Este miércoles comparecieron ante la comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del Senado el ministro de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Mario Arizti, el inspector general del Trabajo, Tomás Teijeiro, y el asesor Pedro Gari, por el proyecto de ley que regula la actividad de las plataformas digitales propuesto por el MTSS.
La iniciativa, denominada formalmente “Servicios de entrega de bienes o transporte urbano y oneroso de pasajeros” (Tutela del trabajo desarrollado mediante plataformas digitales), consiguió media sanción en julio por la Cámara de Diputados, y ahora está en el Senado.
De acuerdo con el proyecto, este contempla “a todo trabajador que desarrolle tareas mediante plataformas digitales que facilitan servicios de entrega de bienes o transporte urbano y oneroso de pasajeros [como Pedidos Ya, Rappi, Uber], independientemente de la calificación jurídica de la relación que entablen con las empresas titulares de tales plataformas (relación de trabajo dependiente o autónomo)”.
Sobre esta relación entre los trabajadores y las empresas es que el Frente Amplio (FA) presenta objeciones, según indicó a la diaria la senadora frenteamplista Amanda Della Ventura. “En realidad no está en el proyecto que se genera una relación de dependencia con quienes contratan a estos trabajadores o incluso si trabajan en empresas unipersonales”, indicó, y agregó que este punto el Poder Ejecutivo no lo incorporó “porque entienden que no está claro que sea una relación de dependencia, y por otras dificultades”.
En primer lugar, según consta en la versión taquigráfica de la comisión, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Mario Arizti, expresó que “sin perjuicio del vínculo jurídico, de la naturaleza jurídica que tenga el trabajador con la otra parte -más allá de si es una relación de dependencia o no- debe tener una protección jurídica” y que la Constitución de la República “que dice que el trabajo tiene que estar bajo la protección de la ley, no entra a analizar el vínculo jurídico de ese trabajador”.
De esa forma, lo que la iniciativa hace, según Arizti, “es dar ciertas garantías laborales -que obviamente son perfectibles- a trabajadores que hoy directamente no las tienen”.
Por lo tanto, el ministro cuestionó “qué caracteriza a una relación de trabajo” y apuntó que “la existencia de una subordinación jurídica no es un concepto unívoco, predeterminado, sino que lo analiza o califica un juez a través de indicios”, y por eso “no es el legislador el que la predetermina”. “Esto quiere decir que, quizás, yo hoy tengo un trabajador que contrato como autónomo o que contrato en otro establecimiento y me factura, pero hay ciertos indicios de subordinación -porque yo le fijo el horario, le pongo sanciones, etcétera- y el juez va a decir que es una relación de subordinación jurídica”, explicó.
Asimismo, aseguró que desde el MTSS no podían tomar una definición “clara y precisa” sobre la naturaleza jurídica “porque hay elementos que nos alejan de una relación laboral típica” debido a que “la prestación de trabajo depende del trabajador”. “Por ejemplo, que un repartidor o conductor pueda optar por conectarse o no, pueda optar por aceptar o no un viaje; pone su vehículo y se hace cargo de los gastos operativos”, ilustró.
Por su parte, el senador del FA José Nunes, quien no integra la comisión pero estuvo como invitado, dijo que comprende que el MTSS considere que la ley “no debe establecer en qué caso la relación es de dependencia y en qué caso no”, y que “esa sería eventualmente la discusión que se podría tener, si no debería la ley ser un poco más indicativa en relación a esa situación”, pero sí planteó que “el ministerio estaría tomando la opción de no entrar en esa discusión, sino en todo caso establecer obligaciones o regímenes para un caso y para el otro”.
“Según entendí, ese sería el fundamento político de la posición que se tomó”, dijo Nunes, y expresó que esa es “una de las preocupaciones” que hay en el FA “sobre esta dinámica” que consideran “muchas veces de precarización de trabajo” y de “sustituir la relación de dependencia por los contratos como empresas unipersonales, que son formas de evadir la tributación a la seguridad social y diversos mecanismos que luego repercuten en el estado de bienestar general”. “Es una situación que hemos visto en muchas empresas más establecidas, no solo en las plataformas”, indicó.
Si bien la senadora nacionalista Graciela Bianchi, que presidió la comisión, aseguró que en Diputados se recibieron delegaciones de “muchas organizaciones”, entre ellas el PIT-CNT, Della Ventura dijo que la comisión del Senado no ha convocado a nadie porque considera que “no hay voluntad del oficialismo de ponerse a conversar con los que puedan cuestionar el proyecto”.
Della Ventura dijo que el proyecto “quedó ahí en la comisión” y “no avanzó”. A su vez, subrayó que en la comisión sólo estuvieron presentes ella, Bianchi, la colorada Carmen Sanguinetti y Nunes, que no integra la comisión, por lo que “no hubo número para que la coalición de gobierno aprobara para que fuera tratado en una sesión extraordinaria”. Por lo tanto, “seguramente” se volverá a tratar después de las elecciones.
MTSS no descarta citar de oficio a AEBU y bancos privados por conflicto en el Santander
Las autoridades del MTSS también asistieron para exponer su punto de vista sobre el conflicto de los trabajadores del Banco Santander. Posterior a su exposición, Arizti expresó en rueda de prensa que “el MTSS, con respecto al Banco Santander, tiene contacto con las partes, ya que nos hemos reunido con la Asociación de Bancos Privados del Uruguay (ABPU) y la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU). Conocemos el tema, y lo venimos monitoreando, pero ellos están dialogando de forma bipartita”.
El jerarca acotó que “en caso de necesidad, vamos a intervenir, ya sea porque los cite el Ministerio de Trabajo, de oficio, o porque alguna de las partes lo solicite”. Agregó que “el convenio entre AEBU y Banco Santander está vencido, regula una serie de beneficios, y tiene pactada expresamente la no ultractividad, con lo cual se discute la continuidad o no de esos beneficios”.
“Además, tenemos que ver si discutimos el beneficio, el derecho o revisar beneficios, que son dos cosas muy distintas. Nos preocupa que esto se extienda al resto de la banca. Por lo tanto, no descarto que de oficio citemos a las partes. Son actores sociales que tienen mucha experiencia con un nivel de negociación muy maduro, y estamos hablando de convenios que se arrastran desde hace años. Espero que no llegue a un conflicto duro. Soy optimista en cuanto a que se termine acordando”, expresó Arizti.
Por su parte, Nunes manifestó en rueda de prensa que “el ministro nos dijo que está en conocimiento [del conflicto], que ha dialogado con las distintas partes por separado, y que todavía no ha intervenido pero que en pocas horas, si no hay mejoras, van a tomar cartas en el asunto para intentar ayudar a que se encuentre una solución; Arizti se comprometió de esa manera, así que vemos como positiva la palabra del ministro”.
Nunes expresó que no conoce “la opinión de la entidad bancaria”, y que “de acuerdo a lo que nos transmiten desde AEBU, hay un desconocimiento de la negociación colectiva, que hay un intento de rebajar y eliminar beneficios que tenían los trabajadores de la entidad. Esto se da en un contexto donde el banco es una empresa que gana dinero, y no es una empresa que está en crisis ni que tenga que ajustar la retribución de su personal para sobrevivir. La no negociación, que según AEBU es el camino que tomó el banco, iría derivando en un conflicto de mayores proporciones, porque abarcaría todo el sector bancario”.
El senador sostuvo también que lo que se explica desde el gremio es que “no hay en este momento un horizonte de acuerdo, más allá de que remarcan de que el sindicato no ha pretendido renovar el convenio colectivo y solicitado un incremento salarial. Los planteos realizados tienen que ver con beneficios y con protección de los trabajadores. Y sería la patronal la que pretende recortar ciertos beneficios”.