La titular de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), Sandra Libonatti, visitó la diaria Radio pocos días después de que la Cámara de Diputados terminara de tratar el proyecto de ley contra el lavado de activos. En su visión, la percepción de riesgo sobre el lavado en Uruguay aumentó, pero el riesgo “también se modificó” y “creció sustancialmente”.
En este contexto, rige la Estrategia Nacional contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva hasta 2030, con un plan de acción de 22 objetivos estructurados en cinco capítulos: señaló “la coordinación y el rol de los distintos agentes del Estado que participan en el sistema preventivo”, las “evaluaciones sectoriales” y “el rol de los sujetos obligados”, como elementos centrales.
Sobre el proyecto de ley que aún tiene pendiente una discusión adicional en el Senado, Libonatti dijo que “la mayor parte de los puntos” incorporados en la iniciativa que partió desde el Poder Ejecutivo (PE) “están considerados y formaban parte de la estrategia”. “Si vemos lo que es la Evaluación Nacional de Riesgos y lo que es la estrategia, no vamos a encontrar que la ley por sí ‘pegue’ tan significativamente en los cambios en el sistema que en Uruguay se tienen que dar para prevenir estos delitos”, apuntó. Resultan “nuevas herramientas” y “ajustes” que hay que incorporar, porque “los delitos van cambiando”, pero el énfasis debe estar en “cómo funcionamos, cuán efectivos somos y cómo aplicamos esas herramientas”.
La efectividad, de acuerdo con Libonatti, es “que haya procesamientos” y “que haya incautaciones de bienes provenientes del lavado de activos”. Todo lo demás, como “cuántos reportes realizan los sujetos obligados”, son “situaciones intermedias” y “el input para que un sistema funcione”.
El Frente Amplio (FA) y parte del Partido Colorado (PC) construyeron una mayoría para ratificar los topes de pagos en efectivo en un máximo de 200.000 unidades indexadas (UI) o el 5% del valor total de la operación sin superar las 450.000 UI. La jerarca dijo que la valoración es “muy positiva” y tiene “un impacto” debido al “problema que significa trazar una operación que se realiza en efectivo ante cualquier investigación”. Calificó el tope como un “justo equilibrio” y un “monto razonable” entre lo anterior y las “molestias” que podría generar a la población. Antes de la ley de urgente consideración (LUC), el tope era de 40.000 UI y, consultada respecto de por qué el PE no decidió volver a ese monto, dijo que la propuesta “no es unipersonal” y fue “consensuada” en la comisión coordinadora.
Este martes, el sociólogo Gabriel Tenenbaum dijo a la diaria Radio que aspiraría a que la cifra “sea más baja aún”. Libonatti respondió: “Si fuera por propuesta de lo que es el sistema preventivo de lavado, estaría en cero”. Sin embargo, “claramente hay que buscar un justo equilibrio para todos”, porque “lo importante es aplicarlo y no es solamente poner leyes para que figuren”.
Por otro lado, en 2024, el extitular del organismo Jorge Chediak había dicho a Radio Universal que el monto planteado por la LUC de 1.000.000 de UI “no movió prácticamente la aguja” ni hubo un “movimiento masivo” al efectivo. La jerarca actual discrepó y señaló una falta de evidencia: “¿Hemos hecho una evaluación razonable y seria de que eso no ocurría? Yo no lo vi, honestamente no lo vi, y creo que tampoco está hecho hasta ahora. Faltan muchos datos, falta un sistema que se organice con buenas estadísticas, bien procesado cada uno de los casos, qué instrumentos participan, si se hizo en efectivo o no”.
La propuesta para eliminar la Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos naufragó
Los partidos de la oposición bloquearon la supresión de la Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos. La directora de la Senaclaft dijo que el punto está en que existen “bajísimos procesamientos” y, en el ámbito de la comisión coordinadora, hubo una “serie de intercambios” con la fiscal subrogante Mónica Ferrero y “fue a partir de ese intercambio y a partir de la propuesta de la fiscal subrogante que se toma como un punto para incluir en las modificaciones legales”.
“Era un punto importante, pero lo más importante era, si se eliminaba, qué es lo que ocurría después y qué decisiones se adoptaban respecto a eso”, indicó. Estaba previsto pasar lo que la ley prevé a estudio de esa fiscalía a otras, elemento que “quedaba a resolver por la propia fiscal subrogante”, por lo que “todo iba a cómo la fiscalía de Corte iba a reorganizar el servicio”.
Sobre ese reordenamiento, apuntó contra las “investigaciones paralelas”. Explicó que cuando se está investigando el delito precedente al lavado –una estafa o una operación de narcotráfico, por ejemplo– también “debería hacerse la investigación patrimonial sobre las personas involucradas” a cargo del mismo fiscal. “Hoy, con la existencia de esta fiscalía, en determinadas circunstancias, siempre que no haya un proceso abreviado (...), debería pasar a la Fiscalía de Lavado. Vamos a tener que mejorar sustancialmente lo que es la coordinación”, dijo.
Desde su creación en 2023 hasta 2025, la Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos concretó seis condenas. Libonatti indicó que el resultado es multifactorial y exhortó a “no demonizar” su existencia: “En los últimos cinco años realmente hubo escasos reportes; la Unidad de Información y Análisis Financiero, con falta de recursos suficientes para un análisis exhaustivo apoyando a la fiscalía (...); una descoordinación, si se quiere, entre esa fiscalía y la propia Senaclaft; una fiscalía que decía ‘me dan mucha información, no me ayudan a procesarla, no tengo los recursos’; casos que no terminaban elevándose a esta fiscalía”, enumeró.
Otras modificaciones
Otro elemento que no se aprobó fue el que habilitaba a la Senaclaft a “requerir y retirar documentación y/o respaldos informáticos” en las inspecciones que ya puede realizar. Aunque “hubiera sido mejor que eso se contemplara”, porque “el mundo cambió”, la propuesta alternativa de que interviniera la Justicia mediante una autorización “no parecía algo muy practicable” debido a que “previamente no le puedo decir a un juez lo que voy a retirar”.
“Se habla de que íbamos a tener superpoderes. Yo profundamente lamenté eso porque es como que quedaba que queríamos tener un poder mayor a cualquiera. Eran los mismos poderes que tiene la DGI, el BPS, casi copiado”, apuntó. Reiteró que la Senaclaft “actúa con independencia técnica” y sus facultades actuales “son muy amplias”. Sin embargo, a modo de autocrítica en el marco de la discusión, dijo que quizá no fueron claros en explicar que “se iba a retirar solamente aquella documentación en soporte informático que tuviera que ver con el caso que se estuviera investigando y de acuerdo a las potestades”.
En el orden de lo que efectivamente se aprobó, Libonatti expresó su gratitud hacia el sistema político por “haber entendido técnicamente” lo que se propuso con relación al artículo 17 sobre la debida diligencia simplificada, punto que generó cruces entre parte del PC y la bancada nacionalista. “Ese punto es esencial. Nosotros teníamos un informe del organismo internacional Gafilat de que eso no estaba de acuerdo con los estándares”, sostuvo. Indicó que generaba “bajos reportes de operaciones sospechosas”, y “los sujetos obligados, cuando las operaciones venían bancarizadas, los del sector no financiero (...), se apoyaban y no veían origen de fondos en aplicación de ese artículo 17”.
También valoró los cambios sobre el delito de asistencia al lavado, porque “se estaba aplicando mal”, y en las condenas veían esa tipificación cuando, en realidad, era “asistencia al delito precedente”. Finalmente, celebró la inclusión de los criptoactivos ya que ahora los sujetos obligados del sector no financiero “tienen que hacer debida diligencia” y “un conocimiento del cliente” cuando realicen permutas o negocios con ese tipo de capital.