El viernes asumieron los integrantes de la Comisión Nacional de Contralor de la Atención en Salud Mental, órgano creado por la Ley de Salud Mental, con el cometido de controlar el cumplimiento de la ley y el resguardo del ejercicio de los derechos de las personas con problemáticas mentales, así como supervisar las condiciones de hospitalización. Le compete, también, controlar las hospitalizaciones prolongadas (superiores a 45 días) e involuntarias, recibir y dar trámite a las denuncias, pedir la intervención de organismos estatales cuando corresponda y hacer recomendaciones al Ministerio de Salud Pública (MSP), organismo del que depende.
Su director será el psiquiatra Ángel Valmaggia, quien en el acto de asunción valoró los avances que representa esta ley con respecto a las de 1936 (Salud Mental) y 1948 (Ley del Psicópata), que fueron aprobadas “según los elementos culturales y científicos de la época, en la que no existían tratamientos específicos”, y que planteaban un modelo de atención centrado en la enfermedad y el aislamiento. En cambio, el jerarca destacó que la nueva ley apuesta a la promoción de la salud mental, a la prevención y a la rehabilitación “con un modelo de abordaje interdisciplinario, con responsabilidades interinstitucionales y con una forma de trabajo centrada en la comunidad, con una red de cuidados que actúe de forma coordinada” y favorezca “las condiciones de vida que mejoran la salud, la vivienda, la educación, el deporte, la inserción laboral”.
Giovanni Escalante, representante de la Organización Panamericana de la Salud en Uruguay, valoró también lo que representa la nueva ley: “Somos firmes convencidos de que a través de la salud mental comunitaria se permite que la persona se logre rehabilitar rápidamente, o a veces progresivamente, y se crea un conjunto de dispositivos a manera de una red integral de servicios de salud”, dijo.
La desmanicomialización es uno de los desafíos más grandes que propone la ley: en 2025 no deberán existir más hospitales ni sanatorios psiquiátricos, ni tampoco asilos. El ministro de Salud, Jorge Basso, prometió que la cartera no tomará “ninguna decisión” que vaya contra las nuevas pautas de salud mental, y remarcó que las mejoras edilicias que hagan las instituciones de salud “tienen que prever un área de internación en sus instituciones para pacientes que requieren internación, porque no vamos a seguir instalando estructuras monovalentes”. Para sustituir los asilos, Basso dijo que se está trabajando en la elaboración de dispositivos alternativos, como hogares de medio camino. El ministro anunció también que se buscará que las instituciones de salud tengan una actitud “proactiva” en el seguimiento de pacientes que consultaron por algún problema de salud mental, para evitar las discontinuidades de los tratamientos; aclaró que ese seguimiento será tarea de todo el equipo de salud, no sólo de psiquiatras y psicólogos.
Integrantes de la Comisión
•• MSP: Ángel Valmaggia y Rodolfo Becerra.
•• Facultad de Medicina: Sandra
Romano (titular) y Gabriela Garrido (alterna)
•• Facultad de Psicología: Adriana Cristóforo (titular) y Robert Pérez (alterno).
•• Facultad de Derecho: Luz Calvo (titular) y Beatriz Ramos (alterna).
•• Trabajadores de la salud mental: Mariela Pérez (titular) y Mónica Coore (alterna).
•• Sociedades científicas: María Alcira Frontini (titular) y Jorge Romero (alterno).
•• Usuarios: Virginia Wallace (titular) yMónica Antelo (alterno).
•• Familiares: Hugo Achugar (titular) y Mariel Forestier (alterna).
•• Las organizaciones de la sociedad civil quedaron en definir sus representantes.