Un grupo de poco más de 200 profesionales, de distintas ramas de la actividad y de varios departamentos del país, enviaron una carta a la directora de la Dirección General Impositiva (DGI), Margarita Faral, con el objetivo de plantearle “su preocupación por los costos de utilizar la facturación electrónica”, como así también el monto que el organismo cobra por los certificados para la correspondiente implementación.
Juan Baubeta, de profesión arquitecto, dialogó con la diaria y explicó que trató el tema con tres profesionales que son colegas, y que luego los cuatro decidieron crear un grupo de Whatsapp, que actualmente supera las 200 personas, que comparten la misma preocupación: los costos por el uso de la facturación electrónica.
Cabe recordar que hace unos 20 días la DGI anunció que extendía el plazo para efectivizar la obligatoriedad de la facturación electrónica en aquellas empresas y contribuyentes que tributen IVA y brinden servicios personales, incluso los que tributan IVA mínimo.
El plazo en un principio vencía el domingo 31 de diciembre, pero hace tres semanas, y por intermedio de una resolución, el organismo estableció que ahora los contribuyentes tienen tiempo hasta el martes 31 de diciembre de 2024. Sobre el tema, Baubeta dijo que “no tenemos nada en contra de la facturación electrónica en sí, sino en contra de que tenga un costo y de cómo se calcula ese costo”.
Explicó que los profesionales en el país tienen un “problema de representatividad grande, y es que no tenemos una institución que nos represente a todos juntos. La única institución donde los profesionales se juntan es la Caja de Profesionales, que está creada por ley y que no tiene entre sus fines u objetivos el representarnos”. Aclaró que son representados dentro de la Caja de Profesionales, pero sólo en materia administrativa.
“El costo fijo de la facturación es lo que en este momento le estamos reprochando a la DGI. Pagar hay que pagar. Si yo hago una sola factura, pago una vez eso, pero si no hago ninguna factura, no tengo ningún costo fijo. Porque el costo fijo asume que yo tengo ingresos por otro lado, y muchos profesionales solamente tienen el ingreso de la facturación”, explicó.
“Tengo que ir yo al privado, a pagarle mes a mes un contrato de dos años para un sistema que no sé si lo voy a poder pagar. Si contrato un sistema de facturación y resulta que después facturó poco y nada, y terminó perdiendo dinero, lo que voy a hacer es bajarme”, ilustró.
Con respecto a la postergación por un año de la obligatoriedad, dijo que “la vienen estirando hace años, y nunca se le cambia el fundamento. Nosotros discutimos el fundamento, porque el año que viene va a haber el mismo problema, y el problema no es un tema de si facturar electrónicamente, que a los que ejercemos, literalmente, nos puede servir mucho”.
El arquitecto señaló que, hasta el momento, de la carta enviada días atrás, aún no han tenido respuesta de la directora de la DGI. El mismo texto fue enviado a la jerarca vía email. La expectativa de los profesionales es que Faral acceda a una reunión con representantes de este grupo para que puedan explicar mejor la situación. Aún no se trató entre los profesionales qué hacer en el caso de no ser recibidos ni escuchados.
Aclaró que “lo que estamos proponiéndole a la DGI es una manera de que más gente pueda facturar. Eso es una forma de traer esta agua para el fisco, porque cuando yo facturo, estoy declarando cosas para rendir IRPF y estoy aportando a Fonasa. Estoy haciendo mil cosas más que al Estado, a la sociedad y a mí me sirven”.
Agregó que “la práctica de facturar a través de otra persona está recontra extendida hace años, pero es una de las cosas que mata también a la Caja de Profesionales, porque cuando un profesional paga una plata fija por mes, no importa lo que facture. Entonces puede estar facturando el dinero de cinco profesionales y esos otros cinco profesionales no están aportando a las cajas”.
Baubeta concluyó diciendo que “podemos ser miles los que creemos que la DGI no tiene la sensibilidad suficiente como para darse cuenta de que la realidad económica y laboral de muchísimas personas es diferente a la que ellos ponen en los papeles, en los documentos”. “Queremos lograr hacernos escuchar porque entendemos que en la solución planteada no estamos siendo escuchados”, expresó, y aclaró que el objetivo es encontrar una solución “para poder trabajar y aportar, no es para poder no aportar; al contrario”.
Carta a la directora de la DGI
“Entendemos que el pasaje a facturación electrónica es algo inevitable, y es de esperar que tarde o temprano abarque todas las actividades. Vemos cómo año a año se posterga la incorporación al nuevo sistema sin que aparezcan modificaciones que contemplen la realidad actual de los contribuyentes”, señala la misiva.
Agrega que “el ingreso de las diferentes profesiones no es uniforme, y mientras algunas profesiones o modos de ejercicio permiten prever ingresos mensuales, hay otras muchas en que los ingresos dependen de la real venta de servicios personales, que muchas veces responden a períodos zafrales y a clientes que no requieren de los mismos servicios todos los meses, con montos menores que conforman un ingreso fluctuante”.
En esa línea, los profesionales apuntaron que su “ingreso no es compatible con este tipo de implementación de costo mensual. Podría serlo con un costo por documento emitido, si no genera egreso en el período en que no se factura, porque el mecanismo actual de devolución implica primero el pago cuando no se está teniendo ingresos”.
En uno de los párrafos de la nota se explica que “creemos necesario el desarrollo de una infraestructura propia de DGI para permitir que los profesionales con esta realidad podamos incorporarnos al sistema sin seguir aumentando los costos fijos, que son el principal freno económico al ejercicio, pero, sobre todo, al retorno a la actividad”.
Los profesionales solicitan a la DGI el estudio y adecuación de los costos de la facturación electrónica, implementar el suministro del servicio en forma gratuita o de pago por factura sin costo fijo, y sustituir el certificado de firma de carácter oneroso por el servicio gratuito de firma electrónica avanzada, que ya se utiliza en otros documentos, en los que son asumidos frente al Estado responsabilidades penales y civiles propias del ejercicio de las profesiones.