La cooperativa de trabajo de extrabajadores de la empresa láctea Pili (Cosepi), de Paysandú, fue fundada en diciembre de 2019. Actualmente está integrada por 13 personas. Pero de los casi 200 extrabajadores de la compañía, son 98 los que presentaron el reclamo correspondiente por adeudos impagos. Esa es la cantidad de personas que no fue contemplada en la Ley 19.690 de insolvencia patronal.
El vicepresidente de la cooperativa, Marcel Petrib, explicó a la diaria que días atrás, el directorio del Banco de Previsión Social (BPS) informó a los exempleados de la firma que no daba lugar al pedido de amparo solicitado al Fondo de Garantía de Créditos Laborales. “Realizamos las gestiones pertinentes con los abogados, sabiendo que era difícil, y nos notificaron que la respuesta era negativa. Estaba dentro de lo esperado. Ahora recurriremos a otras vías”, expresó.
La presentación de la solicitud había sido realizada ante el presidente del organismo, Alfredo Cabrera, en la segunda quincena de octubre de 2023. Las comisiones de Descentralización y Asuntos Laborales de la Junta Departamental de Paysandú fueron las encargadas de presentar formalmente el pedido.
Sobre los próximos pasos a seguir, Petrib comentó que este jueves el edil del Partido Nacional Marcelo Tortorella presentará en la Junta Departamental una moción que consiste en que se redacte un proyecto de ley, en la que la propuesta sea retroactiva por tres meses hacia atrás, a fin de que los exempleados puedan ser contemplados.
“Es por ese motivo, por el tiempo, que no nos abarca a los extrabajadores de Pili”, afirmó. Tres meses después de que cerró la empresa, se aprobó la Ley 19.690 [del 29 de octubre de 2018 pero que entró en vigencia el 1º de junio de 2019] que ahora no los contempla. Según lo redactado en la ley, ampara a quienes se presentaran una vez que esta entró en vigencia.
Sobre la deuda, Petrib comentó que a cada trabajador se le adeuda aproximadamente unos 400.000 pesos. “Esperamos tener la suerte de poder cobrar todo o al menos una parte”, sostuvo, aunque agregó que desconoce qué importe se les puede adeudar a quienes en la empresa Pili cumplieron tareas como encargados, jefes u otros cargos de responsabilidad.
Destacó que ahora el tema comienza a tomar un camino “más político”, aunque recordó que en esta gestión ya se trabaja desde hace tiempo, pues representantes de la cooperativa han mantenido reuniones con diputados y senadores de varios partidos políticos. Mencionó además que en su momento se le entregaron cartas al presidente Luis Lacalle Pou y al entonces secretario de Presidencia, Álvaro Delgado. A pesar de las gestiones, dijo que “nunca se pudo alcanzar la coordinación de una reunión”.
“Varios actores políticos nos apoyaron, y motivaron a que transitáramos ese camino, que era la última alternativa que nos quedaba para lograr que nos paguen lo que nos están adeudando, los créditos laborales”, dijo Percib, quien resaltó que entre 2022 y 2023 se mantuvieron varias reuniones con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, quien los incentivó también a tomar el camino de la política para intentar cobrar los importes correspondientes.