En su última memoria anual, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central del Uruguay (BCU) aportó detalles sobre los 1.080 reportes de operaciones sospechosas (ROS) que recibió durante 2025. La cifra representó un aumento del 12% respecto de 2024 y fue la más alta “desde que existe la obligación de reportar las operaciones inusuales”.
La tendencia viene en ascenso desde hace varios años. Entre 2021 y 2024 se registraron, respectivamente, 820, 853, 929 y 973 reportes e investigaciones de oficio.
La UIAF fue creada en diciembre de 2000 por una resolución del directorio del BCU y funciona en el ámbito de la Superintendencia de Servicios Financieros (SSF). La normativa obliga a distintas entidades de los sectores financiero y no financiero a reportar operaciones inusuales o sospechosas.
Durante 2025, el sector financiero presentó 973 reportes, un 11% más que el año anterior. La mayoría provino de bancos (765), emisores de dinero electrónico (118) e intermediarios de valores (22). Por su parte, el sector no financiero reportó 107 casos —27% más que en 2024—, principalmente desde escribanos (37), casinos (22) e inmobiliarias, promotores inmobiliarios y constructoras (15).
En términos acumulados, los bancos concentraron el 69,5% de las notificaciones. Además, entre 2021 y 2025 los sujetos obligados del sector financiero generaron casi el 92% de los reportes totales frente al 78% registrado entre 2016 y 2020.
El informe también señala que el peso relativo de los reportes del sector no financiero aumentó en los últimos años: pasó de representar el 4,8% del total en 2021 a casi el 10% en 2025. En el ámbito financiero, los mayores incrementos porcentuales se registraron entre intermediarios de valores, empresas de servicios financieros, casas de cambio y procesadores y adquirentes de medios de pago. En el sector no financiero, la UIAF indicó que “casi la totalidad” del aumento interanual se explicó por reportes vinculados al negocio inmobiliario.
La UIAF derivó ocho casos a la Justicia
La UIAF informó a las fiscalías sobre ocho casos en los que detectó “indicios de posibles vínculos con actividades delictivas”. Los expedientes incluían información correspondiente a 13 ROS y una investigación de oficio. La cifra marcó una caída respecto de los 12 casos remitidos en 2022 y 2024, los 17 de 2023 y los 22 de 2021.
Además, el organismo recibió 144 solicitudes de cooperación o asesoramiento de autoridades judiciales, un aumento interanual del 33% y el mayor nivel de los últimos años. A nivel local, colaboró “en la investigación de seis grupos de trabajo vinculados con casos de alta complejidad”. En el plano internacional, recibió 38 solicitudes de información de unidades de inteligencia financiera extranjeras y realizó cinco pedidos.
Durante el año, la UIAF también adoptó una resolución para impedir por 72 horas operaciones sospechosas de involucrar fondos presuntamente vinculados a delitos precedentes al lavado de activos. A partir de esa medida, inmovilizó preventivamente 160.000 dólares. El monto superó al bloqueado en 2022, aunque quedó por debajo de los más de 315.000 dólares inmovilizados en 2023 y de los más de 259.000 dólares de 2024.
En relación con el transporte transfronterizo de efectivo y metales preciosos, el organismo registró declaraciones de ingreso por 1.353 millones de dólares y de salida por 301 millones de dólares. En ambos casos predominó el dinero en efectivo. Los dólares representaron el 71% de los ingresos y el 81% de las salidas, seguidos por euros y pesos uruguayos.
Por otra parte, la Dirección Nacional de Aduanas reportó 12 casos de transporte de dinero o valores sin declaración adecuada por un equivalente a 450.687 dólares.
Los planes a futuro de la institución
La UIAF señaló además que participó regularmente en actividades de la Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, así como en mesas de trabajo vinculadas a la Estrategia Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación 2025-2030.
Asimismo, subrayó que “compareció en diversas oportunidades” durante la discusión de las modificaciones a la ley integral contra el lavado de activos y que continuó con el registro de titulares y beneficiarios finales de participaciones patrimoniales al portador como algunas sociedades anónimas. Actualmente, el registro alcanza a 88.344 entidades.
De cara a 2026, las prioridades del organismo estarán enfocadas en fortalecer la estructura administrativa de la UIAF, incorporar herramientas para mejorar el análisis operativo y estratégico y avanzar en la actualización tecnológica de la gestión de casos. También prevé profundizar las acciones de divulgación y capacitación.