En 2025, más de 13.000 personas “sin hogar” fueron asistidas y atendidas por los distintos dispositivos de protección social que brinda el Ministerio de Desarrollo Social (Mides). Según informaron fuentes de la cartera a la diaria, actualmente hay más de 8.000 personas “en algún dispositivo” de los programas de calle.
El ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, dijo a la diaria Radio que la sociedad asumió que “el problema” de las personas que pernoctan a la intemperie “no es exclusivamente del invierno”.
El 22 de enero, el Ministerio del Interior (MI) comenzó a desarrollar el Operativo Calle en el Municipio B, puntualmente en los barrios: Ciudad Vieja, Centro, Cordón y Palermo, amparado en la normativa de la Ley de Faltas, aplicada por el MI junto a las intendencias departamentales, los municipios y en coordinación con el Mides.
En el marco del operativo, funcionarios policiales recorren estas zonas, identifican a personas en situación de calle, les comunican que no pueden acampar o pernoctar en la vía pública y les ofrecen el traslado hacia el Centro de Primera Atención (CPA), ubicado en Casavalle.
Civila explicó que “la tarea” del ministerio es “recibir a las personas, hacer una entrevista y hacer una derivación, en la medida en que las personas acepten ser derivadas a algún dispositivo de protección social”.
A menos de un mes del inicio del Operativo Calle, se realizaron 508 intervenciones a 377 hombres y 124 mujeres en situación de calle; 501 personas fueron trasladadas y siete quedaron detenidas, según consignaron fuentes del MI a la diaria.
Tras la intervención, el Mides informó que más 170 personas “quedaron vinculadas” al CPA. Según Civila, en este centro se ofrece “atención, espacio para ducharse e higienizarse y hay lugares para poder pernoctar”. En ocasiones, se deriva a la persona a otro dispositivo que esté más próxima a donde la persona “desarrolla su vida cotidiana” o a otro que se ajuste más a su perfil. En esta instancia, algunas personas deciden permanecer y otras optan por volver a la calle, “grupo que, en principio, es la mayoría”, señaló Civila.
No es la forma: la postura de Nitep
El colectivo de personas en situación de calle Ni Todo Está Perdido (Nitep) fue crítico con la implementación del operativo y la aplicación de la Ley de Faltas.
En diálogo con la diaria Radio, Rubí Márquez, integrante de Nitep, dijo que “estas acciones se padecen todo el tiempo” con la diferencia de que “ahora se está implementando oficialmente”. “Las personas en situación de calle frente al Estado estamos en falta”, expresó.
Aunque desde la agrupación entienden que no pueden detener la aplicación de estas medidas, Márquez denunció “formas muy brutales” y dijo que han presenciado “golpes, empujones y malos tratos a personas que estando en esa situación son levantadas de una forma que no corresponde”.
“Aplicar la ley de esa manera –el colectivo así lo entiende– es un poco pasar al barrer una situación que en realidad hay que repensarla y accionar en pro de su mejora”, afirmó.
En este sentido, Márquez no está de acuerdo con que el operativo esté a cargo del MI. “No puede el Ministerio del Interior dedicarse a sacar o a levantar de la calle a personas porque su rol es combatir el delito o mantener el orden de la ciudad (...) Yo creo que es una función que debe hacerse desde otro lado”.
A título personal y en referencia al rol del Mides, afirmó que “los ministerios no se pueden pisar a sí mismos”, sino que cada uno “tiene una función” y hacerlo “sería grave porque cada ministerio va a poner su pared”. “Creo que las partes deben conversar”, consideró, e incluyó en el razonamiento a la Intendencia de Montevideo (IM), porque “cuando suceden estas cuestiones el territorio esencialmente es de la IM”.
“Los campamentos a mí me dicen que esa persona necesita dormir en algún lugar” y “los refugios” no siempre son “lugares sostenibles porque hay mucha violencia”, concluyó.
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Vivir en la calle “no es un derecho”
En filas de la oposición, el senador nacionalista y exministro de Desarrollo Social, Martín Lema, señaló que hay “un aumento sostenido de personas en situación de calle” que amerita la utilización de la Ley de Faltas. En este sentido, reconoció el “cambio de criterio” del gobierno respecto a esta medida, pero “sobre todo hay que aplicar la internación compulsiva en los casos que presentan problemas de salud mental o problemas de consumo de sustancias”.
Para el legislador, “el eje hay que ponerlo en la hospitalización involuntaria, de lo que en su momento el Frente Amplio votó en contra, y creo que hoy está a favor”, subrayó.
Con la Ley de Faltas, “se retira circunstancialmente a una persona que, muchas veces, a la hora y media, dos horas o al rato vuelve a ese lugar”, observó. En caso de constatarse que esta persona tiene problemas de salud mental o adicciones, para Lema “lo lógico” es que “ese ejercicio de la fuerza pública sea para trasladarla a un hospital donde se pueda compensar”.
En esta línea, consideró que la Asociación de Servicios de Salud debe “robustecer la respuesta en materia de adicciones y salud mental”, porque “si no tiene la capacidad de recibir a esa persona, la causa no se trata y si la causa no se trata, la consecuencia se mantiene”.
Durante su gestión al frente del Mides, Lema dijo que contrató policías eventuales con la idea de que “no es un derecho vivir en la calle”. “Sería cínico tomarlo como un derecho. ¿Cómo puede estar en un bienestar o en una prosperidad alguien que termina durmiendo en el banco de una plaza? Lo más fácil para la administración es tomarlo como un derecho y obviarlo”, planteó.