A 15 días de la Marcha del Silencio, y en el mes de la memoria, la Cámara de Senadores aprobó este martes por unanimidad una declaración en la que convoca a aportar información sobre personas detenidas desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar. Se llama a “toda persona que cuente con información relevante” para la búsqueda a que la aporte de manera confidencial ante la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH).
“Esta acción forma parte de una política de Estado que expresa el firme compromiso del país con la justicia, la verdad y la reparación”, señala la declaración firmada por los tres partidos políticos presentes en el Senado, y añade que “la sociedad sigue reclamando respuestas y el Estado tiene el deber de atender esa deuda histórica”. El texto aprobado sostiene que “cada dato, por mínimo que parezca, puede ser clave para avanzar en el esclarecimiento de los hechos” y garantiza que la información puede ser brindada “de forma segura y confidencial”.
El senador frenteamplista Óscar Andrade mencionó la “deuda que la sociedad tiene respecto a los delitos de lesa humanidad” y destacó que “es importante para las organizaciones de derechos humanos que los diferentes poderes del Estado se pronuncien con claridad”. Remarcó asimismo que es “de enorme importancia que este pronunciamiento se haya logrado por consenso en este contexto”.
La senadora de su mismo partido Constanza Moreira llamó a “instar a la verdad siempre, de forma sistemática, continua”. El frenteamplista Nicolás Viera convocó al “nunca más terrorismo de Estado en Uruguay, nunca más peleas y luchas entre orientales”, y la presidenta de la cámara, la frenteamplista Carolina Cosse, felicitó al Senado por una declaración que “marca un deber ético y democrático de toda la ciudadanía”.
Por su parte, la senadora nacionalista Graciela Bianchi aseguró que todos los partidos están de acuerdo en que “se resuelva esta situación gravísima, esta deuda que el país tiene con su propia historia reciente”. “Nosotros lo que queremos es ubicar esta problemática, esta situación, esta herida que tiene Uruguay y gran parte de América Latina, en el lugar justo y adecuado. Tiene que haber verdad total, no parcial, memoria total, no parcial, y no desconocimiento de las normas de derecho internacional y de derecho nacional que nos rigen”, agregó. Comentó, sin dar mayores detalles, que si bien “hay acciones contradictorias y algunas utilizaciones políticas”, “ojalá” esta declaración “tenga resultados”.
El senador colorado Pedro Bordaberry también fundamentó su voto. Aseguró que en su historia reciente el país ha dado pasos para abordar este tema. Mencionó, por ejemplo, “el cambio en paz, esa obra maestra jurídico-constitucional-política que tuvo como artífice a Julio María Sanguinetti, con el Pacto del Club Naval con el general (Liber) Seregni y después con Wilson (Ferreira Aldunate) con (la votación de) la ley de caducidad”. Mencionó acciones y discursos que realizaron otros expresidentes: recordó que Luis Lacalle Herrera “sostuvo que el país debe saber qué ocurrió pero también saber que no puede vivir mirando hacia atrás”, que Jorge Batlle propuso crear la Comisión para la Paz, que Tabaré Vázquez “nos llamó a todos los orientales a la plaza Independencia al nunca más”, y que José Mujica “dijo que la sociedad tiene un debe con las familias de los desaparecidos” y también que no deseaba que “un viejo de 80 años se muera en la cárcel”.
“Creo que ha llegado el momento de que nos unamos todos para solucionar este drama, saber qué pasó con los familiares, para hacer el duelo, que es un derecho humano”, concluyó Bordaberry, y llamó a “encontrar los caminos de unidad y de no enfrentamiento”.
Andrés Ojeda, senador colorado, enfatizó, por su parte, que “cualquier ser humano” tiene “el derecho básico a saber qué pasó con sus seres queridos” y destacó que “todos los partidos han mostrado la voluntad política de avanzar en el camino de la verdad”, lo que “se ha vuelto una política de Estado en Uruguay”.