En los primeros días de gobierno de Luis Lacalle Pou, el Poder Ejecutivo (PE) decretó la limitación del ingreso de funcionarios al Estado. El decreto de austeridad fiscal (90/020) determina la reducción de 15% de funcionarios de las instituciones de la administración pública; además, los cargos vacantes generados al 31 de diciembre de 2019 no fueron cubiertos, y de los que se generaron durante 2020 sólo se cubrió un tercio. Esta decisión generó en 2020 la queja de varios sindicatos estatales y de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE).
A más de un año de publicado el decreto (la promulgación fue el 11 de marzo de 2020 y fue publicado el 18 de ese mes), UTE elaboró un documento en el que dice que “es necesario reponer 100% de las bajas que se efectivicen en el período 2022-2023” para continuar trabajando en la mejora de la gestión. “La necesidad de personal está directamente vinculada al mantenimiento de la calidad de servicio y la imagen de UTE”, dice el informe.
En el documento Presupuesto de ingresos de personal - Años 2022-2023 se asegura que “resulta fundamental continuar con el proceso de renovación de la plantilla de la empresa, dado que se presentan dificultades derivadas de su envejecimiento y de la posibilidad de disponer de los perfiles adecuados para los puestos de trabajo”.
En el correr de 2022 y 2023 UTE podría perder “16% de sus puestos de trabajo actuales. Esta estimación supone que se desvinculan de la empresa anualmente 25% de funcionarios con causal jubilatoria. Cabe acotar que cualquier modificación en materia jubilatoria podría impactar en el escenario analizado”, dice el informe, y señala también que entre 2015 y 2020 la plantilla de trabajadores pasó de 6.616 a 6.178 (438 funcionarios menos), y detalla que al 28 de febrero de 2021 había 6.072 trabajadores.
Como se han incorporado facilidades tecnológicas, la empresa del Estado necesita personal calificado que hoy no tiene.
A pesar de que en el documento no se menciona el decreto 90/020, dice: “El perjuicio de reponer sólo un tercio las vacantes que se van generando por los retiros de funcionarios en la División, fundamentalmente retiro jubilatorio, impacta en todos los proceso de sus unidades, ya sean procesos de carácter operativos relacionados con clientes internos y externos como Liquidación y pago de Acreedores, donde pueden ponerse en riesgo plazos de cumplimiento de obligaciones en la medida de no poder afrontar el volumen de operaciones existente con la dotación de personal necesario [...] Por lo anterior, se considera oportuno cubrir 1 a 1 las vacantes generadas por retiros de funcionarios en período 2022-2024”.
Si bien el texto detalla las necesidades de cada lugar, dice que “en el área de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) las necesidades de ingreso de personal son factores claves para el éxito de la implementación de los ejes estratégicos definidos a nivel empresa, que implican en su gran mayoría la incorporación de tecnología. La trasformación digital que está transitando UTE implica por ejemplo digitalizar trámites, automatizar operaciones, reducir trabajos rutinarios, mejorar la eficiencia y mejorar el servicio al cliente”.
UTE planea incorporar nuevas tecnologías como inteligencia artificial, blockchain, soporte para big data, ciberseguridad y herramientas para el análisis de datos, lo que requiere “una fuerza laboral especial para poder abordar dichas temáticas. Estas nuevas aplicaciones y tecnologías que se van incorporando son habilitadoras de nuevas funciones en la empresa tales como: medición y gestión remota de medidores de energía, nuevos controles para pérdidas, soporte tecnológico para el vehículo eléctrico, soporte tecnológico para la emisión de certificados de energía limpia, digitalización de trámites para los clientes, mayor acercamiento al cliente a través de distintos medios tecnológicos e implementación de nuevos productos comerciales”, entre otras cosas.
El documento plantea que la tercerización de servicios se debería mantener como hasta ahora: “Un 60/40 funcionarios contra servicios tercerizados se entiende que es un nivel de razonable equilibrio y que sería riesgoso aumentarlo, ya que es un área crítica para el crecimiento de la empresa y aumentar la tercerización”, lo que “generaría riesgos importantes al perder capacidad de ejecución, pero sobre todo en pérdida del conocimiento interno para el desarrollo del negocio y del soporte de las tecnologías que lo sustentan”.
El informe dice que para mejorar la eficiencia y productividad es necesario un plan de calificación; a su vez, y para el mantenimiento de las instalaciones, con recursos propios y contratados, UTE necesita “un presupuesto acorde que hoy no disponemos, por lo que existe un gran atraso en el mantenimiento y renovación de la red, lo que se traduce en un deterioro de calidad de servicio y en reiteradas quejas de nuestros clientes”.
Esta necesidad de personal se debe a que el crecimiento en instalaciones de transmisión entre 2014 y 2020 fue mayor a 50%, por tanto “todas las actividades de mantenimiento y gestión de las instalaciones han crecido en forma proporcional”. La red creció a una tasa anual de 1,7%, “pasando de poco menos de 73.000 km de red en 2009 a 87.000 km en 2020”.
En cuanto a necesidades específicas, el informe dice que se precisan 283 oficiales más; 40 profesionales y 23 ingenieros tecnológicos o estudiantes de Ingeniería.
“Para entender la gravedad del tema, tomamos como punto de partida la fuerza de trabajo necesaria hoy en día para poder cumplir con los estándares de calidad demandados por los clientes, usuarios y también lo que impone la Ursea (Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua). En este sentido se considera lo más conveniente para operar la red disponer básicamente de 100 % de recursos propios”, dice el texto.
En líneas generales, la empresa requiere de 2.078 funcionarios propios; hasta el 31 de diciembre de 2020 tenían 1.454 funcionarios y otros 78 contratados. “Dentro de los 1.454 funcionarios, se contabiliza personal que presenta limitaciones psicofísicas para trabajar directamente en la red, lo que hace que la brecha de personal faltante se acentúe aún más, superando ampliamente los 550 funcionarios, de los cuales 350 corresponden a puestos de técnicos y oficiales”.
El documento dice que si bien son conscientes de las restricciones presupuestales, “no podemos dejar de advertir que la extensa red de distribución requiere de su operación fluida y mantenimiento constante, con recursos ubicados territorialmente de manera estratégica de modo de brindar la respuesta necesaria a toda hora”.
Por otra parte, también necesitan un mínimo de personal para conformar las cuadrillas de mantenimiento preventivo y correctivo, que estén ubicadas en ciudades capitales y localidades estratégicas de todo el país.
Además, el texto dice que “se ha retomado y potenciado con personal propio tareas de obras especializadas tales como el telecontrol y el montaje de subestaciones modulares, en las que se obtiene excelente resultado en función del nivel de formación tecnológica que posee el personal de ingreso más reciente. En definitiva, el criterio actual es que las tareas más rutinarias y de menor especialización perfectamente pueden ser contratadas, mientras que las más estratégicas y especializadas es conveniente realizarlas con personal propio”.