Trabajadores que desempeñaban tareas para la fábrica Ticholos del Uruguay SRL, localizada en la zona de Empalme Olmos, iniciaron acciones por falta de pagos.
Los empleados dejaron de percibir sus haberes el 21 de setiembre, fecha en la que sucedió el homicidio de dos socios a manos de Humberto Radiccioni, un tercer socio de la empresa.
Jennifer Romero Traversa, abogada que patrocinaba a 17 funcionarios, explicó a la diaria que desde setiembre no se realiza el pago de haberes. “Accionamos judicialmente con un embargo de todos los bienes muebles que estaban en la empresa, y además presentamos una medida cautelar sobre determinados bienes de la empresa, como los ticholos, porque hubo también una especie de acuerdo de uno de los socios, que quería vender el stock de mercadería sin el consentimiento de los demás”, agregó.
Romero detalló que “quien está participando activamente en la parte judicial es el diputado del Partido Nacional Javier Radiccioni, hermano de uno de los socios e hijo del asesino de los otros dos socios”. Comentó que el legislador, que es dueño del predio en el que está ubicada la fábrica, pidió formalmente el desalojo del padrón.
Precisamente existe un contrato de arrendamiento, al que accedió la diaria, que expresa que Javier Radiccioni “da en arrendamiento el inmueble (padrón 6575)” a su hermano, Augusto Radiccioni, y a Jorge Maxilimiano Percovich, representantes de la empresa Ticholos del Uruguay.
En la actualidad la fábrica está cerrada, y los 17 trabajadores no están cumpliendo con las tareas que tenían hasta fines de setiembre. Desde ese mes hasta la fecha ninguno de los trabajadores fue despedido. “Se les debe salarios, licencias, salario vacacional y aguinaldo”, explicó la representante legal.
Romero denunció que desde el 29 de noviembre “el socio mayoritario de la empresa, que es el señor Augusto Radiccioni, se comunica y concurre a los domicilios de los trabajadores y les ofrece dinero a cambio de hacer un arreglo por fuera de lo que son los asesores letrados, o sea, él arregla directamente con los trabajadores”.
Acotó que “les dice a los empleados que si no intervienen los abogados, él se compromete a pagar un importe, que sería la mitad de lo que deberían cobrar por ley”.
De los 17 trabajadores que Romero comenzó a defender hace dos meses, siete aceptaron el ofrecimiento de Radiccioni.
“Esto lo denunciaré ante la Justicia. Los trabajadores me pidieron perdón, pero me dijeron que necesitaban el dinero”, dijo la abogada, y explicó que esa acción se califica de “un incumplimiento al actuar con lealtad y buena fe. Es decir, las dos partes tienen un abogado designado, pero él lo ignora. Es un incumplimiento a determinados principios que están en el Código General del Proceso y en el proceso laboral. Hay una violación de principios generales. Lo vamos a denunciar al juzgado competente para que tome una resolución al respecto”.
Sobre esta situación la abogada comentó que se comunicó con la profesional que trabaja en la defensa de Augusto Radiccioni, quien reconoció que no estaba al tanto del proceder de su cliente.
“En 12 años que ejerzo como abogada, nunca me pasó algo igual. Primero, ser ignorada por completo por los clientes de la otra parte. Si bien quienes son mis clientes pueden renunciar a mi patrocinio, ahora que estamos en el proceso judicial, lo que hace Radiccioni roza lo ilegal. Hubo plazos para pagar los salarios, no realizó ninguna propuesta y ahora hace esto fuera de todo patrocinio letrado. Es realmente preocupante lo que está pasando y cómo se maneja esta gente”, concluyó Romero.
La situación actual de los empleados de la fábrica de ticholos
Romero manifestó también que hasta la fecha todo sigue igual, ya que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) expresa que al no estar sindicalizados los trabajadores en un gremio, y al no existir una negociación colectiva, no pueden interferir en el caso ni acercar a las partes. Agregó que la instancia de conciliación con la parte empresarial no dio resultados, “ya que no tienen voluntad ni interés en acordar nada”.
Con respecto a los acuerdos voluntarios que han llevado adelante los trabajadores y Augusto Radiccioni (como socio mayoritario) en el MTSS, expresan que “se hicieron acorde a la ley”, por lo que entiende que no le cabe responsabilidad alguna en eso. No obstante, la abogada entiende que hay una competencia desleal porque estaba patrocinando a los trabajadores y el MTSS interfirió. Por tal motivo decidió reclamar ante la sede competente mediante un reclamo civil.
“Hubo siete trabajadores que hicieron acuerdos con el ministerio de por medio”, sostuvo Romero. Comentó que el pasado 18 de diciembre tuvo lugar una audiencia de conciliación en el MTSS a la que asistió la abogada de Augusto Radiccioni. El diputado Javier Radiccioni, que es dueño del predio donde está la fábrica de ticholos, fue citado pero tampoco asistió. Después de esa fecha ingresó la demanda propiamente dicha, y la próxima instancia será el 18 de enero en el MTSS.
La fábrica y el embargo
Días atrás, se conoció que la Justicia había retirado el embargo que recaía sobre la fábrica de ticholos y que sus propietarios recuperaban la posibilidad de vender nuevamente a clientes y público en general. Consultada al respecto, Romero expresó que “esa resolución no está firme, será impugnada”. Dijo además que “aún no hemos podido agotar la instancia administrativa y previa ante el MTSS. El plazo de 30 días es muy acotado”.
Por su parte, consultado por la diaria, el diputado del Partido Nacional aseguró que no tiene “nada que ver con la empresa” y agregó que no puede “opinar de temas” que no entiende.