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Gerardo Núñez (archivo, noviembre de 2016).

Foto: Pablo Vignali

Diputados del FA presentaron otro proyecto para reemplazar la ley de diabéticos de 1971

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La iniciativa tiene semejanzas y diferencias con la respaldada por la Fundación Diabetes y la oposición.

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La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados está estudiando dos proyectos para modificar la Ley 14.032, “Adopción de medidas sanitarias sociales y laborales para diabéticos”, vigente desde 1971. El primero de los proyectos fue elaborado por la Fundación Diabetes Uruguay (FDU) y contó con la firma de diputados de la oposición –partidos Nacional, Colorado, Independiente y de la Gente–, que lo presentaron a fines de mayo. Los diputados del Frente Amplio (FA) quedaron en redactar un texto alternativo, en consulta con el Ministerio de Salud Pública (MSP); en él trabajaron Gerardo Núñez (Partido Comunista), Roberto Chiazzaro (Partido Socialista) y Luis Enrique Gallo (Asamblea Uruguay), y lo presentaron el 29 de junio. En diálogo con la diaria, Núñez comentó que estiman que se empezaría a tratar el tema a comienzos de agosto, para lo cual se consultará a diferentes colectivos.

Proyecto de FDU

La Ley 14.032 y su reglamentación establecen que hay trabajos que no son aptos para diabéticos, entre ellos la conducción de vehículos de transporte colectivo y de aviones, e integrar las Fuerzas Armadas, la Policía y el Cuerpo de Bomberos; ese es uno de los principales motivos por los que la FDU insiste en cambiar la norma, entendiendo que, más que proteger, discrimina. El proyecto de la organización actualiza componentes de la atención sanitaria y propone que los servicios de diabetes de las instituciones de salud cuenten con un equipo interdisciplinario “integrado por diabetólogo, endocrinólogo, nutricionista, licenciado en enfermería, auxiliar de enfermería, licenciado en psicología, médico deportólogo, podólogo, licenciado en trabajo social, educador en diabetes y toda otra especialidad que se entienda pertinente”. Plantea que las personas con diabetes tienen derecho a que se consideren, durante la jornada laboral, sus necesidades de tratamiento (alimentación, control, medicación). La Ley 14.032 preveía que el Instituto Nacional de Alimentación (INDA) habilitara en sus comedores “sectores para personas diabéticas con dietas especiales”, y el texto de la FDU propone que en lugar de sectores haya “alimentación especial evaluada por especialistas”. Pide que las personas privadas de libertad tengan acceso a los elementos necesarios para el tratamiento y autocontrol de la enfermedad, así como la alimentación adecuada. Propone, además, que el Poder Ejecutivo implemente mecanismos para la exoneración de impuestos a los insumos y elementos que necesitan los diabéticos –insulina, jeringas, tiras reactivas para control de glucemia–, así como la deducción de impuestos para contribuyentes que destinen recursos al desarrollo de programas de prevención, investigación y atención.

Proyecto oficialista

El texto de los diputados del FA propone derogar la Ley 14.032 y tiene varios puntos de coincidencia con el proyecto de la FDU, entre ellos la garantía del acceso a la atención sanitaria y a tratamientos. Plantea que la diabetes por sí sola no constituye una causa de inhabilitación para el desempeño de tareas, y que el médico tratante de una persona diabética debe emitir un comprobante de su aptitud laboral, dejando constancia de que está en tratamiento, a fin de prevenir daños para su salud o para terceros. Señala que las instituciones del Sistema Nacional Integrado de Salud deben contar en el primer nivel de atención (policlínicas) con equipos interdisciplinarios que hagan promoción en salud y prevención de factores de riesgo, y que serán estos los que aborden integralmente la salud de las personas con diabetes. A diferencia del texto de la FDU, el del FA no describe la composición de los equipos interdisciplinarios. Núñez comentó que hay disciplinas que son necesarias para el abordaje de la diabetes tipo 1, que es menos común y más severa que la tipo 2, pero no para todos los diabéticos. De manera similar al de la FDU, el proyecto propone que se contemple la alimentación saludable de personas en situación de vulnerabilidad social y económica (Instituto Nacional de Alimentación) o privadas de libertad (Instituto Nacional de Rehabilitación). No plantea exoneraciones impositivas: Núñez explicó que excluyeron esto porque requiere iniciativa del Poder Ejecutivo.

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