La comisión interna del Patronato del Psicópata, que forma parte de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP), a través de un comunicado a la población y en la comisión de salud del Senado, alertó que peligra la continuidad de la institución por falta de presupuesto.
Según los funcionarios, en marzo de 2023 la comisión honoraria (integrada por representantes de varios centros de salud mental y de la comunidad) les comunicó que a partir de setiembre “no habrá más presupuesto” para solventar sueldos, gastos edilicios y de funcionamiento.
En el comunicado solicitaron que se encuentre una solución porque allí se asiste a “más de 300 usuarios” con trastornos mentales “severos” y porque también se afectarán “otras prestaciones” a las que acceden “más de 5.000 usuarios” y “más de 1.000 funcionarios” del Ministerio de Salud Pública (MSP) y de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), que pertenecen a distintos programas de salud mental, a quienes “se expondría a la pérdida o reducción de su salario”.
Por todos los motivos expuestos, consideraron que es “inaceptable” el cierre de la institución, más cuando Karina Rando, la ministra de Salud Pública, con quién se reunieron hace dos semanas, “informó que se va a priorizar la salud mental” y a “potenciar” la Ley 19.529 de Salud Mental.
El mayor problema de la situación actual que señalan es que en la Rendición de Cuentas de los años anteriores no se asignaron partidas económicas específicas a la institución que, por el momento, se financia con fondos del MSP, de ASSE, y de algunos “otros ingresos”.
Según informaron a la diaria los trabajadores de la comisión interna, este miércoles la comisión honoraria les comunicó que están trabajando en propuestas para presentar en la próxima Rendición de Cuentas, pero que todavía no hay nada concreto.
Más que atención
Este martes una delegación integrada por la comisión interna y la secretaría de presupuesto de la FFSP concurrió a la comisión de salud del Senado y detalló a los legisladores algunos de los servicios que se brindan en el centro y que fundamentan su continuidad. En principio, comentaron que se trata de un centro de rehabilitación para pacientes “con esquizofrenia y patologías duales”, que tiene más de 60 años de experiencia. Asimismo, indicaron que en la actualidad se redujo el número de pacientes a la mitad por un tema “económico financiero”.
En cuanto a la esquizofrenia, afirmaron que existe un amplio abanico de abordajes, entre ellos, programas diurnos con diversos talleres entre las 8.00 y las 16.00. Además, brinda casas para el comienzo de la rehabilitación con el objetivo de que los usuarios alcancen la autonomía y la reinserción social.
Una funcionaria de la oficina del registro de retardo mental y “otros impedimentos” explicó que allí se registran mucho más que “menores con retardo mental o discapacidad” porque es un registro para “patologías en general”. El registró se reglamentó a través de la Ley 13.711, promulgada en 1968, y permite que “los niños accedan a la asignación doble”.
Por otra parte, a partir de 2014 se le da a la oficina la realización del trámite del Fondo Nacional de Salud (Fonasa) para pacientes con “enfermedades crónicas severas”, en su mayoría pacientes esquizofrénicos. “Sabemos que a los pacientes con esas patologías a veces se les dificulta trabajar”, comentó la funcionaria. Su registro permite que “se les emita una constancia que habilita” al Banco de Previsión Social para que la persona ingrese al Sistema Nacional Integrado de Salud, “a través de un familiar que sería el que aportaría”, explicó.
En 2022 se registraron “unas 6.400 personas” que acceden al beneficio, “inscribiéndose por primera vez” o a través de la renovación del trámite de asignación doble “que se realiza todos los años”.
Sandra Lazo pidió a “no escatimar”
Ante esta situación, la senadora del Frente Amplio (FA) Sandra Lazo redactó una minuta de comunicación, a la que accedió la diaria, que fue firmada por todos los senadores del FA y que será puesta a consideración de la comisión de salud. Luego de someterse a votación del pleno, si obtiene la cantidad de votos necesarios, se enviará al Poder Ejecutivo.
La minuta pide al gobierno “no escatimar” esfuerzos en un centro que tiene “alto índice de personas reinsertadas en la sociedad” y que se encuentra en una situación en la que sus ingresos “han ido disminuyendo” como consecuencia de que la financiación que reciben tienen diversos orígenes.
Sobre la administración, liquidación de sueldos y honorarios, en el documento se aclara que actualmente en la comisión honoraria se liquidan aproximadamente 1.000 contratos a través de convenios con ASSE y el MSP de personal que trabaja en “distintos organismos”, más los contratos genuinos del patronato. A su vez, la comisión honoraria tiene una estructura de “personal estable” compuesto por 59 trabajadores.
Además, se plantea que, “con el fin de ingresos genuinos”, la comisión honoraria hace meses mantiene reuniones, por ejemplo, con el Ministerio de Desarrollo Social y con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social pero, los tiempos de concreción “no son acordes con los tiempos que necesita el patronato”.