En la administración anterior el Partido Nacional fue un actor protagónico en la indagación de presuntas irregularidades en la gestión de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), y la tarea continúa ahora. El semanario Búsqueda informó este jueves de una serie de auditorías que inició ASSE en estos cinco meses, entre las que destacó las que se desarrollan en el Hospital Maciel y en el Centro Hospitalario Pereira Rossell (CHPR).
Consultado por la prensa mientras estaba en Río Negro, el vicepresidente de ASSE, Marcelo Sosa, informó que se han iniciado 12 auditorías y siete denuncias penales, porque, en tanto funcionarios públicos, ante la presunción de delito tienen que elevar los casos a la Justicia.
En el caso del CHPR, Búsqueda informó que la auditoría cuestionó la contratación por compra directa de los servicios de la ONG Fundación de Mujeres del Uruguay (Plemmu) para cubrir tareas de limpieza, conserjería y actividades de enfermería por 13 millones de pesos por mes; se objeta que se desestimó una licitación en la que una comisión asesora había recomendado adjudicarle los servicios a otra empresa, y que si lo hubiera hecho, entre setiembre de 2019 y mayo de 2020 ASSE se hubiera ahorrado 20 millones de pesos.
El caso del Maciel se mezcla con la campaña electoral departamental, porque comprende el período de gestión de Álvaro Villar. Tal como informó Búsqueda, se cuestiona que los auditores no pudieron acceder a los registros contables de la Comisión Pro Remodelación del hospital porque la contabilidad era llevada por un estudio particular del adjunto a la dirección del hospital. En la comisión parlamentaria, Sosa aclaró que el estudio contable no cobraba por esa tarea, pero que los registros debían estar en ASSE y tenía que hacerlos el gerente financiero.
Lo otro que investigó ASSE en el Maciel, y derivó a la Justicia, fue el pago de honorarios profesionales de la Comisión Pro Remodelación por diseño y dirección de obra a un arquitecto que es funcionario de ASSE. Según dijo Sosa en el Parlamento, en ese caso hay “indicios de conjunción de interés público y privado”, y añadió que para la obra de una policlínica de adicciones se contrató en forma directa el estudio de ese arquitecto.