Durante más de dos horas, el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, el subsecretario, José Luis Satdjian, y el presidente de la Junta Nacional de Salud (Junasa), Alberto Yagoda, se reunieron este lunes con representantes del Sindicato Médico del Uruguay (SMU) y con la Asociación de Médicos y Practicantes de Casa de Galicia, en medio de arduas negociaciones por la distribución de trabajadores de esta mutualista.
La reunión fue pedida por el SMU, que el sábado se declaró en conflicto ante la pérdida de 500 puestos de trabajo que significaría, a su entender, la propuesta de las empresas de contratar un promedio de cinco médicos (con una carga horaria de 26 horas) cada 1.000 usuarios que reciban de Casa de Galicia y que es bastante diferente a los 21 puestos cada 1.000 que aspiraba a conseguir el gremio. Con ese esquema, las dos terceras partes de los médicos quedaría sin trabajo.
El ministro Salinas informó por Twitter de la reunión, pero no hizo valoraciones, sólo adelantó que las negociaciones continuarán este martes en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). En un intercambio con la diaria, Salinas expresó que el MSP participa “de escucha” en la negociación y se limitó de hacer otros comentarios.
21.3.22 hoy con @JoseSatdjian y el Presidente de la Junasa, mantuvimos extensa reunión en el @MSPUruguay con representantes de la directiva de @smuruguay por trabajo médico de Casa de Galicia. Mañana continúa en @MTSSuy con los prestadores de salud y el gremio médico.
— Daniel Salinas (@DrDanielSalinas) March 21, 2022
José Minarrieta, dirigente del SMU, informó a la diaria que la reunión buscó “acercar posiciones” entre las partes, y valoró la buena receptividad de las autoridades. “Apostamos a que el Poder Ejecutivo tenga un peso fuerte a la hora de decidir”, agregó Minarrieta.
En la reunión de este martes los médicos responderán a la propuesta que hicieron el jueves las empresas; el encuentro iba a ser a las 14.00, pero en la noche de este lunes el SMU consideraba pedir que se hiciera más tarde, para darle más margen de elaborar su propuesta. Consultados por la diaria, los representantes de las mutualistas no quisieron hacer declaraciones.
Trabajadores no médicos
Sobre el mediodía del lunes se desarrolló la reunión tripartita de los trabajadores no médicos. A las 14.30, Alexandra Vera, una de las dos delegadas de la Asociación de Funcionarios de Casa de Galicia (Afuncag) que había participado en la reunión, agarró el megáfono y habló ante sus compañeros de trabajo, que se manifestaban en la calle. “No son muy buenas las noticias”, adelantó, pero dijo que tenían que procesar la respuesta de las empresas, conversarla con el abogado y con la Federación Uruguaya de la Salud (FUS) para luego hacer una asamblea. “Están muy intransigentes y no quieren reconocer nada de todos los derechos que hemos estado conquistando hasta ahora”, dijo Vera, refiriéndose a las empresas.
En diálogo con la diaria, Vera resumió que las empresas propusieron contratar a 18 trabajadores por cada 1.000 usuarios que recibirán; la proporción es inferior a la que se había alcanzado con la aplicación del documento multisectorial que había firmado la FUS con los ministerios de Trabajo y de Salud en 2001 –sobre el que se apoyó esta solución–, que daba un promedio de 20 trabajadores cada 1.000 usuarios, y es bastante menor a lo que aspiraba Afuncag, que pretendía que las mutualistas contrataran a 30 trabajadores por cada 1.000 socios.
Vera agregó que las empresas “dicen que es una nueva relación laboral, por lo tanto, no quieren reconocer ningún derecho adquirido”. Según informó, Satdjian y Yagoda plantearon en la reunión “que querían aumentar la relación funcionario-socio y también encontrar un punto medio sobre los salarios”.
Con respecto a quienes irán al seguro de paro especial, Afuncag pretende que cobren 80% del salario, pero el Ejecutivo propone que sea 50% del salario, y 20% más para quienes sean jefas o jefes de familia.
Las partes volverán a verse el miércoles a las 11.00.
Socios y liquidación del sanatorio
Mientras transcurría la reunión de los trabajadores no médicos en el MTSS, Sandra Montes, socia de Casa de Galicia, acompañaba la movilización. En diálogo con la diaria reprobó el número de trabajadores médicos y no médicos que proponen contratar las empresas. “Los socios no queremos ningún funcionario sin trabajo, todos trabajando”, sostuvo. “Nosotros no robamos, no metimos la mano; esto es culpa de la Junasa y del MSP de no haber controlado, así como tampoco está controlando el cumplimiento de la Ley 20.022 porque hay mutualistas que están cobrando exámenes de ingresos a mayores de 80 y, por otro lado, hay mutualistas con más de 15% de ingresos de socios de Casa de Galicia en función de su plantilla de usuarios como indica la ley y tampoco nadie dice nada, entonces, nosotros queremos 100% de los funcionarios trabajando porque no es culpa de ningún funcionario”, reclamó.
El 25 de febrero los usuarios fueron notificados del prestador de salud al que habían sido asignados por el MSP (Círculo Católico, Hospital Evangélico, Universal, Cudam y Crami) y tienen 30 días para cambiar, aunque sólo podrán optar por uno de esos cinco prestadores. “Nos distribuyeron de oficio. Muchos todavía no nos cambiamos, estamos ahí porque nos movieron ellos”, reclamó Montes.
A partir de la promulgación de la Ley 20.022, cerca de 1.000 socios de Casa de Galicia presentaron, con el acompañamiento del abogado Juan Ceretta, un recurso de inconstitucionalidad de la ley y una medida cautelar para que no se les aplicara la ley. Los socios firmantes alegaron que la ley viola los principios de libertad e igualdad –por no poder elegir prestador de salud–, y de separación de poderes, porque cuando el Parlamento aprobó la ley, la Justicia no había determinado la liquidación de la mutualista. La Suprema Corte de Justicia no ha expresado todavía si hace lugar a la medida cautelar.
Los socios habían intercambiado con el grupo español Ribera Salud para que se hiciera cargo de la deuda. “Había un grupo inversor y el gobierno no lo llamó”, reclamó Montes. Si bien el inversor puede presentarse para adquirir el sanatorio cuando sea rematado, Montes lamentó que en ese caso “los que pueden decidir son los socios que no sean [del Fondo Nacional de Salud] Fonasa porque los demás van a quedar todos metidos en esas mutualistas”, tal como estableció la Ley 20.022.
La próxima semana se abrirá el llamado para la licitación del sanatorio, con la meta de que los interesados presenten su oferta a fines de abril, informaron a la diaria fuentes judiciales. La idea es licitar el sanatorio en bloque, como unidad, para que mantenga la funcionalidad con la que se creó. Los tiempos del llamado coinciden con los que manejó Salinas el martes 14, cuando estuvo en la Comisión de Salud de Diputados, y anunció que el cierre de la emergencia de Casa de Galicia, previsto para el 31 de marzo, será “transitorio”, “hasta que se adjudique el nuevo sanatorio como tal, lo que estimamos que será en los primeros días de mayo”.