En la Cámara de Armadores Pesqueros del Uruguay (CAPU) y en la Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay (CIPU) existe preocupación por el alto valor de la prima que se aplica al sector en cuanto a siniestros laborales. Ricardo Piñeiro, presidente de la CAPU, dijo a la diaria que “se han realizado desde diciembre pasado algunos planteos por este tema a las autoridades del Banco de Seguros del Estado (BSE), para atender y solucionar el tema de la siniestralidad”, pero sin las respuesta esperadas.
El directivo explicó que “en la pesca, sobre todo en el tema de los embarcados, hay como un incentivo para ir al seguro de paro después de las zafras, y eso sucede porque el BSE toma lo ganado los últimos seis meses anteriores al accidente. Entonces, enseguida que termina la zafra, los trabajadores ganan en función de lo que se pesca, es decir, que durante los meses de zafra ganan tres o cuatro veces más. Cuando empieza la baja zafra, van al denominado ‘seguro de accidente’ y el BSE paga un jornal, que significa inclusive hasta a veces más de lo que ganarían si estuvieran trabajando”.
Agregó que “por otro lado, se genera una injusticia con los trabajadores que se lastiman o se accidentan en el inicio de la zafra, que le toman los seis meses para atrás que son de baja zafra, y entonces cobran un jornal muy bajo. Lo que se le pidió al BSE es que se tomaran los 12 meses anteriores, y así se promedia todo el año, y ahí se eliminaría parte del incentivo para ir al seguro. Eso nunca fue tomado en cuenta”.
Dijo que a fines del año pasado, el sector ya estaba viviendo una situación económica muy complicada, por lo que se envió una nota solicitándole al BSE una rebaja de la prima y que se estudie ese tema, y otros relativos a la prevención de accidentes. “Nos contestaron tres meses y medio después”, dijo Piñeiro. Mencionó que el banco estatal contestó a través de una gerencia técnica, y que por eso propició otra nota por parte de la CAPU.
El planteo realizado al BSE fue compartido también con Presidencia de la República a través de la Secretaría, también en diciembre. “No sólo es el tema del BSE, hay también varios temas que afectan al sector, y que le está generando unos costos innecesarios, y estamos tratando de que se corrijan. Pero no tuvimos respuesta inmediata”, agregó, aunque valoró que en marzo se citó a la Mesa Coordinadora de la Pesca (Consejo Consultivo Pesquero) por parte de Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, del Ministerio de Ganadería.
“De esa instancia de diálogo, se nos informó que se estaba estudiando alguna propuesta para hacernos”, dijo el directivo, que acotó que no ha existido la posibilidad de una reunión con el directorio del BSE, ni con el presidente del organismo, José Amorín Batlle. Resaltó que se solicitó a las autoridades del banco que se analice nuevamente el tema, y “esperamos que se tome conciencia del momento que está viviendo el sector. Hoy el BSE no está recaudando nada porque los barcos están parados desde diciembre. Creo que tampoco les sirve”.
La carta de la CAPU y la CIPU
Ambas entidades sostuvieron que “el BSE omite que la prima que nos impone incluye a todo el personal de la pesca, desde un marinero de cubierta hasta una administrativa en una oficina cuyos riesgos laborales son, evidentemente, muy diferentes”, y señala que “no es verdad que la tarifa por accidente de trabajo en la pesca sea del 9,13% de la masa salarial. La tarifa genérica es del 10,24%”.
“Celebramos que se incremente la rigurosidad en el análisis de los siniestros denunciados, cuyos resultados demuestran que las denuncias que venimos realizando hace años han sido bien fundadas. Insistimos en que, aún hay un margen significativo para identificar y rechazar denuncias falsas”, añade la nota.
Expresan también que “pagar el 10,24% de toda la masa salarial para cubrir el riesgo laboral del sector excede cualquier lógica de un seguro. Es el equivalente a pagar un salario extra por cada diez. Les convendría a nuestras empresas invertir dicho monto en renta fija y, llegado el caso de un siniestro, darle el dinero al trabajador en lugar de pagar el ‘diezmo’ obligado al Banco de Seguros del Estado”.
Finalmente, y en cuanto a las conclusiones expresadas, la nota expresa que se lamenta que el BSE “pretenda, desde su posición monopólica y el mayor desconocimiento de la diversidad y complejidad del sector pesquero, descargar exclusivamente sobre las empresas la responsabilidad de una prima excesiva”.
“El BSE sabe que la alta siniestralidad (y, en consecuencia, la prima) está basada en un sistema que incentiva las falsas denuncias (por no estar adaptado a la estacionalidad del sector) y en la incapacidad del BSE de detectarlas y rechazarlas. El BSE aplica la misma prima a roles que van desde un administrativo en una oficina en tierra, hasta un marinero en la cubierta de un buque en alta mar”, afirman las cámaras.
Se expresa también que teniendo en cuenta el perjuicio causado al sector por el BSE, las empresas que integran las cámaras “no escatimarán esfuerzos, por todos los medios posibles, para modificar este injusto estado de las cosas”.