Los trabajadores de la Dirección General Impositiva (DGI) están en conflicto por un decreto del jueves 20 de diciembre, que establece una modificación en el pago de la prima por rendimiento, y que consideran una rebaja salarial. Ayer la Asociación de Funcionarios de Impositiva (AFI) ocupó el subsuelo de la DGI y reclamó participar en las decisiones que afectan sus cobros.
El director de la DGI, Joaquín Serra, dijo a la diaria que el Poder Ejecutivo no promovería un decreto que signifique una rebaja salarial para los funcionarios. “No se puede hacer legalmente, pero además no lo haríamos por convicción, nos parece que es incorrecto”, aseguró.
Lo que el decreto cambia es la composición de 15% de la retribución anual de los trabajadores, equivalente en forma aproximada a dos salarios. Esta prima por rendimiento se paga en marzo.
Los salarios de los trabajadores de la DGI son “de los más altos de la administración central”, con un promedio de 126.00 pesos mensuales nominales para los profesionales y uno de 65.000 pesos mensuales nominales para los administrativos, señaló Serra, y comentó que “son sueldos que están bastante ajustados a la realidad del mercado”.
El jerarca explicó que antes del decreto el pago de la prima por rendimiento se calculaba en base a metas grupales, “indicadores básicamente de actividades”, y que ahora “se consideró conveniente incorporar a ese pago variable metas institucionales”. Estas son las que permiten alcanzar los resultados estratégicos que busca la DGI en materia de “recaudación y reducción de brechas de incumplimiento”, indicó.
“En el fondo, la medida se tomó para tener un Estado moderno, que se preocupe por los resultados y pueda rendir cuentas a la ciudadanía. En la medida en que logremos los objetivos tendremos un premio”, sintetizó.
De todos modos, enfatizó Serra, “el esfuerzo normal se retribuye con el salario fijo”, y el cálculo de este pago adicional se vincula con el cumplimiento de una combinación de metas generales e institucionales, a fin de mejorar la eficiencia de la institución y, a la vez, respetar los derechos de los contribuyentes, porque tanto ellos como los trabajadores tendrán una idea más clara de qué se propone la DGI.
En cambio, el presidente de la AFI, Aidemar González, dijo a la diaria que incorporar un factor asociado a la recaudación en el cálculo de un “componente salarial” puede ser contraproducente y generar un problema para los contribuyentes, ya que los trabajadores no tienen una idea clara de los objetivos de la DGI.
González apuntó que en dos oportunidades, en 2005 y en 2011, se acordó con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que no se incorporaran las metas institucionales a la prima por rendimiento. “No fueron acuerdos escritos, pero estaban en el marco de la negociación colectiva”, aseguró. Además, alegó que esas metas institucionales son una definición política en la cual no inciden los funcionarios, pero que de todos modos el sindicato está dispuesto a que su cumplimiento se vincule a “contraprestaciones no salariales”.
Serra explicó que la participación del cumplimiento de metas institucionales en la prima por rendimiento varía según el nivel jerárquico. Para los funcionarios comunes, representa 5% de la prima; para los directores, 60%; y para el director general, 100%. González afirmó que desde hace dos años no se cumplen las metas de recaudación fijadas por el MEF para los directores, y que, por lo tanto, incorporar esas metas al cálculo de la prima para los funcionarios implica que habrá una rebaja salarial. Sobre esto, Serra comentó que de hecho AFI asume que el año que viene no se va a cumplir la meta de recaudación.
Sobre el futuro de la negociación, González dijo que cada día se evalúan las decisiones adoptadas, y que la idea es “instalar una mesa real de negociaciones donde se asegure que no habrá una pérdida salarial”.