y reiteró que hubo “una decisión política del anterior gobierno de comenzar un negocio que fue totalmente ruinoso para las arcas de Uruguay”.
La comisión preinvestigadora solicitada por Sabini se reunirá por primera vez este miércoles a las 8.30. De acuerdo a una resolución de la Cámara de Senadores firmada este martes por Cosse, el plazo para expedirse -es decir, para elaborar los informes que posteriormente serán tratados en el plenario de la cámara alta- vence el viernes 20 de febrero a las 8.30. Los integrantes de la comisión preinvestigadora serán, por el Frente Amplio, los senadores Eduardo Brenta y Nicolás Viera, y por el Partido Nacional, la senadora Graciela Bianchi.
En una conferencia de prensa, Sabini dijo que a partir de la última conferencia de Orsi aparecen “elementos suficientes para conformar una comisión investigadora”. En un resumen de lo que entiende como irregularidades, se refirió a que se aceptaron “dos garantías que no se pueden ejecutar”, que hubo elementos “muy graves, como haber aceptado una cuaderna maestra antes de que llegara, lo cual disparó el pago”, y una “serie de procedimientos que muestran que Cardama era incapaz de cumplir con el contrato”. Hubo “demoras de todo tipo, problemas estructurales, problemas con el diseño, problemas con los proveedores y un avance que no cumplía con ninguno de los hitos establecidos en el contrato”, reafirmó.
“Fue el que firmó el contrato”, dijo Sabini en alusión a García. Además, opinó que durante la interpelación a Lazo que tuvo lugar en diciembre “se habló de política” y “no se explicó por qué se habían aceptado garantías falsas, no se explicó por qué se había elegido la empresa que había quedado última en el proceso licitatorio y no se explicó tampoco cómo se aceptó una empresa que iba a cobrar la mitad por lo que el resto de las empresas cobran el doble”. En ese sentido, prevé que la comisión “analice el contrato” y que “analice todo el proceso”, además de que no tienen “ningún problema” en que se estudie la decisión de rescindir.
Finalmente, sobre la posibilidad de que Uruguay pierda una eventual demanda, aseveró que afirmarlo “demuestra una absoluta ignorancia”, ya que la rescisión fue sobre un contrato de suministro, no de inversión, y por tanto está amparada por el Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera. “No se cumplió con los hitos de los motores, no se cumplió con los hitos de diferentes empresas que tenían que suministrar material a Cardama y, de hecho, ni siquiera se pudo corroborar que se habían realizado las solicitudes de compra. Hay muchos elementos que le dan las fortalezas jurídicas al Estado uruguayo de que efectivamente vamos a salir victoriosos, y ojalá que toda la oposición y todo el sistema político se ponga detrás de defender los intereses del Estado”, finalizó.