La Comisión de Población y Desarrollo de la Cámara de Diputados recibió este martes a la subsecretaria del Ministerio del Interior, Gabriela Valverde, para obtener información sobre la actuación de la cartera en el caso de Jonathan Correa, el adolescente de 15 años que fue asesinado por su padre a principios de marzo de este año.
En noviembre de 2025, la Escuela Técnica de Flor de Maroñas, a la que Jonathan concurría, se había percatado de la violencia que sufría el adolescente en su casa y activó los protocolos de la Administración Nacional de Educación Pública. Pero las clases terminaron, se retomaron en marzo y desde la UTU, al ver que la denuncia no había tenido tratamiento, se comenzó a monitorear la situación. Esta denuncia fue tomada por la Fiscalía de Violencia Doméstica de 2° turno, pero no se actuó.
Al término de la comisión, la diputada del Frente Amplio (FA) Tatiana Antúnez dijo en una rueda de prensa que Valverde informó que en 2023 hubo otra denuncia contra el padre de Jonathan por violencia doméstica.
Según supo la diaria, esa denuncia se tipificó como violencia doméstica y se dio cuenta al juzgado especializado, pero no se siguieron las actuaciones correspondientes. Hasta ahora solo habían trascendido la denuncia de la UTU y otra que hizo la madre de Jonathan en 2024, en la que la Justicia dispuso medidas cautelares por 180 días, sin tobillera ni custodia policial.
Antúnez dijo que, en la última denuncia de 2025, hubo “dificultades en relación con la tipificación de la situación que estaba viviendo este niño y su familia”. Desde el Poder Ejecutivo señalaron a la diaria que la denuncia que se hizo en 2025 se tituló como “averiguación de situación”, que fue lo que había solicitado la institución educativa. En ese momento se notificó por teléfono a la Fiscalía y al juzgado.
La semana pasada, las autoridades del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) afirmaron en la comisión que, si bien hubo una indicación de la Fiscalía para dar cuenta de la denuncia por violencia doméstica, la notificación nunca llegó al INAU.
Consultada al respecto, la diputada del FA dijo que “hay investigaciones en curso”, tanto en el INAU como en el Ministerio del Interior, en las que “se está yendo al detalle de por qué hubo una mala tipificación en relación con una situación de violencia de género que estaba poniendo en riesgo de vida de un adolescente, pero también de una mujer”. “No hubo una operatividad al sistema a la hora de dar respuesta”, resaltó.
Antúnez planteó que “es necesario que se esclarezca específicamente dónde estuvieron los errores”, ya que en el caso del Ministerio del Interior “hay jerarquías y hay mandos que deben tener respuestas inmediatas”. “Obviamente hay que ir a fondo sobre qué es lo que sucedió, porque hubo [errores], sin duda, y hubo un reconocimiento de ello”, afirmó.
En su comparecencia las autoridades del INAU catalogaron como un punto de “vital importancia” mejorar la comunicación de las instituciones a través de los sistemas de información. En ese sentido, Antúnez sostuvo que “tiene que haber un sistema de información coordinado”, porque “si no se disparan las alertas, las intervenciones son fragmentadas”.
“Los equipos que abordan estas situaciones se ven desbordados porque no encuentran las respuestas en los lugares donde las tienen que encontrar”, señaló, y apuntó que “este es un aspecto central que hay que abordar”.
Valverde “admitió que hubo fallas muy importantes del Ministerio del Interior”, según Schipani
La convocatoria a las autoridades del Ministerio del Interior fue realizada por los diputados colorados Felipe Schipani y Conrado Rodríguez. En una rueda de prensa Schipani dijo que Valverde “admitió que hubo fallas muy importantes del Ministerio del Interior”. “Hubo una investigación cuando se dio esta situación del asesinato de Jonathan Correa y, a partir de esa investigación, hoy hay sumarios a funcionarios policiales”, comentó.
El diputado colorado dijo que Valverde “confirmó lo que había trascendido de que había habido un problema de error en la comunicación” entre “lo que la jueza le comunica al funcionario policial y lo que el funcionario policial transmite”. Asimismo, señaló que Valverde “puso en evidencia otro error muy grave”, que es que cuando la subdirectora de la UTU hizo la denuncia sobre la situación de Jonathan, a quien le encontraron moretones en el cuerpo, “se ingresa dentro del sistema el tema como una situación de averiguación de situación, que es lo que se establece cuando hay que indagar sobre un hecho”, pero “no se pone, como se debería haber puesto, que es situación de violencia doméstica”. Schipani sostuvo que todo esto configura “una cadena de errores que hicieron que quienes tenían que intervenir, en este caso el INAU, no lo hicieran”.
Al igual que Antúnez y las autoridades del INAU, Schipani resaltó que “no existe un sistema de información interinstitucional”, por lo que, “cuando se hace una denuncia en la comisaría, quien recibe esa denuncia no puede acceder al historial de esa situación, de ese menor, de ese niño”. “Entonces es muy difícil poder abordar el tema de la protección de las infancias y las adolescencias si no tenemos la información, y hoy el Estado no tiene la información”, manifestó.