Este miércoles a las 14.00 el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) convocó a una reunión al Grupo 15 de los Consejos de Salarios (salud privada) a los representantes de los gremios médicos y de las instituciones de asistencia médica colectiva (mutualistas) para tratar de acordar las diferencias en cuanto al cumplimiento del acuerdo de la licencia por maternidad.
Este acuerdo tripartito se había firmado en junio y había dispuesto que a partir de julio las médicas contratadas en relación de dependencia podrán gozar de licencia maternal hasta los seis meses de edad de su hijo o hija, si así lo solicitan. Según consta en el acta del acuerdo de junio, las empresas se comprometieron a pagar “un complemento al subsidio para el cuidado del recién nacido que abona el BPS [Banco de Previsión Social]” desde que la trabajadora termine su licencia maternal y hasta que el bebé cumpla los seis meses. De esta forma, se extendía para las médicas, tal como lo tienen las trabajadoras no médicas del sector privado, el beneficio de licencia por maternidad desde los tres a los seis meses del niño: las empresas se comprometieron a pagar el salario por el medio horario que deberían cumplir las madres a los tres meses del bebé y el BPS sigue encargándose del otro 50%.
El acuerdo definió que cada empresa pagará un complemento “equivalente al 50% del promedio mensual o diario” que resulte “de considerar los salarios percibidos por la trabajadora en los últimos seis meses inmediatos anteriores al ingreso a la licencia maternal”.
Los primeros casos de aplicación del convenio se están dando ahora y surgieron diferencias. Desde mediados de noviembre el Sindicato Médico del Uruguay (SMU), junto con el Sindicato Anestésico Quirúrgico (SAQ) y la Federación Médica del Interior (FEMI) denunciaron el incumplimiento del acuerdo. Hasta ahora, mantuvieron dos encuentros tripartitos en el MTSS y el miércoles será el tercero.
En diálogo con la diaria, Zaida Arteta, presidenta del SMU, dijo que el beneficio se está aplicando a las mujeres que no habían tenido licencia médica en los últimos meses de embarazo, pero que no a quienes estuvieron certificadas. “Como a las que estuvieron certificadas en el embarazo la empresa no les pagó nada en los seis meses previos al parto porque estaban certificadas [el salario fue cubierto por la seguridad social], las empresas esgrimen que el promedio de los seis meses es cero, entonces no les pagaron nada”, reclamó Arteta. Señaló que en esta situación están más de 12 trabajadoras de distintas mutualistas de Montevideo y del interior del país.
“Nuestros asesores legales dicen que interpretar la norma de esa manera es ilegal porque se estaría penalizando la enfermedad, la persona que estaría certificada se perjudica meses después por haber estado certificada”, planteó. Arteta subrayó el contexto en que ocurre esto: “Las madres que ahora tienen bebés de tres meses todas estuvieron embarazadas en el pico de la pandemia, a todas las mandaron para la casa, no sólo a las que tuvieron problemas”, comentó, recordando el alto número de fallecimientos por covid-19 que ocurrió en pandemia.
Fuentes de las mutualistas dijeron a la diaria que es un problema que surgió de la interpretación de la letra del acuerdo. Se limitaron a decir que “el texto del acuerdo rubricado por las partes establece lo que se está ejecutando”, aunque están dispuestos a seguir conversando sobre el tema para intentar llegar a un acuerdo.
Arteta plantea que la interpretación es “insólita”. En una editorial publicada el martes 30 en el sitio web del SMU titulado “El incumplimiento de acuerdos en materia de maternidad y lactancia también es violencia de género”, Arteta reafirmó que, pese a que la lactancia materna es un tema priorizado a nivel nacional, “las empresas de salud que tienen el deber de cuidar, no cumplen con sus propias trabajadoras médicas, quienes se ven presionadas a volver al trabajo para poder cobrar su salario completo”. Sostuvo que es una forma de violencia laboral contra las mujeres y una discriminación de quienes tienen o tuvieron patologías y debieron certificarse. En diálogo con la diaria, Arteta agregó que el problema se agudiza en los casos de hijos con problemas de salud, y que se trata de un recorte económico en un momento crucial en el que más se necesita.