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Cárcel de Punta Rieles (archivo, noviembre de 2013).

Foto: Iván Franco

Operadores penitenciarios disconformes tras reunión con futura cúpula del MI: “En la impronta del nuevo ministerio nosotros estaríamos fuera”

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El futuro director general del MI aclara que no hay ninguna “animosidad contra los operadores”, aunque la conducción del INR presenta “falencias que hay que corregir”

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La Organización de Funcionarios Civiles Penitenciarios (Ofucipe) se reunió el martes con la futura cúpula del Ministerio del Interior (MI) para conocer los planes del gobierno electo respecto del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) y los 1.200 operadores que trabajan en los establecimientos carcelarios. El sindicato se manifestó “muy preocupado” y dijo tener una impresión “bastante negativa” al finalizar el encuentro con el ministro delegado, Jorge Larrañaga, y los futuros subsecretario y director de la cartera, Guillermo Maciel y Luis Calabria. El dirigente del sindicato, Juan Nolasco, dijo a la diaria que teme que haya “un retroceso muy grande” en la rehabilitación de las personas privadas de libertad, a partir del hincapié en el rol de la autoridad que manifestaron los futuros jerarcas.

“Ellos insisten en la cuestión de la ‘autoridad, autoridad, autoridad’ y que la rehabilitación pase a otro plano y no sea la pata principal como tenemos ahora. Dicen que no se trata de un tema de represión, pero que les van a dar toda la potestad a los funcionarios policiales para que actúen”, afirmó Nolasco. Según el dirigente, las nuevas autoridades ponderaron en su discurso el papel de la Policía en desmedro de los funcionarios civiles en los establecimientos penitenciarios, lo cual se interpretó como una amenaza a su fuente laboral. Consultado al respecto, Calabria aseguró que “no hay ninguna animosidad contra el operador penitenciario” y que se percibe como “una función tan importante como las otras”. “Cuando hablamos de autoridad no decimos que el operador no ejerce autoridad, lo que decimos es que la conducción del INR en la actualidad presenta una serie de falencias que hay que corregir, y se corrigen con autoridad y aplicación de la ley”, afirmó.

Para Nolasco, el panorama es “peor” de lo esperado. “Teníamos una idea en base a los comentarios que se venían haciendo y demás, pero no pensábamos que iba a ser de esa forma, que nos llegaran a plantear que si no se llega a las metas que ellos quieren ‘se corta con los operadores y ya está’”, manifestó. Según indicó el trabajador, una de estas metas es bajar los niveles de reincidencia, “que son muy altos y ellos adjudican al trabajo de los operadores”. “Que el trabajo de los operadores dependa de los niveles de reincidencia es una locura, porque vos podés hacer un proceso muy bueno dentro de una unidad penitenciaria, pero si esa persona sale en libertad, se encuentra que ya no tiene familia, que la casita que tenía ya no la tiene y no encuentra laburo en ningún lado... Obviamente, tiene que haber una política de Estado atrás para que esto funcione y que esos niveles puedan bajar”, reflexionó Nolasco.

Calabria, por su parte, negó que se haya atribuido esa responsabilidad a los funcionarios. “Se dijo una cuestión general que está en la Constitución y es que el funcionario está para la función y no la función para el funcionario. Y que hay que restablecer el criterio de autoridad, que está un poco debilitado en las cárceles, pero en ningún momento lo atribuimos a los operadores penitenciarios, sino a la conducción, que por eso se cambia”, indicó.

El dirigente sindical, en tanto, sostuvo que “plantear que la Policía está preparada para rehabilitar retrocede a antes de 2010”, año en que se creó la figura del operador penitenciario. “La Policía está preparada para la represión, actúa cuando hay disturbios. A nosotros nos capacitan desde una perspectiva socioeducativa, pensando en que las personas privadas de libertad se puedan reinsertar a la sociedad”, señaló Nolasco. El sindicalista sostuvo que si bien últimamente se comenzó a educar en defensa personal, “no es para reprimir, sino para defenderse en caso de una agresión”. “En la impronta del nuevo ministerio nosotros estaríamos fuera, porque no estamos capacitados para eso”, afirmó. Nolasco afirmó que este primer encuentro “marca una postura” y que ya se solicitó otra reunión para después de que asuma el nuevo gobierno. “Cuando se dé esa reunión, si esto no se modifica, ya tenemos planteada una asamblea para redondear un plan de acción, y comenzaremos a tomar medidas. Si persisten estos planteos, van a tener lucha de parte de los trabajadores”, advirtió Nolasco.

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