Milton Romani, exembajador uruguayo ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) y exsecretario general de la Junta Nacional de Drogas (JND), renunció al grupo de expertos independientes de la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas (CND, por sus siglas en inglés). Romani había sido seleccionado para integrar este espacio a principios de este año.
En una carta dirigida al prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, a la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Valeria Csukasi, y al secretario general de la JND, Gabriel Rossi, a la que tuvo acceso la diaria, Romani comunicó su renuncia, “una decisión personal que mucho lamento”.
En una entrevista con la diaria con motivo de su ratificación como integrante del grupo de expertos independientes, Romani había advertido que la función de este espacio nacía “cuestionada”, entre otras cosas, por los problemas de financiación.
En la misiva, Romani afirmó que “las condiciones de trabajo” impuestas por la CND “impiden un desempeño correcto de mi función en ese grupo”. En concreto, cuestionó “la falta de intérpretes y traductores”, algo que “lesiona gravemente uno de los principios fundamentales del multilateralismo, como lo es el multilenguaje”. En ese sentido, mencionó que, el pasado jueves, en la primera reunión virtual del grupo –integrado por 19 expertos– “no se incorporaron las herramientas de interpretación simultánea”.
“Se nos ha argumentado que el fondo de funcionamiento aportado por los estados no ha sido suficiente. El tema sigue siendo cuáles son las condiciones mínimas para asegurar los principios de multilateralismo y el interés político por asegurar el éxito de este panel”, expresó.
En el marco del grupo, Romani propuso una “declaración preliminar”, en la que se sugiere un posicionamiento con respecto a las violaciones al derecho internacional por parte de los estados miembros. En la carta, afirmó que su intención fue advertir que “se están violando gravemente el orden internacional, la Carta de la ONU y las convenciones internacionales de drogas y de derechos humanos”; por lo tanto, agregó, “parecería absurdo buscar y discutir recomendaciones para que el sistema internacional de fiscalización de drogas sea más eficaz”, cuando al mismo tiempo “se agrede flagrantemente todo este andamiaje”.