La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) dio a conocer un nuevo estudio sobre las consecuencias de la pandemia de covid-19. En este caso la organización estudió el impacto en las mujeres en el informe especial número 9, “La autonomía económica de las mujeres en la recuperación sostenible y con igualdad”.
Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal, dijo en una conferencia virtual desde Santiago de Chile la semana pasada que uno de los objetivos del informe es visibilizar con datos el problema que están atravesando “millones de mujeres en América Latina y el Caribe”, y planteó que “la sociedad debe ir hacia una economía del cuidado” porque “la pandemia nos ha mostrado que los que sepan cuidar y cuidarse son los que van a tener mayores posibilidades de sobrevivencia en el corto y en el largo plazo”. Para superar la crisis aseguró que “la autonomía de las mujeres es central”, ya que la recuperación, además de ser sostenible, tiene que ser igualitaria.
Sobre los cuidados agregó que las mujeres “históricamente han cumplido ese rol”, pero hay que “entender que económica y socialmente tiene efectos multiplicadores; invertir en el cuidado puede tener efectos importantes en el resto de la economía”.
“La crisis del covid ha puesto de manifiesto la injusta organización de los cuidados en América Latina y el Caribe. Antes de la pandemia [las mujeres] dedicaban a los cuidados remunerados y no remunerados tres veces más del tiempo que los hombres, y ahora con las medidas de confinamiento se han agravado estas presiones. Por otro lado, el trabajo decente y con derechos es un motor emancipador de la sociedad en su conjunto, pero sobre todo para lograr la autonomía económica de las mujeres”, dijo en referencia a la falta de formalidad en los trabajos de cuidado y en el trabajo doméstico; 76% de las personas dedicadas al trabajo doméstico remunerado no tiene cobertura previsional, por lo que no pudo acceder al seguro de desempleo en 2019, lo que supone 13 millones de personas sin cobertura en la región.
En la primera línea
El texto también propone un cambio de paradigma para que las políticas de empleo cierren las brechas digitales: “Lo que se propone el documento es que los Estados tienen que apostar por una política fiscal y de empleo con perspectiva de género y con un enfoque transversal que llegue a todos los espacios de decisión”.
“El covid ha profundizado los nudos estructurales de la desigualdad de género y atenta contra la economía de las mujeres”, dijo Bárcena, y agregó que “las mujeres están sobrerrepresentadas en los hogares pobres” y están más expuestas al desempleo. Durante esta pandemia esto se agudizó y se produjo “una expulsión masiva desde el trabajo hacia sus casas [...] tienen más informalidad, sufren de barreras de acceso a servicios financieros y están expuestas a grandes brechas digitales”; además, la concentración del poder hace que las mujeres no tengan acceso a puestos de trabajo en los que se tomen decisiones. “La división sexual del trabajo es tremendamente injusta; las mujeres, además de estar en sectores de baja calificación, muchas veces están en la primera línea de respuesta a la pandemia. Pero, sobre todo, la carga de cuidados ha aumentado de una forma impresionante: en Argentina aumentó 51%, en Uruguay 20% y en Colombia 39,65%”.
Además, “73,2% de las personas empleadas en el sector de la salud son mujeres, quienes han tenido que enfrentar una serie de condiciones de trabajo extremas, como extensas jornadas laborales que se suman al mayor riesgo al que se expone el personal de la salud de contagiarse del virus. Todo esto en un contexto regional en el que persiste la discriminación salarial, pues los ingresos laborales de las mujeres que trabajan en el ámbito de la salud son 23,7% inferiores a los de los hombres del mismo sector”, aseguró.
Bárcena destacó el aumento de la violencia de género como expresiones patriarcales, denominó a los femicidos “la pandemia en la sombra” y dijo que la violencia en las redes también creció.
El informe de la Cepal evidencia que el coronavirus no sólo tiene impacto en los ingresos, sino también en la calidad del empleo. “Si comparamos la tasa de participación de las mujeres buscando trabajo, bajó de 62,5% a 57,2%. Se calcula que la tasa de desocupación de las mujeres llegó a 12% en 2020, porcentaje que se eleva a 22,2% si se asume la misma tasa de participación laboral de las mujeres de 2019. El año pasado, explica el estudio, se registró una contundente salida de mujeres de la fuerza laboral, quienes, por tener que atender las demandas de cuidados en sus hogares, no retomaron la búsqueda de empleo, especifica el resumen del informe publicado por la Cepal.
Sobre esto Bárcena dijo que “vamos a tener 118 millones de mujeres en situación de pobreza, y esta cifra la estamos tomando en base a que no haya medidas por parte de los gobiernos, 23 millones más que en 2019”. Esto significa un retroceso de diez años, “es una década perdida en la participación de la mujer en el mercado laboral”.
Segmentación laboral en la región
En América Latina y el Caribe la caída del producto interno bruto (PIB) fue de 7,7% y las mujeres, por el tipo de trabajo que desempeñan, están en los sectores de alto riesgo, como el comercio, la manufactura, el turismo y los servicios administrativos. Según el documento, “un 56,9% de las mujeres en América Latina y un 54,3% en el Caribe se encuentran ocupadas en sectores en los que se prevé un mayor efecto negativo en términos del empleo y los ingresos por causa de la pandemia”.
Otro de los sectores afectados es el de los cuidados y el trabajo doméstico remunerado; en este último 91,5% de las personas empleadas son mujeres. En la educación pasa algo similar: 70,4% de las personas afiliadas a la seguridad social son mujeres. “En la enseñanza es donde están más protegidas, igual que en la salud, pero sin dudas siguen siendo sectores muy impactados por la pandemia”, aseguró Bárcena.
La Cepal propone “priorizar en sus estrategias de vacunación al personal de la salud –incluidas las personas que prestan servicios asociados de limpieza, transporte y cuidados– y a quienes se desempeñan en los sistemas educativos y en el trabajo doméstico, en su mayoría mujeres, que son un pilar fundamental para el cuidado y la sostenibilidad de la vida”.
La secretaria ejecutiva de la organización dijo que en salud la feminización del trabajo es similar en la región; en algunos países llega a 60%, pero en otros, como República Dominicana, alcanza 80%, siendo el promedio 73,2%. “El problema es que hombres y mujeres no ganan lo mismo: hay una diferencia salarial de 23,7% haciendo las mismas labores. Esta es una injusticia plena”, sostuvo.
“La falta de autonomía económica en las mujeres se agrava, sobre todo, en las de menores ingresos, que enfrentan un doble obstáculo: una brecha de acceso a internet y una falta de capacidad de conectividad”, aseguró, y dijo que según cálculos de la Cepal los hogares deben invertir 11,6% de sus ingresos para acceder a internet, y si a eso se le suma la telefonía, el porcentaje llega a 14,3%.
“Lo que estamos tratando de demostrar es la cantidad de mujeres que no tienen ingresos propios”, por lo que no pueden acceder a estos servicios y, por lo tanto, si quieren tenerlos deben “ir con el hombre o con alguien a pedir lo que necesitan. Ese es uno de los obstáculos que tenemos que vencer”. Esta falta de conexión impide el teletrabajo, lo que sería una posibilidad de empleo, ya que hay más mujeres que hombres que ocupan puestos en que el trabajo a distancia es posible. “En Uruguay 39,9% podrían hacerlo”, pero el problema es que hay países de la región con muy bajo nivel de conectividad, especificó Bárcena.
Las propuestas
“Tansversalizar las políticas de género en todas las políticas de recuperación es necesario pero no suficiente. Se requieren acciones afirmativas en el ámbito fiscal”, dijo. Para ello es necesario “un pacto fiscal para la igualdad, una trasformación digital incluyente, una recuperación productiva para las mujeres y, por supuesto, posicionar la economía del cuidado en el rol que merece, que es el de un sector dinamizador. Si invertimos en la economía del cuidado los efectos multiplicadores en el bienestar y la redistribución del tiempo y los ingresos en la participación femenina, van a redundar en mayor crecimiento, en mayor demanda y recaudación”, afirmó.
Una de las cosas que se requieren para estos cambios es información diferenciada entre hombres y mujeres de los efectos de las medidas fiscales impulsadas, y la integrante de la Cepal dijo que, gracias a las políticas públicas, no habrá 230 millones de personas pobres como se había estimado, pero no se puede festejar porque posiblemente se llegue a 209 millones. “Hay un impacto positivo. Lo que no se midió fue el impacto entre hombre y mujeres. Tenemos la hipótesis de que [en las mujeres estas políticas] han impactado menos de lo que quisiéramos”.
Para Bárcena, el aumento de la recaudación debe ser progresivo, porque el pago del IVA impacta más a las mujeres que a los hombres y a los hogares pobres; “es un impuesto que afecta los alimentos y los medicamentos, bienes esenciales en los que las mujeres gastan más”.
Bárcena dijo que los gobiernos también deberían asignar un gasto público destinado a políticas de género a largo plazo como, por ejemplo, la asistencia a víctimas de violencia o los servicios de salud sexual y reproductiva, además de servicios públicos de cuidados remunerados. “Muchas mujeres están muy presionadas, con niños en casa y obligadas a abandonar sus empleos porque no hay servicios públicos de cuidados”, dijo, y comentó que este tipo de políticas también sirve para emplear mujeres en el cuidado.
Otra propuesta concreta es el ingreso básico de emergencia para las mujeres y darles un apoyo a las empresas encabezadas por mujeres, además de acceso a la contratación y las compras públicas.
“Hay 40 millones de hogares sin acceso a internet ni conexión digital, por lo que hablamos de que se debe proporcionar una canasta básica digital: una laptop o computadora y una conexión de bajo costo. Sería el 1% del PIB”, dijo, y a pesar de que la Cepal es consciente de que se trata de un costo alto, una de cada cuatro mujeres de la región se beneficiarían de una canasta básicas digital, “por lo que es una gran inversión”, que requeriría inversión del sector privado. Bárcena contó que habló con distintas ministras de la región, entre ellas la titular del Ministerio de Economía y Finanzas de Uruguay, Azucena Arbeleche, y una de las conclusiones a las que llegaron fue que se trata de una medida “muy costosa pero muy relevante”.
Otra tarea es ver en la recuperación cuántos puestos podrían ser ocupados por mujeres. “El gran reto del futuro es ver cómo se van a crear empleos”, y dijo que un ejemplo es la vacunación, no sólo en la etapa de inmunización, sino en el desarrollo de vacunas, un sector de potencial empleo para las mujeres.
“Además de transversalizar la perspectiva de género en todas las políticas de recuperación, se requieren acciones afirmativas en el ámbito de las políticas fiscales, laborales, productivas, económicas y sociales, que protejan los derechos de las mujeres alcanzados en la última década, que eviten retrocesos y que enfrenten las desigualdades de género en el corto, mediano y largo plazo”, concluyó Bárcena.