El decreto del gobierno que habilita a comercializar dispositivos de tabaco calentado sigue generando críticas por parte de las sociedades científicas. La última en pronunciarse fue la Sociedad de Oncología Médica y Pediátrica del Uruguay (Sompu), que a través de un comunicado afirmó que la aprobación de este decreto es “un grave retroceso” en la política de control de tabaco existente en nuestro país y “atenta contra el control de las enfermedades no transmisibles y la protección de la salud de los uruguayos”, dado que estos productos “no están exentos” del “efecto carcinógeno del tabaco”.
Sompu señala que, acorde a la Organización Mundial de la Salud, “la evidencia actual no es suficiente como para determinar que estos productos reducen las enfermedades producidas por el consumo de tabaco, ya que: contienen tabaco y son productos del tabaco, no ayudan a dejar de fumar, emiten sustancias tóxicas similares a las presentes en el humo de cigarrillo (muchas de las cuales pueden causar cáncer) y se desconocen sus efectos a largo plazo”. En ese sentido, destaca que “ninguna agencia de salud o sociedad científica recomienda su uso” y considera que “los PTC [productos de tabaco calentado] son una nueva estrategia de la industria tabacalera para mantener a la gente adicta al tabaco, atraer nuevos consumidores y sobre todo apunta al público joven a iniciar en el consumo”.
La sociedad científica explica que si bien la exposición a “algunos agentes carcinógenos, de los más de 60 que contiene el humo de tabaco”, es menor en los PTC, “otros están presentes en concentraciones aún mayores”, y que “no existe evidencia de que el riesgo sea menor, ya que la relación entre la exposición y los efectos en la salud es compleja”. Asimismo, sostiene que la aprobación del decreto se realizó sin consultar al Programa Nacional de Control de Tabaco del Ministerio de Salud Pública, ni a la Comisión Interinstitucional Asesora, ni a sociedades científicas o a la Universidad de la República.
Sompu manifiesta su apoyo al comunicado de prensa publicado el 26 de marzo por otras organizaciones vinculadas a la salud, que solicitaron al gobierno rever la decisión, y respalda el recurso legal contra el decreto iniciado por la Sociedad Uruguaya de Tabacología y el Centro de Investigación para la Epidemia del Tabaquismo.