Una tras otra llegan las personas a algunas instituciones de salud [para cambiarse desde que el sábado abrió el corralito mutual] (https://salud.ladiaria.com.uy/articulo/2020/2/despues-de-dos-anos-de-estar-cerrado-este-sabado-abrio-el-corralito-mutual/). Muchos esperan su turno. Luego empieza el proceso que corrobora su identificación mediante una cámara digital y un lector de huellas dactilares. Ese proceso puede demorar algunos minutos, porque la huella difiere de la que tiene registrada la Dirección Nacional de Identificación Civil (DNIC) y la persona tiene que colocar otro dedo, y si tampoco se logra, se recurre a la foto de la DNIC. La persona tiene que completar un formulario en el que explicite de qué institución era socia y firmarlo; tiene que firmar, también, la declaración jurada en la que consta que hace el cambio por su propia decisión y que no recibió dinero ni ventaja de ningún tipo, y el consentimiento para que la institución de la que se desafilia le entregue a la nueva su historia clínica completa. Hay 600 computadoras en todo el país registradas para hacer los cambios.
El sistema informático en el que se hacen los cambios –denominado Movilidad Regulada (More)– presentó algunas dificultades el sábado. “Tuvimos un enlentecimiento debido a que algunos parámetros no estaban debidamente ajustados”, explicó este lunes en diálogo con la prensa Arturo Echevarría, presidente de la Junta Nacional de Salud. Esas fallas se superaron, y sólo en la mañana de ayer hubo 3.500 cambios. En total, hasta la tarde de este lunes se habían cambiado de institución 7.000 personas.
A raíz de esas dificultades, diez mutualistas nucleadas en la Cámara de Instituciones y Empresas de Salud (Hospital Evangélico, Círculo Católico, Cosem, CASMU, Comeri y Crame-Sanatorio Mautone), el Plenario de Mutualistas (SMI-Impasa, Universal y Cudam) y la Médica Uruguaya expresaron el domingo, en un comunicado, su disconformidad con el sistema More y anunciaron que este martes se reunirán para evaluar cómo continuar, y anunciaron que no descartaban solicitarle al Ministerio de Salud Pública (MSP) que extendieran diez o 15 días el plazo de vigencia de la movilidad regulada, que es del 1º al 28 de febrero. “Es muy pronto para hablar de extensión del plazo dado que estamos en el primer día hábil. No vamos a evaluar todavía el pedido, veremos cómo va a lo largo del mes”, respondió Echevarría a la prensa, pero además acotó que “no sería conveniente pensar que nosotros lo podríamos hacer”, ya que el gobierno cambia el 1º de marzo.
Voceros de mutualistas consultados por la diaria coincidieron en que el sistema funcionó bien durante el domingo y el lunes. De todos modos, este martes volverán a reunirse las diez mutualistas que emitieron el comunicado para evaluar la situación.
Según Echevarría, el trámite demora entre cinco y siete minutos, pero en la recorrida hecha por la diaria se vio que el tiempo promedio era superior. Hasta ahora, la mayoría de los cambios ha sido de una mutualista a otra. Echevarría negó que el MSP haya subestimado el volumen de cambios, y dijo que se está utilizando un tercio del ancho de banda del que se dispone. Dijo que otros años ha ocurrido que en los primeros días se registra un alto número de cambios (entre otras cosas porque si se hacen hasta el 10 de febrero inclusive, la afiliación a la nueva institución corre desde febrero), que luego baja y vuelve a crecer sobre fin de mes.
Regulaciones
Echevarría entiende que la movilidad regulada es un buen sistema y que “tiene su sentido” porque “se necesita que las instituciones tengan tiempo para acomodarse a los nuevos volúmenes de usuarios que tienen después de cada febrero. Si cambia drásticamente la cantidad de usuarios incrementando o decrementando, usted necesita acomodar sus infraestructuras, su servicio, su personal, y eso no se hace de un día para el otro. Entendemos que estos períodos son necesarios y que es la mejor forma de funcionar”, afirmó, aunque no fue del todo categórico: “Veremos si se encuentra alguna fórmula mejor para regular este sistema”, dijo, pensando en lo que pueda hacer el próximo gobierno.
Para minimizar las afiliaciones irregulares, el MSP está inspeccionando a las instituciones. En los primeros tres días detectó, por ejemplo, que un funcionario que estaba habilitado para operar el sistema More había usado una máquina en la que no estaba logueado; aclaró que el hecho no fue grave, sino sólo una “formalidad incumplida”, y con él quiso indicar el grado de precisión que tiene el sistema.
En cuanto a la publicidad, Echevarría dijo que, por lo que han visto, “está en regla pero está por encima de lo que nosotros hubiéramos esperado”. “Nuestra preocupación es que el dinero que llega al sistema de salud sea utilizado para la atención en salud, cuando vemos tanta publicidad en los medios nos preocupa porque es dinero gastado en otra cosa que no es la salud, lo cual no quiere decir que esté en falta. La reglamentación dice que no se puede usar plata de la cuota salud para publicidad, pero sí se puede usar otros ingresos que tengan las instituciones”.
Julio Martínez, gerente de la Asociación Española, discrepa con la visión del MSP: “El Estado no tiene legitimidad para hacer esa regulación; limita la libertad de empresa”. Opinó, además, que el gasto en publicidad (que rondó los 20 millones de dólares en 2017) “no llega a 1,5%” del gasto general de las instituciones.