Los diputados de la Comisión de Hacienda se fijaron como “horizonte” el 6 de mayo para empezar a discutir el proyecto del ley del Frente Amplio (FA) para reestructurar deudas, limitar los intereses y prohibir las “prácticas abusivas” en el sistema crediticio. La iniciativa procura atender la situación de quienes “se ven afectados de forma dramática por los intereses, multas y recargos practicados por diferentes instituciones financieras”.

En la última sesión de la comisión, el miércoles, el diputado del Partido Nacional (PN) Pablo Abdala consultó si el proyecto era una prioridad para el oficialismo. “Tenemos telepatía o consonancia política con el diputado Abdala, porque antes de comenzar esta reunión le trasladé al presidente de la comisión [el diputado nacionalista Sebastián Andújar] que hoy iba a dejar una constancia sobre la voluntad política y la necesidad, a juicio de nuestra bancada, de tratar en mayo el proyecto”, expresó la diputada del FA Julieta Sierra, según consta en la versión taquigráfica.

Sierra dijo que ya hubo contactos con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para que el equipo económico comparezca ante la comisión. “Nuestra intención –entendiendo que esta es una cámara que no tiene mayorías, pero no solo por eso– es discutir este proyecto con la seriedad que amerita y también buscar los acuerdos para que en los puntos que tengamos en común lleguemos, en lo posible, a un consenso”, señaló.

La oposición llama a tener “cautela” en algunos aspectos

La iniciativa consta de 40 artículos; entre otras cosas, se establece que el interés por mora se aplicará solo a las operaciones de crédito vencidas e impagas, durante el período en el que se hayan producido los atrasos; también se dispone que se considerará usura cuando existan intereses cuya tasa implícita supere en más de 35% las tasas medias de interés publicadas por el Banco Central.

En diálogo con la diaria, Abdala dijo que en este tema “va a ser muy importante escuchar al MEF”, así como a “las empresas administradoras de crédito”. El diputado del PN sostuvo que es necesario “actuar con mucha cautela”. “Es muy fácil ponerse del lado de los débiles en lugar del lado de los fuertes. Pero en este caso yo creo que lo que tenemos que evitar es que, por ponernos del lado de los débiles, los terminemos de perjudicar definitivamente”, expresó.

Abdala advirtió que, si se avanza en “esquemas regulatorios de este tipo” –en referencia a los topes de los intereses–, existe el riesgo de “generar como efecto una restricción del crédito, particularmente en el segmento que más necesita el acceso al crédito para el consumo, que son las capas de ciudadanos y de trabajadores de extracción socioeconómica baja”.

“Las empresas [de crédito] han transmitido informalmente que cobrar tasas altas no necesariamente expresa un espíritu usurero o de ánimo de lucro, sino que en tal caso es el interés que tienen que cobrar para poder cubrir los costos y financiar esos créditos”, apuntó Abdala. En el caso contrario, agregó, “el efecto que se puede llegar a provocar es que las empresas que trabajan en la formalidad se retiren del mercado y dejen a un segmento muy importante de personas que no tienen facilidades para acceder al crédito cayendo en el mercado informal”.

A título personal, el diputado del Partido Colorado (PC) Conrado Rodríguez dijo a la diaria que “intentar bajar el endeudamiento de las personas de menores recursos” puede provocar que “luego el crédito al consumo se restrinja”. Por eso, resaltó la necesidad de “buscar los equilibrios” en torno a la iniciativa.

El proyecto del FA establece un sistema para la reestructuración de deudas para las personas con menor poder adquisitivo, a través de un proceso de conciliación entre los deudores y los acreedores, en el que, en última instancia, interviene la Justicia civil o de paz.

Para Rodríguez, la creación de este mecanismo “está bien”, si bien advirtió que la Unidad de Defensa del Consumidor del MEF, donde el deudor inicia el proceso de conciliación, “no tiene la suficiente estructura como para poder abordar miles de conciliaciones”.

De todas formas, aunque Rodríguez aclaró que el PC aún no tiene una postura definida, dijo que espera con “expectativa” el inicio de la discusión. “Hay que analizar las diferentes aristas del asunto para no tener otras problemáticas que se puedan llegar a dar”, expresó.