La decisión del intendente de Salto, Carlos Albisu, de designar al edil Eduardo Varela Minutti como representante de la oposición en la comisión de seguimiento del fideicomiso por hasta 60 millones de dólares generó cuestionamientos del Frente Amplio. Varela Minutti había votado a favor del endeudamiento, luego se declaró edil independiente y finalmente renunció al Frente Amplio.
El edil del Partido Socialista, Juan Pablo Rocca, manifestó a la diaria su indignación por una decisión que, a su entender, desconoce la representación política otorgada por la ciudadanía y afecta los mecanismos institucionales de contralor. “La primera sensación es de indignación, porque el Frente Amplio, que tiene representación en la Junta Departamental junto con la Coalición Republicana, son las dos fuerzas políticas representativas que la población eligió”, señaló.
Para Rocca, tanto el intendente como el presidente de la Junta Departamental “desconocieron esa decisión ciudadana al no garantizar la participación del Frente Amplio en una comisión creada para controlar la utilización de los recursos”.
El edil sostuvo que la situación trasciende una diferencia política y constituye un problema institucional. Cuestionó que nadie se comunicara con el coordinador de la bancada frenteamplista ni con el presidente de esa fuerza para acordar su representación. “En ningún momento hubo una intención de contactarse”, afirmó.
Uno de los principales cuestionamientos de Rocca apunta a que los integrantes de la comisión respaldaron el endeudamiento. A su entender, “el control pierde garantías cuando no existe una voz que pueda plantear objeciones o advertir sobre eventuales irregularidades. Es contradictorio creer que va a haber una transparencia del controlador cuando todos están a favor. La gracia es justamente para estas situaciones que haya por lo menos una voz disidente que dé garantías”, expresó.
El edil aclaró que no está acusando a nadie de pretender utilizar indebidamente el dinero. Su preocupación se centra en “la necesidad de contar con una representación capaz de examinar la ejecución de los fondos, plantear discrepancias y comunicar públicamente la información”.
En ese sentido, destacó el papel de los ediles frenteamplistas durante el proceso. “Hasta ahora, todo el proceso del fideicomiso, la información que ha salido pública, ha sido porque los ediles del Frente Amplio lo hemos hecho público”.
Rocca sostuvo que el Ejecutivo respondió a medida que esos asuntos se instalaban en la opinión pública y consideró que la participación opositora contribuyó a transparentar el procedimiento.
El Frente Amplio reclama revisar la decisión
Tras expresar sus cuestionamientos públicamente, Rocca respaldó la declaración de la bancada de ediles del Frente Amplio que surgió anoche, que condenó la exclusión de la fuerza política de la comisión. “Coincidimos plenamente en que la situación que se da es grave, se desconoce la representación que tiene el Frente Amplio de la población de Salto, se desconoce lo que son los procesos de contralor”, manifestó.
El edil consideró que “el intendente todavía puede revisar la decisión e incorporar a un representante frenteamplista; hacerlo permitiría corregir una situación que afecta el relacionamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo departamental”.
Si el gobierno mantiene su postura, advirtió que la oposición recurrirá a los mecanismos disponibles. “Tenemos las herramientas constitucionales que nos da esta potestad como edil y las usaremos todas para transparentar y hacer seguimiento”, afirmó.
En ese sentido, recordó a nuestro medio que “la Comisión de Hacienda y Presupuesto será uno de los ámbitos centrales para exigir información y analizar la ejecución de los fondos”. También mencionó “la posibilidad de recurrir al llamado a sala y a otras herramientas constitucionales”. Sin embargo, insistió en que “la controversia no se limita a los instrumentos de contralor disponibles, sino al reconocimiento de la representación política del Frente Amplio”.
A su entender, “la exclusión puede sentar un precedente negativo para el funcionamiento institucional del gobierno departamental y su vínculo con el órgano legislativo”.
El edil socialista también cuestionó al presidente de la Junta Departamental, porque no se habría presentado al plenario una resolución para discutir y avalar los nombres de quienes representarían al organismo en comisiones e instituciones.
Recordó que, al asumir la presidencia, se había anunciado el compromiso de garantizar que la oposición pudiera ejercer su representación sin ser desplazada. “La Junta Departamental tiene que avalar esos nombres”, afirmó.
Como antecedente, mencionó “la comisión que estudió las grandes deudas por contribución inmobiliaria durante el período anterior”. Según recordó, “sus representantes fueron avalados por la Junta, participaron del proceso y posteriormente presentaron un informe ante el plenario”. Rocca reclamó “que se respete ese procedimiento y que la presidencia presente la resolución correspondiente para permitir la discusión de las designaciones”.
La controversia, por tanto, no se circunscribe al nombramiento de Eduardo Varela Minutti. Para el Frente Amplio, está en juego el reconocimiento de su representación política y su participación en el control de un endeudamiento de 60 millones de dólares, cuyo pago se extenderá durante un plazo de 20 años.
