El hecho de que un profesional tenga acceso a la historia clínica electrónica del paciente da mayores garantías a la hora de atenderlo, porque puede consultar el registro de patologías, tratamientos y estudios previos, para así hacer una mejor indicación. A eso apunta la Historia Clínica Electrónica Nacional (HCEN), una plataforma de intercambio de información clínica en la que comenzó a trabajar el gobierno uruguayo en 2012, con el fin de instalarla completamente en 2020. Cuando esté, la historia clínica que cada uno tiene en su prestador de salud podrá ser consultada por un profesional de otro prestador de cualquier punto del país (por ejemplo, en el marco de la ley de urgencia y emergencia), de un instituto de medicina altamente especializado o de una emergencia móvil.
Ayer se cumplió una de las etapas previstas en el plan de adopción de la HCEN: los 14 prestadores del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) que cuentan con más de 50.000 usuarios tuvieron un encuentro para hacer la validación técnica y estratégica de la plataforma. Al término del encuentro, el ministro de Salud Pública, Jorge Basso, resumió que en la reunión “se puso a prueba si se podían obtener informaciones de las distintas instituciones del mismo usuario”.
Los 14 prestadores son la Administración de los Servicios de Salud del Estado, Médica Uruguaya, Casmu, Asociación Española, Cudam, Círculo Católico, SMI, Universal, Cosem, Hospital Evangélico, Asistencial Médica de Maldonado, Comeca (Canelones), Sociedad Médico Quirúrgica de Salto y Comepa (Paysandú). Entre todos, tienen más de 2.500.000 usuarios. En etapas siguientes ingresarán las emergencias médicas móviles (primero las de mayor número de afiliados), prestadores parciales de salud, el resto de prestadores integrales (los que tengan menos de 50.000 afiliados), institutos de medicina altamente especializada, y los servicios públicos (como el Hospital de Clínicas, el Banco de Seguros del Estado, el Hospital Militar y el Hospital Policial). En total, son 107 organizaciones de salud.
Una de las peculiaridades del SNIS uruguayo es que las personas pueden atenderse en diferentes instituciones; a eso apuntan las estrategias de complementación que se están desarrollando. Basso puso el ejemplo de las 27.000 consultas que se han atendido desde julio de 2018 en otras instituciones de salud en el marco de la ley de urgencia y emergencia, que permite asistirse en esas situaciones en otros prestadores fuera del departamento en el que reside la persona.
El ministro reconoció que se trata de “datos sensibles”, y aclaró que la interoperabilidad se hace “con estándares de seguridad internacionales” y que “hay garantías de confidencialidad de los datos”. De todos modos, si alguien no quiere que otras instituciones de salud accedan a su historia clínica puede solicitarlo, tal como lo establece el artículo 192 de la Ley de Rendición de Cuentas aprobada en 2018, que consigna: “Los usuarios del sistema de salud podrán optar por no autorizar el acceso por prestadores de salud públicos o privados a su información clínica, a través de la plataforma de Historia Clínica Electrónica Nacional, salvo las excepciones legalmente consagradas”, y aclara que esa opción “será revocable en cualquier momento”. Quien opte por no autorizar el acceso a su información (o autorice sólo el intercambio entre su prestador y su emergencia móvil, por ejemplo) deberá ingresar a Mi Perfil en el sitio de la Agencia del Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC). La Ley de Rendición de Cuentas establece, también, que “la historia clínica es propiedad del paciente” y que sólo podrán acceder a ella “los responsables de la atención médica y el personal administrativo vinculado con estos, el paciente o en su caso la familia y el Ministerio de Salud Pública [MSP] cuando lo considere pertinente”. En ese sentido, aclara que “podrá ser solicitada directamente al prestador de salud por el Ministerio Público cuando se trate de la historia clínica de una víctima de un delito cuya investigación tenga bajo su dirección, siempre que recabe previamente el consentimiento de aquella o, en su caso de la familia, y a los solos efectos de la acción penal”.
Además de permitir el intercambio de información, la HCEN busca unificar los datos clínicos de los usuarios, y le servirá también al MSP en tanto organismo rector de la salud.
Financiamiento
La HCEN es implementada por Salud.uy, una iniciativa de Presidencia de la República, el MSP, el Ministerio de Economía y Finanzas y la AGESIC. Comenzó a diseñarse en 2012 y se apoya en un préstamo de 18.000.000 dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que es volcado en tres entregas (en 2013 fue la primera y ahora está en curso la segunda), con un aporte de un millón de dólares del gobierno nacional en cada entrega (3.000.000 en total). Según consta en el sitio web del BID, la conectividad de los servidores de todos los hospitales y las licencias de implementación del software GeoSalud fue desarrollada por la empresa uruguaya Geocom.