La Asociación de Profesionales Universitarios del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (Apuinia) cuestionó que “la reestructuración orgánica y funcional” de la institución “sea introducida de forma tangencial dentro de un proyecto de ley ‘ómnibus’”, en referencia a la iniciativa de competitividad y reducción del costo de vida que se encuentra a estudio de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Para la asociación, el proyecto de ley “es un instrumento impertinente e inadecuado para acometer una reforma sustancial de la Ley de Creación de INIA, careciendo de la base analítica, el debate técnico y la consulta amplia requeridos”.
En un documento presentado ante la comisión este miércoles, al que accedió la diaria, Apuinia analizó los artículos 213 al 219 del proyecto, que comprenden la “adecuación específica” del INIA e introducen cambios a la Ley 16.065, del 6 de octubre de 1989, que creó el instituto. La asociación recordó que “todo el edificio jurídico del INIA descansa sobre el postulado de que el conocimiento agronómico de base es un bien público no excluyente, cuya generación requiere estabilidad de largo plazo, independencia técnica y un modelo paritario de cogestión y cofinanciamiento entre el Estado y los productores agropecuarios”.
En ese sentido, cuestionó que convertir al INIA “en inversor de capital de riesgo distorsiona sus fines naturales y expone el patrimonio de los productores a contingencias del mercado empresarial”. El artículo 214 de la iniciativa habilita al instituto a “crear, adquirir y/o integrar sociedades comerciales, participar en consorcios y/o en fideicomisos u otros instrumentos a los efectos de promover, generar o transferir tecnología aplicada al sector agropecuario, alimentario y bioeconomía, previa autorización del Consejo Coordinador de Tecnología Agropecuaria” (CCTA). El 215, a su vez, faculta a su junta directiva a “adquirir, integrar, administrar y mantener acciones de empresas privadas conforme con los cometidos institucionales, previo informe favorable del CCTA”.
La asociación también consideró incompatible el rol del CCTA con la responsabilidad de dichas autorizaciones. “Resulta jurídicamente un despropósito otorgar la llave de la decisión empresarial de INIA a un cuerpo académico-burocrático ajeno a la Junta Directiva, desplazando a las gremiales de productores que cofinancian el Instituto y carecen de voto en dicho Consejo”, señaló.
Por otro lado, Apuinia afirmó que el INIA “ya tiene las herramientas jurídicas para articular modelos público-privados de transferencia tecnológica sin necesidad de asumir riesgos de capital mercantil”, debido a que su estructura “combina una autarquía de derecho público no estatal (con estatuto privado de personal y contabilidad flexible) con un financiamiento mixto coactivo”, provenientes del aporte de los productores vía adicional del impuesto a la enajenación de bienes agropecuarios y una contrapartida estatal.
El proyecto también extiende la exoneración de tributos nacionales del INIA a las “sociedades instrumentales donde las participaciones, cuotas sociales o acciones propiedad del INIA representen más del 50% del total”. Para la asociación, se trata de una “competencia desleal” con el resto de las empresas privadas nacionales y una “privatización subsidiada”.
Por su parte, el artículo 219 establece la compatibilidad del personal técnico y especializado del INIA para participar, “a cualquier título, en entidades que impliquen el desarrollo de nueva tecnología e innovación derivado de conocimientos generados en el marco de actividades de investigación, desarrollo e innovación realizadas en el Instituto”, por un plazo de hasta tres años. Apuinia considera que “permitir que los investigadores de INIA mantengan su sueldo público y simultáneamente participen de forma privada en la creación de empresas derivadas” genera “un terreno fértil para el conflicto de intereses de difícil fiscalización”.
Alteración de la relación con el Poder Ejecutivo
El artículo 213 fue especialmente cuestionado porque, a juicio de Apuinia, “subordina los planes de generación tecnológica a las directrices unilaterales del Poder Ejecutivo, retrotrayendo al INIA al esquema de dependencia política anterior a 1989 y colisionando con el artículo 3 de la Ley 16.065”, que establece que el diálogo entre el Poder Ejecutivo y el INIA es a través del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.
De acuerdo con el artículo, al INIA le compete “reparar y ejecutar los planes, programas e instrumentos de generación de tecnología para el área agropecuaria, de acuerdo con los lineamientos de política agropecuaria, científica, económica y tecnológica definidos por el Poder Ejecutivo”. Para Apuinia, esta última frase “altera la relación institucional entre el INIA y el gobierno nacional” e “impone una subordinación directa a los dictados políticos del gobierno de turno”.
Otra potestad al Poder Ejecutivo se da en el artículo 216, que incorpora como recursos del INIA “las utilidades anuales correspondientes a las sociedades instrumentales en las que participe” y fija que “el destino de dichos recursos deberá ajustarse a los criterios, prioridades y directrices generales que establezca el Poder Ejecutivo en materia de innovación, investigación y desarrollo agropecuario”. “Se crea de este modo una caja o ‘fondo paralelo’ asignado arbitrariamente por el gobierno, vulnerando el principio de unidad presupuestal de INIA y acentuando la injerencia política sobre el destino de los recursos”, afirma la asociación.
En su comparecencia, las autoridades del INIA afirmaron que las referencias al Poder Ejecutivo en las disposiciones “no crean una relación de dependencia jerárquica ni afectan la independencia técnica o la autonomía institucional actual”.
En el oficialismo están de acuerdo con la propuesta del Poder Ejecutivo, según supo la diaria. Por su parte, la coalición sigue con “particular atención” los planteos de Apuinia y prevé discutirlos con el Poder Ejecutivo cuando este vuelva a comparecer, en la tercera semana de noviembre, dijo el diputado nacionalista Pablo Abdala.
Abdala cuestionó que, según lo planteado en comisión, “no hay un estudio que indique que, efectivamente, hay un mercado competitivo” en el que las empresas derivadas del INIA puedan “desempeñarse con éxito”. Por el contrario, consideró que “se trataría de un artilugio que lo que escondería es la mera tercerización para, por esa vía, recortar el aporte del Estado a la investigación”. “Nos preocupa que lo que se pretenda es enjugar ese déficit [del INIA] por la vía de esta reformulación que se hace de la carta orgánica, generando una especie de proceso de tercerización de las actividades”, afirmó.
Aún restan comparecer más de 15 delegaciones ante la comisión, por lo que, a partir de la segunda semana de noviembre, esta sesionará dos veces por semana para llegar a votar hacia fin de mes.