El senador por el Partido Nacional Javier García presentó un proyecto de ley para regular la doble prestación de salud. La propuesta de artículo único, a la que accedió la diaria, detalla que los trabajadores públicos y privados, así como las personas amparadas en el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), que tengan cónyuge o concubino que sea contribuyente de la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas o de la Dirección Nacional de Sanidad Policial, “tendrán la opción de aportar un 2% adicional de sus retribuciones para incorporar al seguro para tener la opción de recibir atención integral de salud a través de los prestadores que integran el SNIS”.
La exposición de motivos agrega que la normativa actual no contempla la situación de los trabajadores que aportan a sanidad militar o policial, generando doble imposición y cobertura de salud; por lo tanto, “es probable que la mutualista reciba la cápita del cónyuge o concubino” aunque no se atienda allí. Por esto se propone que, en los casos que tenga algún tipo de cobertura de salud, no sea obligatorio el pago del 2% adicional.
En diálogo con la diaria, García agregó que, por lo general, los usuarios prefieren sanidad policial o militar “por un tema de costo”, ya que suelen ser más bajos que en las mutualistas. Sobre la cantidad de personas que en la actualidad tienen doble cobertura, agregó que si bien no lo tiene claro porque se trata de un gran volumen de usuarios —por ejemplo, el Hospital Militar tiene aproximadamente 150.000 usuarios—, realizó un pedido de informes al Ministerio del Interior y otro al Ministerio de Defensa para conocer los números exactos.
La propuesta ingresó al Senado la semana pasada y se derivó a la Comisión de Salud de la cámara.
El reclamo por la doble cobertura tiene muchos años y fue planteado por los involucrados en diversas administraciones. En 2020, cuando Daniel Salinas era el ministro de Salud Pública en ejercicio, los representantes de las mutualistas le plantearon la situación, especialmente de los funcionarios militares y policiales que viven en el interior del país, que se atienden –por un convenio– en la Administración de los Servicios de Salud del Estado, y los del Policial en las instituciones nucleadas en la Federación de Prestadores Médicos del Interior.
Por este tipo de situaciones, hay quienes plantean incorporar una “universalización del Fonasa” para evitar gastos y tener ganancias más eficientes.