La Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR) compareció el viernes 2 ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados para dar su opinión sobre el proyecto de Ley de Presupuesto. En el documento que entregaron a los legisladores los representantes de CNFR expresan su discrepancia con varios artículos.
Uno de los artículos cuestionados es el 259, que transforma la Dirección General de Desarrollo Rural (DGDR) en una unidad ejecutora dentro de la Dirección General de Secretaría. “Entendemos que, de aprobarse estos artículos, se afecta el nivel institucional y operativo”, dice el texto.
El artículo del Presupuesto dice que la “Unidad de Desarrollo Rural” dependerá directamente del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y “tendrá los cometidos, funciones, recursos y atribuciones asignados” a la DDGDR; además suprime en la DGDR los cargos de particular confianza de director general y el de director técnico. Todas las referencias legales o reglamentarias a la suprimida DGDR “deberán entenderse efectuadas a la Unidad de Desarrollo Rural que se crea por este artículo”.
También, la “CNFR exhorta a mirar con mucha atención” el papel del MGAP, ya que “la afectación de la dotación de personal del MGAP, en la medida que un guarismo del orden del 50% de sus recursos humanos se encontrará en condiciones de retiro durante el quinquenio, la no provisión de vacantes y en relación al presupuesto asignado para el desarrollo rural, dejan muchas dudas sobre la calidad de sus servicios en el futuro y la capacidad de articular servicios con otros organismos, en especial en materia de desarrollo rural”.
Señala, además, que la reducción de presupuesto en el Instituto Nacional de Colonización (INC) debilita la institucionalidad y afecta al Fondo de Colonización, “aspecto que perjudica a los productores familiares con problemas de escala, a los jóvenes rurales aspirantes a tierra y a los arrendatarios con tenencia precaria. Tan sólo considerando el presupuesto asignado en el presente proyecto, se identifica una pérdida del 90% de fondos presupuestales asignados a la tarea colonizadora”.
La CNFR expresa dudas sobre la creación del Programa de Racionalización de Uso de Bienes Inmuebles del Estado. Según la organización, el artículo 64 del Presupuesto crea este programa que “establece la enajenación de predios rurales (entre otros) que estarían en posesión del Estado, a los cuales se les daría otro destino, sin considerar al INC”.
También pide que se quiten los artículos que pasan a la órbita del MGAP la Unidad Agroalimentaria de Montevideo, que en la actualidad depende de la Intendencia de Montevideo. Los integrantes de la CNFR aseguran que, además de ser una decisión inconsulta, se produjo en un momento inoportuno.
Por otra parte, el artículo 258 cambia el Fondo Agropecuario de Emergencias, lo que afectaría “la atención de pérdidas ocurridas en la producción ocasionadas por eventos climáticos”. “Si estos fondos se destinan prioritariamente a la promoción de los seguros agrícolas, antes que cualquier otro uso, por ejemplo, se quitara prioridad y recursos a la atención de las consecuencias generadas por eventuales emergencias climáticas o derivadas de plagas y/o enfermedades, se entiende que se estaría dejando fuera de una cobertura necesaria a un número de productores que pueden estar fuera de los parámetros que utilizan las empresas aseguradoras para atenderles”, dice el documento entregado a los representantes nacionales.