El diputado nacionalista Federico Casaretto planteó nuevamente este miércoles en el plenario de la Cámara de Representantes la problemática del abastecimiento de agua potable para el área metropolitana. El dirigente blanco solicitó tiempo para desarrollar una exposición sobre el agua potable como “derecho humano fundamental”, y allí profundizó no solo en un diagnóstico de la situación actual en la cuenca del río Santa Lucía, sino que cuestionó las decisiones del actual gobierno en materia de agua potable y llamó a la conformación de “un grupo asesor científico honorario” en esa área.
La utilización de la exposición para hacer consideraciones políticas despertó molestia en el oficialismo que, según algunos legisladores, se vio sorprendido tras haber votado para que se hable del agua potable como “derecho humano fundamental”. El diputado frenteamplista Alejandro Zavala puntualizó que el planteo se debió realizar como “asunto político”, mientras que Sebastián Valdomir marcó como otra posibilidad de tratamiento del tema la realización de una interpelación. Este último fue más allá, y aseguró que en lo personal no votará más las solicitudes de diputados para exponer, dada la chance de que haya este tipo de desenlace.
Pasando a lo concreto, Casaretto reconoció que la vía elegida para su planteo era poco habitual, pero subrayó que el fundamento estaba en que hablaría del agua potable en la zona metropolitana, “el principal problema” que tiene el país dada la afectación del 60% de su población. Luego de hacer referencia a hitos del siglo XX que daban cuenta de que es un problema que se viene arrastrando, el representante recordó que Montevideo estuvo sin agua por 48 horas en 2009, se refirió a la crisis hídrica de 2023 y a la falta de lluvias en febrero e inicios de marzo de este año.
“Lo que más nos preocupa son los problemas de cantidad, pero el tema más grave es el de la calidad”, aseguró Casaretto en referencia a la cuenca del río Santa Lucía. Esto último, según el representante, lleva a que el río “sea absolutamente imposible de seguir forzando” para el abastecimiento de agua potable. Detalló como causantes de ese escenario los desechos que llegan desde centros poblados como Santa Lucía o Canelones, y también la acumulación de “lodos” con distintos químicos aguas abajo, zona que luego se utiliza para tomar agua en momentos de escasez.
El legislador agregó que hoy “los métodos convencionales” que se usan para el análisis del agua no han encontrado en el río Santa Lucía algunos componentes que sí han quedado evidenciados en otros estudios. En concreto, Casaretto se refirió a la identificación de “trazas” de “diazepam, de antibióticos, de viagra y de cocaína”. A eso le agregó la salinidad que aparece aguas abajo, en momentos donde es necesaria la extracción en la zona por el déficit hídrico.
Con ese escenario planteado, Casaretto marcó la existencia de una conducta “distinta” entre oposición y oficialismo respecto de la problemática. En ese marco, recordó los dichos de la ahora vicepresidenta Carolina Cosse sobre las consecuencias que podría generar en embarazadas la presencia de trihalometanos durante la crisis hídrica de 2023. Asimismo, el representante recordó dichos en el mismo periodo de la ministra de Salud, Cristina Lustemberg, el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, y el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez.
“Vengo a pedirles algo distinto, que nosotros nos saquemos de encima el proyecto Arazatí y ustedes se saquen de encima el Proyecto Casupá [...] con la mano en el corazón hablemos de los problemas que realmente vamos a enfrentar en los próximos tiempos”, remarcó Casaretto sobre el final del planteo. Sin embargo, posteriormente cuestionó varios aspectos relativos a la construcción de la represa y llamó a que se conforme “un grupo asesor científico honorario” o “GACH” para definir el futuro del agua potable en el área metropolitana.
La respuesta del oficialismo
“Se ha agredido a la política”, consideró el diputado Zavala, luego de cuestionar las consideraciones políticas del planteo y poniendo foco en la propuesta de un grupo asesor. El legislador enfatizó que se comete un “error” si se entiende que la cosa es solo “técnica y no política”. “Las decisiones políticas, que podemos compartir o no, son válidas y necesarias en una democracia y no en una tecnocracia”, enfatizó el representante frenteamplista.
“Escucho pedir un GACH, coparticipación y política de Estado cuando son oposición; ahora, cuando son gobierno, te dejan embretado hasta la manija con un contrato que firman diez días antes de irse de la Torre Ejecutiva”, comentó, por su parte, Valdomir sobre el contrato del proyecto Neptuno, al que definió como “inconstitucional”.
Más allá de eso, Zavala dejó constancia de la existencia de un “fundamento técnico” en las decisiones tomadas por el actual gobierno respecto del agua potable, y recordó que, en todo caso, Casaretto le podrá hacer las consultas al ministro Ortuño, que comparecerá a la Comisión de Ambiente de Diputados el próximo martes.
Sobre la cuenca del Santa Lucía, el dirigente frenteamplista remarcó que “es la mejor opción desde el punto de vista de la calidad del agua”, con relación a los “recursos económicos” que están disponibles y en cuanto a “la situación de cierta urgencia” que se atraviesa a nivel de agua potable.
Reconoció, sin embargo, el cambio de suelo en la zona y las consecuencias que tiene eso en el “escurrimiento” de ciertos nutrientes al cauce. Zavala detalló que cuestiones como la siembra directa, la mayor presencia de glifosato y “el exceso de fertilizantes” han dado lugar a un escenario que permite constatar “niveles muy altos” de nutrientes en la cuenca alta del río Santa Lucía. Recordó que esto tiene como consecuencia la aparición recurrente de cianobacterias.
“Tenemos que compatibilizar nuestros modelos de producción con el cuidado de los cauces del río”, concluyó al respecto Zavala, quien agregó, sin embargo, que “sigue siendo una cuenca muy buena, muy limpia”, según reporta la ciencia.
Sobre el final de la sesión, hubo una breve polémica después de que el Frente Amplio resolviera no votar el envío de las palabras vertidas por los legisladores en la sesión a distintos organismos del Poder Ejecutivo, solicitud que se estila hacer y habitualmente se aprueba por unanimidad. Casaretto lamentó lo que consideró una “pésima” señal.