Esta semana el Instituto de Higiene de la Universidad de la República (Udelar) brindó el seminario “¿Cómo fortalecer la industria biotecnológica de la salud en Uruguay?”, y uno de los temas de la exposición se tituló “¿Producción nacional de vacunas de uso humano: quimera o posibilidad?”. Quien estuvo a cargo de esta presentación fue Alejandro Chabalgoity, profesor titular del Departamento de Desarrollo Biotecnológico del Instituto de Higiene y miembro del Comité Asesor de Vacunación del Ministerio de Salud Pública (MSP), quien en diálogo con la diaria repasó varios temas relacionados a la historia de la producción de vacunas en Uruguay y en el mundo, y comentó las condiciones que son necesarias para poder volver a ser fabricantes.
Entre otras cosas, el especialista en biotecnología sostuvo que si bien Uruguay “tiene condiciones, debería avanzar en inversión y regulación” para poder producir vacunas de uso humano, ya que en vacunas de uso veterinario “tiene mucho desarrollo” e incluso les ha transferido a otros países “vacunas que se usan en el mundo”.
Chabalgoity recordó que Uruguay fue fabricante pero dejó de serlo, obligado por las condiciones que se comenzaron a implementar cuando el proceso de elaboración se perfeccionó. Alrededor de 1980 en buena parte del mundo, incluido Uruguay, existían empresas públicas que eran fabricantes, pero porque “originalmente se producían de manera más artesanal”, sostuvo. Aclaró que las vacunas entran dentro del rango de productos biológicos, por lo tanto, su elaboración “implica manipular organismos vivos” y eso conlleva que, “por más que el proceso sea similar, puede que el producto final tenga variaciones”.
En las décadas posteriores y “a raíz de problemas de seguridad” que hubo, no con vacunas pero sí con otros medicamentos, se generaron agencias reguladoras con el fin de validar que el resultado fuera el que se tenía que obtener. En ese momento empezaron a cambiar los requerimientos necesarios para producir y “se tendió a estandarizar todo el proceso de producción generando buenas prácticas de manufactura”, es decir, “procedimientos que implican pasos muy estandarizados”, tales como dónde comprar la materia prima o cómo limpiar los frascos para asegurar que el producto final “sea siempre el mismo”, explicó Chabalgoity.
Lo que sucedió en el paso de lo artesanal a lo estandarizado es que el segundo modelo, entre otras cosas, requiere plantas de producción especiales que controlan todos los detalles: “El aire que circula de un lado a otro, los reactivos, todo requiere condiciones especiales”, indicó el investigador. De hecho, comentó que el Instituto de Higiene de Uruguay alcanzó a producir vacunas, pero cuando hubo que fabricar de manera más controlada se requería una inversión muy alta y Uruguay, al igual que otros países del mundo, dejó de producir.
Luego de muchos años y en el contexto de la pandemia de coronavirus, “muchos países volvieron a pensar en la producción nacional”, sostuvo Chabalgoity. El motivo principal de esto fue que se observó que a nivel mundial hay “muy pocas empresas, tres o cuatro, que fabrican vacunas”, es decir que los grandes productores de vacunas son muy pocos en el mundo, y eso conlleva que en momentos puntuales, por ejemplo, “durante la pandemia, las empresas tengan las condiciones pero no la capacidad” de producir la demanda requerida. “Eso generó escasez, de hecho hay países que aún no vacunaron a toda su población”, acotó.
En ese escenario, se “volvió a dar la discusión sobre la necesidad de descentralizar la producción de vacunas” y no sólo en países subdesarrollados, sino también en los territorios de economías centrales. “Australia lo primero que hizo luego de la pandemia fue invertir en una planta de producción de vacunas propias”, ejemplificó Chabalgoity.
Las condiciones de Uruguay y avances recientes
Nuestro país no escapó al planteo global, y aunque el abastecimiento de vacunas contra la covid-19 “salió bastante bien, podría no haber sido así”, alertó el experto. Por este motivo se empezó a pensar en retomar la producción, “no como antes porque ya no tiene ningún sentido volver a pensar en producción pública”, pero sí en modelos de desarrollo diferentes, por ejemplo, “asociaciones con privados nacionales, con aportes de la academia, o tercerizar la licencia de empresas internacionales”. Este último caso es el de Canadá, que “generó una planta nueva y se asoció con la empresa Moderna para fabricarle vacunas”, comentó.
En cuanto al conocimiento necesario para trabajar en la producción de vacunas, Chabalgoity señaló que “hay, pero no abunda” y que “la acumulación científica disponible es de buen nivel, pero la comunidad es chica”. De todas maneras, rescató que existen “condiciones para poder pensar” en producir, pero dijo que para esto no falta “sólo presupuesto”.
En el contexto pospandemia ya se dieron algunos pasos. En 2021, la Udelar presentó en el Parlamento un proyecto para generar un instituto nacional de vacunas “que incluya a la academia, el poder político y el sector industrial”. Chabalgoity, que formó parte de la iniciativa, recordó que “se votó por unanimidad y se obtuvo un presupuesto inicial para armar un proyecto ejecutivo” que estudie “las posibilidades de instalar el instituto y la capacidad necesaria para hacerlo sustentable”.
Pero, más allá de la inversión económica, también faltan algunos elementos regulatorios. Si bien en el presupuesto 2020-2024 se aprobó una partida presupuestal para la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, que depende del MSP, esta “no está validada internacionalmente”, por ejemplo, por la Organización Panamericana de la Salud, subrayó Chabalgoity, y aclaró que “no está validada no porque haga las cosas mal en cuanto a los aspectos técnicos, sino porque está muy por debajo del MSP”, y para que un organismo calificado la valide “tienen que tener independencia técnica”.
Por otra parte, Chabalgoity señaló que “una de las grandes ventajas de la industria biotecnológica es que es manufacturera y genera condiciones de trabajo”, pero requiere trabajadores calificados, por lo cual también es necesario formar a potenciales trabajadores para la producción. En ese sentido, concluyó que el proyecto que la universidad presentó al Parlamento no consiste tanto en “obtener plata” como en “que se tome la decisión de avanzar en un proyecto que puede ser un motor de crecimiento económico para el país”.