A 40 años de la Declaración de Alma-Ata (Kazajistán), en la que los países propusieron alcanzar una atención primaria de salud de calidad, “se puede afirmar que no se ha logrado la meta de salud para todos”, asegura la Comisión de Alto Nivel que se formó para trabajar sobre “salud universal en el siglo XXI” a pedido de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). En un informe presentado el 7 de abril en México, los expertos que conforman la Comisión de Alto Nivel subrayan que “a pesar de las mejoras en las condiciones de salud de la población, y en la cobertura en salud, los avances en la equidad en salud son limitados”. Como resultado de su trabajo, la comisión ofrece diez recomendaciones para la directora de la OPS, Carissa Etienne, que le permitirían hacer efectivo el derecho a la salud; estas sugerencias giran en torno a tres ejes: los modelos de atención con intervenciones intersectoriales, los procesos políticos e institucionales, y los recursos.
La comisión está conformada por 18 especialistas de varios países de la región de las Américas, incluido Uruguay, que fue representado por Daniel Olesker, ex ministro de Salud Pública y de Desarrollo Social, y Mario Mujica, ex representante de los trabajadores de la Junta Nacional de Salud e integrante de la Federación Uruguaya de la Salud; junto a ellos trabajaron representantes de la comunidad, la academia y actores políticos del continente.
El primer eje del informe trata sobre los modelos de atención basados en las personas y las comunidades con intervenciones intersectoriales, y se expresa que el Estado tiene la capacidad de generar políticas para satisfacer las necesidades de la población. Recomiendan crear modelos de atención “sensibles a la diversidad”. Entienden que es necesario que cada país cree modelos de atención primaria de salud que tengan como punto de partida las necesidades específicas de cada población, porque “no existe una receta única, ni un abordaje técnico único que sea replicable”.
Atención primaria de salud
Tal como la define la Organización Mundial de la Salud, “es la asistencia sanitaria esencial accesible a todos los individuos y familias de la comunidad a través de medios aceptables para ellos, con su plena participación y a un costo asequible para la comunidad y el país”.
El segundo eje tiene que ver con los procesos políticos e institucionales para cambiar los sistemas de salud y protección social. En este eje las recomendaciones marcan que “se deberían superar ciertas limitaciones asociadas con la duración y la complejidad de economía política que explican algunas dificultades para lograr avances significativos”, y que “la inestabilidad política de los gobiernos” es una limitación a ser abordada. En este eje también indicaron que, a pesar de que las reformas de los sistemas de salud incluyan normas regulatorias, es necesario que el Estado desarrolle capacidades para fiscalizar el cumplimiento de esas normas, especialmente en el sector privado. Además, sugieren que las políticas para llegar al cambio deberían fortalecerse a través de instancias supranacionales, y para eso la OPS debe “continuar liderando una agenda regional”.
El tercer eje trabaja sobre los recursos fundamentales. Una de las recomendaciones es incentivar los acuerdos institucionales para asegurar la disponibilidad, porque “sin recursos humanos, tecnológicos y financieros suficientes, las políticas de transformación de los sistemas de salud y de protección social son expresiones sin respaldo”. Entienden que estos recursos son la manifestación de la voluntad del Estado para concretar el derecho a la salud. También recomiendan fortalecer mecanismos nacionales y supranacionales de rendición de cuentas y transparencia, que habiliten la participación social efectiva.
Recomendaciones
- Asegurar un modelo institucional del Estado que permita cumplir con su responsabilidad ineludible de garantizar el derecho a la salud en el marco de los derechos humanos.
2. Desarrollar modelos de atención basados en la atención primaria de salud (APS), centrados en las personas y las comunidades, considerando la diversidad humana, la interculturalidad y la etnicidad.
3. Generar mecanismos de participación social real, profunda, inclusiva y accesible, con perspectiva de diversidad (intercultural y funcional) para garantizar el ejercicio pleno del derecho a la salud.
4. Generar mecanismos de regulación y fiscalización del sector privado para alinearlo con el objetivo de garantizar el derecho a la salud.
5. Eliminar las barreras de acceso a la salud universal.
6. Abordar los procesos de determinación social a través de intervenciones intersectoriales de salud que promuevan cambios sustantivos sobre las condiciones ambientales, sociales, económicas, de vivienda e infraestructura básica de una población en un territorio.
7. Reposicionar la salud pública como un eje orientador de la respuesta del Estado para la transformación de los sistemas de salud.
8. Valorar los recursos humanos como sujetos protagonistas de la construcción y consolidación de modelos de atención basados en la APS.
9. Promover la utilización racional y la innovación de los recursos tecnológicos al servicio de las necesidades de salud de la población.
10. Desarrollar un modelo de financiamiento que asegure la suficiencia, la calidad, la equidad, la eficiencia y la sostenibilidad.
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