El envío a seguro de paro de 20 trabajadores debido al cierre (por el momento, temporal) de una planta de procesado de arroz en Salto se sumó a los cerca de 500 empleos de los que ha prescindido la cadena productiva del sector en el último año. Según la Asociación Cultivadores de Arroz (ACA), esto se debe a la baja competitividad del país y a los altos costos de producción.
El presidente de la ACA, Alfredo Lago, sostuvo en diálogo con la diaria que en el último año se ha perdido esa cantidad de puestos de trabajo por el descenso en la cantidad de terrenos sembrados. Explicó que la capacidad de las plantas industrializadoras del país da para procesar una superficie sembrada de 35.000 hectáreas, pero la intención de siembra actual apenas alcanza las 15.000. “Están quedando plantas que, hasta no recuperar el área de cultivo, van a estar trabajando a una capacidad mucho más baja e incluso algunas más van a cerrar”.
Esta menor superficie cultivada se debe, a su vez, según la ACA, a un problema de “competitividad interna”. “Tenemos buena producción por hectárea y buenos niveles de exportación, pero la estructura de costos, tarifas y valor del dólar” no estimula el negocio, afirmó Lago. “La expectativa es que haya avances cambiarios, que los costos bajen y que esto se vuelva más competitivo. Y hasta que eso no ocurra, la situación va a seguir cayendo”, aseguró.
Lago dijo que la industria arrocera genera unos 7.000 puestos directos y que esta situación productiva ha generado, el último año, una pérdida que “anda alrededor de los 500 trabajadores”. “En la parte productiva llevamos dos años de retracción y más desempleo, y en la fase industrial es recién ahora”.
Respecto del cierre de la planta de Saman en Salto, sobre el que informó ayer El Observador, Lago dijo que la diferencia con el cierre de la planta de la misma empresa en Río Branco el mes pasado es que, si bien en primera instancia los trabajadores irán a seguro de paro, todavía no está definido que la situación desemboque luego en despidos, como sucedió en Cerro Largo.
Otras miradas
En tanto, una columna de opinión dada a conocer a varios medios por el ex senador Héctor Tajam y el diputado suplente Diego Reyes (ambos frenteamplistas del Movimiento de Participación Popular) pone en cuestión las medidas tomadas por el cierre de plantas Saman. Con base en datos publicados por el grupo brasileño Camil, propietario de esta empresa, afirman que es “verdaderamente sorprendente” que se haya tomado la decisión de cerrar la planta de Río Branco “por el resultado de un trimestre [el primero del año 2018], mientras que en el trimestre anterior las ventas habían aumentado 7%”. En un recuadro adjunto a la columna, se observa que, teniendo en cuenta el valor del kilogramo y el volumen de las ventas como variables, las ganancias brutas en mayo de 2018 disminuyeron apenas 5% en relación con las del mismo mes del año pasado, y aunque de mayo a febrero de este año bajaron 35%, de mayo de 2017 a febrero de este año efectivamente habían crecido 7%.
La columna también informa que el grupo Camil fue beneficiado con 95 millones de dólares desde 2007, en el marco de la Ley de Promoción de Inversiones, y por eso sostiene que es potestad del gobierno “saber qué está pasando en una empresa o grupo económico cuya rentabilidad está incrementada por las exoneraciones tributarias a la renta, al patrimonio y al IVA de sus compras”.