A principios de este año, se conformó un grupo interministerial –integrado por los ministerios de Economía, de Trabajo y de Industria– con un objetivo concreto: crear un combo de medidas para impulsar el empleo. Ayer, el Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley que condensa todas estas propuestas y que entrará en vigencia el 1º de enero de 2019.
El proyecto se divide en dos grandes bloques. La primera parte, según se establece en la exposición de motivos, apunta a realizar una serie de modificaciones a la Ley de Empleo Juvenil de 2013, con el objetivo de “hacer más atractivo el uso de esa herramienta” e incentivar la “contratación de jóvenes” y promover su “formación”. En el caso de la primera experiencia laboral, se podrá disminuir el plazo de seis meses de contratación hasta tres meses. En relación al período a prueba, que hasta el momento no podía ser mayor de un mes, se prevé que podrá ser de un mes en el caso de contrataciones de seis a 11 meses de duración, y de dos meses en el caso de contrataciones de 12 a 18 meses de duración. Asimismo, se agrega que “las contrataciones que excepcionalmente sean menores a seis meses no tendrán período de prueba”. En la segunda parte de la iniciativa, se establece que se destinará un fondo de 15 millones de dólares para crear un Programa Temporal de Subsidio al Empleo. A las empresas que integren el programa se les subsidiará hasta 25% del salario de un trabajador que incorporen en la planilla, y si contratan a trabajadores mayores de 45 años, se les subsidiará 40% del salario.
Milton Castellano, director del Instituto Cuesta Duarte, explicó a la diaria que la problemática del empleo debe ser analizada con cierta perspectiva histórica. Si bien en los últimos tres años se perdieron 45.000 empleos, señaló, desde 2005 hasta la fecha se crearon 300.000 puestos de trabajo. “Eso es histórico”, rescató, y agregó que las medidas impulsadas por el Poder Ejecutivo no resuelven el problema, ya que, según explicó, se trata de un “problema estructural”, que se basa en las dificultades que “ha tenido Uruguay para diversificar su matriz productiva”. De todas formas, evaluó que los incentivos “ayudan”.
El desempleo en Uruguay finalizó en 2017 en 7,9%, pero en todo el primer semestre de 2018 estuvo por encima de esa cifra, salvo en junio, que alcanzó ese valor. En el primer trimestre del año fue de 8,8% y en el segundo trimestre, de 8%.