La creación de un centro de rehabilitación destinado a personas con consumo problemático de drogas comenzó a tomar forma en Salto en 2021, a partir de una iniciativa impulsada por la entonces edil del Partido Colorado Carmen Ortiz.
El proyecto fue denominado “Alas” y surgió como respuesta a una preocupación que desde hacía tiempo atravesaba a numerosas familias salteñas: la falta de un espacio de internación y rehabilitación en el departamento para personas que necesitan tratamiento por consumo problemático de sustancias.
El proyecto comenzó a ser tratado en la Junta Departamental de Salto en 2021, y la propuesta apuntaba a crear un centro que permitiera atender a personas con problemas de adicción y brindarles una alternativa de recuperación dentro del propio departamento.
Durante ese año, el grupo de trabajo que acompañaba la iniciativa comenzó a realizar gestiones para avanzar hacia la concreción del centro. En diciembre, los impulsores evaluaban positivamente el trabajo realizado durante los primeros meses, pese a las dificultades generadas por la pandemia.
En ese momento, Carmen Ortiz planteaba que la necesidad de un centro de estas características era evidente y que la respuesta debía involucrar a distintas instituciones. La impulsora señalaba que el combate al tráfico de drogas debía estar acompañado por herramientas para recuperar a las personas que padecen consumo problemático.
La propuesta no estaba pensada exclusivamente para adolescentes; aunque inicialmente se hacía especial énfasis en los jóvenes, Ortiz advertía que el consumo problemático también afectaba a personas adultas, incluso trabajadores, padres y madres de familia.
Por entonces el proyecto ya había avanzado en aspectos técnicos. Se habían mantenido contactos con una empresa constructora, un arquitecto y un ingeniero agrimensor, y se analizaban las características que debía tener una construcción destinada a alojar personas en proceso de rehabilitación.
Pero el entusiasmo inicial dio paso a una serie de obstáculos administrativos: en noviembre de 2022 la construcción no había podido comenzar debido a demoras vinculadas a la obtención de la personería jurídica.
La documentación era considerada indispensable para continuar con buena parte de los trámites necesarios para habilitar el centro y para canalizar apoyos económicos e institucionales. En aquel momento se esperaba que la personería jurídica pudiera quedar pronta en febrero de 2023.
El lugar pensado para el proyecto se encontraba en las inmediaciones de la seccional 3 de la Policía. Ortiz había señalado meses antes que el objetivo era comenzar las obras y que se estaba trabajando en la búsqueda de empresarios e instituciones dispuestos a realizar aportes económicos.
También existía un respaldo desde la Jefatura de Policía de Salto; el entonces jefe Carlos Ayuto había tomado contacto con los impulsores y realizaba un seguimiento del proyecto.
La propuesta contemplaba instalar el centro en un predio de aproximadamente seis hectáreas sobre avenida Pascual Harriague, con una población objetivo inicialmente definida entre los 15 y los 25 años.
Para entonces, el proyecto ya había sido aprobado por el Plenario de la Junta Departamental como iniciativa de interés departamental. Sin embargo, continuaba enfrentando dificultades para obtener los recursos necesarios para su concreción.
La estrategia de sus impulsores consistía en construir una red de apoyos, y se habían establecido contactos con instituciones y organizaciones de otros departamentos, además de fundaciones interesadas en colaborar.
En 2021 se hablaba de iniciar la construcción al año siguiente. En 2022 los trámites administrativos habían frenado el proceso. Y en 2023 la iniciativa continuaba dependiendo de la obtención de recursos y de la formalización jurídica.
Esto convirtió al proyecto en una iniciativa de largo recorrido, sostenida durante varios años por sus impulsores y por sectores de la sociedad salteña, pero que debió atravesar sucesivos obstáculos antes de llegar a una nueva etapa.
La reactivación del proyecto en 2025
La propuesta volvió a cobrar fuerza en septiembre de 2025, ya que, después de varios años de gestiones, existían avances concretos para analizar la puesta en marcha del proyecto.
Uno de los cambios más importantes fue la definición del predio perteneciente al Ministerio del Interior, ubicado sobre Pascual Harriague, próximo a la Seccional Tercera. La posibilidad planteada era que el inmueble fuera cedido mediante un contrato de comodato.
El jefe de Policía de Salto, comisario general retirado Fabián Severo, había solicitado la presencia del arquitecto Jorge Pereira Núñez para evaluar las condiciones técnicas y edilicias del lugar. El objetivo era determinar de qué manera podía compatibilizarse el proyecto con el uso que actualmente tenía parte del predio, destinado al depósito de vehículos incautados.
De acuerdo con lo informado, el análisis técnico concluyó que no existirían mayores inconvenientes para desarrollar allí el proyecto.
En esta nueva etapa apareció nuevamente uno de los puntos que había condicionado el desarrollo del proyecto desde sus comienzos: la obtención de la personería jurídica.
La formalización de la organización permitiría, entre otras cosas, canalizar los compromisos de apoyo de distintas instituciones y organizaciones que habían manifestado su disposición a colaborar pero que hasta entonces no habían podido concretar esos aportes.
De esta manera, el proyecto comenzó a transitar una etapa diferente: ya no solamente se trataba de plantear la necesidad de un centro de rehabilitación, sino de resolver las condiciones jurídicas, edilicias y financieras que permitieran hacerlo realidad.
La propuesta, que fue difundida en 2025, amplió la mirada sobre el objetivo del centro, el proyecto contempla un espacio de internación mixta, destinado tanto a varones como a mujeres, y una atención que no se limitaría al tratamiento médico y psicológico.
La iniciativa prevé además talleres vinculados a distintos oficios, entre ellos gastronomía, peluquería y huerta. La intención es que quienes atraviesen un proceso de rehabilitación puedan adquirir herramientas que faciliten su posterior reinserción social y laboral.
La idea parte de una preocupación expresada por los impulsores: que una persona pueda completar un tratamiento pero, al regresar a su entorno, no encuentre herramientas para sostener un proyecto de vida diferente. Por eso, la capacitación laboral aparece incorporada como parte de la propuesta.
Una paso fundamental
Después de varios años de gestiones, el centro de rehabilitación Alas dio un paso clave para su concreción: en las últimas horas logró obtener la personería jurídica, un trámite que había sido uno de los principales obstáculos para avanzar con la iniciativa.
En diálogo con la diaria, Carmen Ortiz, la impulsora del proyecto, destacó la importancia de la noticia y manifestó su expectativa de que el centro pueda convertirse próximamente en una realidad. “Es una muy buena noticia para Salto y para todas aquellas personas que tienen un consumo problemático, pero también para sus familias”, señaló.
Con la personería jurídica obtenida, el proyecto ingresará ahora a la Junta Departamental de Salto, donde se prevé que los ediles analicen y trabajen la iniciativa para posteriormente elevarla al Parlamento para su consideración.
Para quienes han impulsado el proyecto desde sus comienzos, este nuevo paso representa algo más que la culminación de un trámite administrativo: es la posibilidad de avanzar hacia la creación de un espacio de rehabilitación que, desde hace años, se plantea como una necesidad para Salto y para las familias que buscan alternativas de tratamiento frente al consumo problemático.
Más que la historia de un edificio, Alas representa una discusión que Salto viene sosteniendo desde hace años: qué respuestas existen para las personas que atraviesan situaciones de consumo problemático y qué alternativas de tratamiento y rehabilitación están disponibles dentro del propio departamento.
El proyecto nació precisamente alrededor de esa carencia. Su objetivo declarado ha sido ofrecer una respuesta de internación y rehabilitación, pero también generar condiciones para que quienes atraviesen el tratamiento puedan recuperar vínculos, adquirir herramientas laborales y construir una alternativa de vida después del consumo.
