El presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Marcelo Sosa, anunció este miércoles en una conferencia de prensa que el directorio resolvió presupuestar a 481 funcionarios de la Comisión de Apoyo y la Comisión Nacional de Apoyo a la Salud Mental, antiguamente conocida como Patronato del Psicópata.
La decisión contó con la aprobación de Sosa, así como del vicepresidente de ASSE, Néstor Graña, y el vocal Julio Micak, mientras que la representante de los usuarios, Natalia Pereyra, y el representante de los trabajadores, Pablo Cabrera, abandonaron la sesión del directorio por entender que no contaban con información suficiente para emitir el voto.
Sosa aclaró que el proceso no tiene una fecha establecida y que “no hay un único acto de presupuestación definitiva”, por lo que podrían darse otras. Dijo que el “primer grupo” de funcionarios comprende “un porcentaje importante de médicos y enfermeros”. En total, 406 de los funcionarios amparados en el mecanismo trabajan a nivel asistencial, mientras que los 75 restantes cumplen funciones de soporte administrativo.
El presidente de ASSE recordó que el proceso no es ajeno al organismo, que llevó adelante la presupuestación de funcionarios en oportunidades anteriores; señaló que el criterio utilizado “es el mismo” que el que aprobó el directorio de ASSE en 2011 y que fue aplicado en otras oportunidades. También justificó la decisión con base en la Rendición de Cuentas de 2023, que establece la presupuestación de funcionarios que acumulen más de 18 meses de función y cuenten con una evaluación positiva.
De igual manera, dijo que hubo conversaciones con el Sindicato Médico del Uruguay y la Federación de Funcionarios de la Salud Pública (FFSP) al respecto. Esto llevó al directorio a contemplar “algunas de las condiciones”, por ejemplo, que se respetara la antigüedad de los candidatos y la solicitud de que el proceso se llevara a cabo de una forma “dinámica” y no en una única fecha. Aun así, aclaró que “nunca se firmó un acuerdo”.
Sosa subrayó que la decisión “se enmarca” en “la política habitual [e] institucional” del organismo y recalcó que “históricamente el mecanismo ha sido así”. “Esto es un derecho que tienen los funcionarios a través de una ley [que está] aprobada, y el directorio de ASSE tiene que aplicar la ley”, sentenció.
Así, descartó cualquier posible acusación de clientelismo político en torno a la decisión y dijo que entre las presupuestaciones anunciadas no se encuentran cargos de dirección o gerencia. “Básicamente, nosotros estamos cumpliendo la ley”, reiteró.
Según directora de ASSE, la nómina contenía 80 cargos que irían a “personal de confianza política”
La representante de los usuarios en el directorio de ASSE, Natalia Pereyra, expresó a la diaria su malestar con la forma en la que el directorio impulsó la resolución. Pereyra acusó la “falta de garantías” en el proceso y dijo que hubo una “vulneración del reglamento del directorio”.
La representante de los usuarios dijo que si bien Sosa argumentó que se tuvo en cuenta a las organizaciones de trabajadores en la protocolización de las presupuestaciones, en la sesión del directorio no se presentó un expediente que contenga “el aval de los colectivos” ni se explicitaron las razones detrás de la conformación de la nómina, lo que imposibilitó su discusión en torno a cuestiones que entiende prioritarias. “Tres mil cargos no se pueden procesar de un día para el otro”, consideró.
También dijo que la iniciativa no se encontraba en el orden del día de la sesión, cuestionó que fuera ingresado como un tema “grave y urgente” y denunció que, en un principio, la lista de nombres no se encontraba disponible. “Era como votar a ciegas”, ilustró.
Luego de solicitar un cuarto intermedio, Pereyra pudo obtener una copia de la nómina, que, según dijo, contenía “un número importante” de funcionarios que ingresaron a ASSE Central como “personal de confianza política”, que estimó en 80 personas. “Me sorprendió bastante”, reveló, aunque matizó que no le es posible precisar si hubo cambios en su composición una vez que se retiró de la sala y se procedió con la votación.
FFSP: el mecanismo “está hecho a medida” para quienes “entraron en este gobierno”
El presidente de la FFSP, Martín Pereira, denunció en diálogo con la diaria que el proceso de presupuestación implica la pérdida del salario vacacional y la antigüedad de los funcionarios a presupuestar que, según estimó, equivale a “entre 5.000 y 8.000 pesos”, por lo que “a un trabajador con más de cinco años [de antigüedad] difícilmente le conviene presupuestarse”, evaluó.
De esta manera, dijo entender que el mecanismo de presupuestación “está hecho a medida para los trabajadores que entraron en este período de gobierno”, y dejó a entrever que personas que ocupan cargos de gestión forman parte de la nómina a presupuestar, incluida una subdirectora. En su opinión, si bien la acción tiene sustento jurídico, no es “ética”.
El presidente de la FFSP también criticó que, a pesar de haber mantenido conversaciones con el directorio de ASSE al respecto, tal y como aseguró Sosa, estas se limitaron a una “presentación” por parte del organismo. “No es que se abría una negociación; nos informaban de lo que iban a hacer”, resumió.
En esta línea, dijo que la “teoría” de que el proceso respeta la antigüedad de los candidatos para este proceso “no es tal”, y que eso se explica porque “hay más cargos disponibles para presupuestar que funcionarios presupuestados”.
Pereira dijo que queda por ver “qué se puede hacer” y “dónde van a quedar en la estructura de ASSE” los presupuestados que ocupan “cargos políticos” luego de la transición de gobierno. “Qué tareas van a quedar cumpliendo es una pregunta que nadie sabe responder al día de hoy”, planteó.