El viernes a las 10.00 el presidente Yamandú Orsi encabezará el segundo Consejo de Ministros del año en la Torre Ejecutiva; luego habrá una conferencia de prensa. El tema principal será el contrato con el astillero español Cardama que firmó el gobierno anterior, encabezado por Luis Lacalle Pou, para la construcción de dos patrulleras oceánicas. Según pudo saber la diaria por fuentes del gobierno, el mandatario anunciará que el Poder Ejecutivo definió, finalmente, rescindir el contrato con el astillero.
Este tema tomó estado público a fines de octubre de 2025, cuando Orsi, junto con el secretario y el prosecretario de Presidencia –Alejandro Sánchez y Jorge Díaz, respectivamente– realizaron una conferencia de prensa para informar que la garantía que presentó Cardama pertenecía a una empresa “que está en proceso de liquidación por inactividad” y que “en los registros no figura como empresa financiera”, y afirmaron que denunciarían los hechos en la Justicia penal y civil.
En esa instancia anunciaron que el gobierno había tomado la decisión de “iniciar acciones” para rescindir el contrato de compra de las dos patrulleras. Dos días después de la conferencia, el gobierno presentó una denuncia penal por indicios de estafa o fraude en la constitución de la garantía. Enseguida el tema fue sumando capítulos, trajo críticas de la oposición y mucha discusión política, que incluso generó la intervención del expresidente Luis Lacalle Pou, que desde que dejó su mandato ha hecho declaraciones públicas en cuentagotas. El expresidente acompañó al directorio nacionalista, que trató el tema, y en rueda de prensa dijo que Orsi “se pasó de rosca” y que existe una “operación política” en el caso Cardama.
Luego, Orsi djio que el expresidente “tiene derecho a pensar lo que quiera”, y que a su vez él podía pensar que a Lacalle Pou “lo arrastró un amor no correspondido, porque la empresa no se ha portado tan bien con el Estado como ellos sí de repente se portaron [con la empresa]”. Además, consideró que los jerarcas del gobierno anterior fueron “traicionados o engañados de manera evidente”. A su vez, Cardama acusó al gobierno de no ajustarse al principio de buena fe contractual y amenazó con acciones legales.
En noviembre, el diputado blanco Gabriel Gianoli visitó el astillero y dijo que había un avance significativo en la construcción de las patrulleras, y el gobierno recibió una nota formal de Cardama para negociar.
En diciembre fue la interpelación a la titular del Ministerio de Defensa Nacional (MDN), Sandra Lazo, en el Senado, impulsada por la oposición, encabezada por el senador blanco Javier García, que estuvo al frente de ese ministerio en gran parte del gobierno de Lacalle Pou. En esa instancia legislativa, el oficialismo sostuvo que el caso Cardama es “uno de los mayores fraudes de la historia”, mientras que la oposición denunció “un plan maquiavélico”.
A su vez, a fines de diciembre el gobierno presentó una segunda ampliación de la denuncia por la renovación de la garantía, que el astillero español envió por correo electrónico minutos antes de la conferencia del 22 de octubre. El peritaje realizado a pedido del Poder Ejecutivo uruguayo concluyó que la firma y el sello del documento enviado por Cardama fueron copiados y pegados de la garantía original expedida por Eurocommerce Bank, una empresa en proceso de disolución y de la que se había proporcionado una dirección donde funcionaba una inmobiliaria y no una institución financiera
Fechas de entrega
Para tomar la decisión que el gobierno anunciará este viernes, fue clave la auditoría de Bureau Veritas que se conoció en los últimos días, que concluye que el astillero “no tiene capacidad para cumplir con los plazos de entrega según el contrato” de las patrulleras. Según el documento, la fecha contractual de entrega del buque 1 es el 25 de agosto de 2026, y la fecha límite contractual de entrega (que contempla retrasos) es el 23 de noviembre de 2026. Para el buque 2, las fechas de entrega son el 25 de agosto de 2027 y el 23 de noviembre de 2027, respectivamente. “Llegadas las fechas límites señaladas, teniendo en cuenta los posibles retrasos autorizados, el comprador estaría legitimado para resolver el contrato anticipadamente”, advierte la empresa asesora.
Una de las conclusiones finales del informe de Bureau Veritas sentencia que “la imposibilidad de cumplimiento con los plazos establecidos” por parte de Cardama “no descansa en una apreciación aislada, sino en la aplicación de un método de análisis de ruta crítica al cronograma contractual y sus revisiones, corroborado por la evidencia documental y por el examen de las condiciones contractuales de cómputo y extensión de plazos”.
Bureau Veritas también hace notar que no se han proporcionado cronogramas definitivos actualizados para ninguna de las dos construcciones. “Esta ausencia impide validar con certeza las fechas de entrega, verificar los procesos constructivos y gestionar adecuadamente las extensiones de plazo”, advierte.