El Ministerio de Salud Pública (MSP) continúa trabajando en la reglamentación del decreto que habilitó a los usuarios del sistema de salud a cambiarse de prestador, en cualquier momento, si los tiempos de espera exceden los períodos que establece la normativa.
Actualmente, los tiempos establecidos para las especialidades más solicitadas son de 24 horas para fijar consultas de medicina general, pediatría y ginecología, 48 horas para cirugía general, hasta 30 días para especialidades médicas y hasta 180 días para cirugías coordinadas. La titular de la cartera, Karina Rando, comentó que en algunas instituciones las demoras “son excesivas” y en otras “no tanto”, aunque “depende” de la especialidad de que se trate. Agregó que, además de multar a la empresa que presenta demoras, el MSP le da un tiempo para que se estabilice y luego vuelve a fiscalizar.
Algunas consideraciones
En diálogo con la diaria, integrantes del Sindicato Médico del Uruguay (SMU), de la Federación de Médicos del Interior (FEMI) y de la Federación de Prestadores Médicos del Interior (Fepremi) valoraron la nueva posibilidad y aportaron otras formas de encarar el problema de las demoras del sistema de salud.
En principio, Zaida Arteta, presidenta del SMU, aclaró que si bien el sindicato valora el decreto como algo positivo, entiende que no es la única solución al problema de las demoras de atención en los prestadores. “Creemos que el problema de la espera es grave en algunos sentidos y sobre todo en determinados lugares del país”, y que acompaña otras dificultades tales como “que el usuario no consiga consulta con su médico tratante” o “no recibir el tiempo suficiente de consulta”.
Según Arteta, gestionar el primer nivel de atención y el sistema de consultas ambulatorias tiene especial vínculo con “cuántas horas contratadas tiene cada prestador, cómo está distribuido ese tiempo y qué parte se dedica a los pacientes”.
Acotó que en algunos departamentos, en los que hay sólo un prestador privado y algún centro de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), el usuario “no tiene grandes posibilidades de cambiarse”, y si a eso se agrega que con el tiempo los prestadores que no tenían demoras comienzan a tenerlas porque exceden su capacidad de afiliados, el problema podría complejizarse aún más.
En principio, “el problema de la demora se soluciona con las horas necesarias que requiere una atención personalizada”, con contratación de cargos de alta dedicación tanto en el sector privado como en el público, “donde hay listas de espera de años” y situaciones “complejas”, concluyó.
Por su parte, el presidente de FEMI, Daniel Ayala, coincidió en que el decreto es algo positivo porque es una forma más de estar “alerta” ante eventuales incumplimientos de las instituciones, aunque “aún falta la reglamentación”, que es “igual de importante que el decreto”.
En cuanto a las garantías que deben brindarse, ejemplificó que sería bueno que la petición de traslado de institución médica sea “lo menos burocrática posible para los usuarios”.
El presidente de Fepremi, Carlos Cardoso, agregó que también deberían estar dadas las garantías para los prestadores. “Deben tener la posibilidad de defenderse”. Además, consideró que el usuario debería presentarse a pedir el cambio “con un documento que su prestador le brinde notificando que no podrá cumplir con el tiempo estipulado”.
A su vez, sostuvo que en el interior del país hay situaciones muy diversas y que si bien en las localidades pequeñas que tienen pocos centros de salud puede haber demoras por “varios motivos”, también es un ámbito en el que los funcionarios de los centros conocen a los usuarios y facilitan “otras soluciones” a la demanda de atención.