El conversatorio “Presente y futuro de la diabetes en Uruguay” que organizó la Asociación de Diabéticos del Uruguay (ADU) con la diputada de Cabildo Abierto (CA) Silvana Pérez Bonavita para conmemorar el Día Mundial de la Diabetes, los 100 años de la insulina y los 70 de ADU, reunió a legisladores de todos los partidos, organizaciones sociales, académicas, científicas y de gobierno durante más de cuatro horas.
“La cifra de diabéticos se ha duplicado en el mundo desde 1980”, expresó el director general de la Salud, Miguel Asqueta, quien insistió en que para revertir la situación hay que favorecer la actividad física y la alimentación saludable. Preocupa, además, que la enfermedad afecta a edades más tempranas y tiene repercusiones en la calidad de vida, con serias afectaciones a nivel renal, cardiovascular, visual y neurológico.
Registro, subdiagnóstico y tratamientos
“Existe un subdiagnóstico que es lo que quisiéramos erradicar”, expresó Pérez Bonavita. El presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) dijo que en junio de 2020 ASSE entre los usuarios de 15 a 65 años de la institución, 56.700 tenían diabetes, lo que da una proporción de 7,4% pero también afirmó que se tiene “un subregistro”. Según datos del Ministerio de Salud Pública (MSP), en 2013 la prevalencia de la diabetes en la población de 15 a 64 años era de 6% y de 7,5% en el grupo de 25 a 64 años.
La Ley 19.798, de “Fijación de medidas para mejorar las actividades de control y tratamiento de la diabetes y otras enfermedades no transmisibles”, aprobada en 2019, derogó la ley 14.032, de 1971, que si bien había sido un avance en su momento, limitaba a las personas diabéticas de la conducción de vehículos de transporte público y aviones, las Fuerzas Armadas y la Policía. La nueva ley establece, entre otras cosas, que los prestadores integrales de salud tienen que capacitar, educar y tratar la diabetes, para lo que tienen que contar con equipos interdisciplinarios; que la diabetes, por sí sola, no es causal de inhabilitación de actividades laborales, de estudio y deporte y que en esos espacios se debe permitir que las personas atiendan sus necesidades alimentarias, de control y medicación; asigna al Estado la responsabilidad de que las personas en situación de vulnerabilidad social y las privadas de libertad accedan a alimentación saludable. A través de la historia clínica electrónica nacional (HCEN) esta ley prevé el seguimiento de estas patologías. Pero hasta el momento, la norma no se ha reglamentado y eso es lo que reclamaron ayer las organizaciones sociales.
El actual gobierno accedió, en junio, a la creación de un registro nacional de personas con diabetes, un viejo de las organizaciones de personas con esta enfermedad que no había sido incluido en la ley. Asqueta, sostuvo que el Ministerio de Salud Pública (MSP) está trabajando para implementar el registro a través de la HCEN se extraerán indicadores que antes quedaban “adentro de un armario” con las historias clínicas en soporte de papel, y que buscarán hacer lo mismo para el resto de las enfermedades crónicas no transmisibles.
En 2019 el Fondo Nacional de Recursos (FNR) incorporó la cobertura de la bomba de insulina, un infusor subcutáneo de insulina, para menores de 15 años que cumplieran con determinadas condiciones. El reclamo de las organizaciones sociales y científicas es que el beneficio se amplíe a mayores de 15 años, así como la cobertura del tratamiento con insulinas más modernas que las que da hoy el FNR. Ana María Porcelli, directora general del FNR, manifestó ayer que el Fondo está trabajando para que “estas tecnologías lleguen a cada vez más personas”; uno de los caminos, según dijo, es que los prestadores de salud incorporen insulinas que hoy da el FNR, que ya no son tan costosas como antes, lo que le daría margen para incluir lo más avanzado.
Otras políticas
El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, se puso a disposición para trabajar en la regulación y aseguró que se sancionará a quienes discriminen a personas con diabetes de los empleos, o no respeten su derecho a la alimentación y tratamiento durante la jornada laboral.
Mario Bergara, senador del Frente Amplio (FA), dijo que hay consenso entre los legisladores de que se integren monitoreos más modernos de la glucosa y la bomba de insulina, y sugirió financiarlos con copagos.
Guido Manini Ríos, senador de CA, dijo que el incremento de la diabetes que es producto de “malos hábitos alimentarios y del sedentarismo; en esos dos puntos hay que hacer una educación masiva de la población a todo nivel, utilizar los medios de comunicación que se utilizan para tanta campaña”, disparó.
Luego, integrantes de la sociedad civil y científicas mencionaron que es necesario reglamentar la ley para que se conformen los equipos interdisciplinarios y establecer políticas para que las personas puedan acceder realmente a alimentación saludable y al ejercicio físico. “No es barato, no es fácil acceder a una alimentación saludable porque es cara y por las barreras que pueden aparecer por el peso que tiene la industria de los alimentos”, acotó sobre el final la pediatra Adriana Peveroni, en representación del FA.