Un grupo de unos 110 trabajadores que cumplieron tareas para la empresa de productos lácteos Pili SA, en el departamento de Paysandú, reclama por el cobro de sus créditos laborales. Una resolución tomada por el Parlamento, en setiembre pasado, pide al Poder Ejecutivo que sean comprendidos en una ley, pero reclaman que pasa el tiempo y no obtienen respuestas. La empresa cerró sus puertas el 30 de noviembre de 2018.
“La Cámara de Representantes solicita al Poder Ejecutivo que dicte un decreto que establezca que se declaren comprendidos en el ámbito de la aplicación de la Ley 19.690 a los extrabajadores de Pili”, dice el artículo. Esa ley que es mencionada en el texto fue la que dio creación al Fondo de Garantía de Créditos Laborales –o de insolvencia patronal– en el ámbito del Banco de Previsión Social.
Marcel Petrib, extrabajador de Pili, dijo a la diaria este martes que el 8 de setiembre se aprobó en el Parlamento el proyecto de resolución –antes minuta de comunicación– que tiene un solo artículo, y que a días de cumplirse los tres meses se desconocen el o los motivos por los cuales dicho decreto no se cumple.
“Lo que nos preocupa y ocupa es esta espera. Faltan menos de 30 días para finalizar el año y no tenemos respuestas. Además, ese proyecto de resolución fue definido por todos los partidos políticos. Sucede que muchas familias dependen de esto”, dijo el vocero, quien señaló que han intentado contactarse con dirigentes de distintas colectividades, tanto por mensajes escritos como por llamadas, pero no les responden. “Este lunes 1° le enviamos mensajes al ministro de Trabajo, Juan Castillo. Él está al tanto del tema”, afirmó.
Comentó que, ante esta situación, “son varios los extrabajadores de Pili que están intentando comunicarse con dirigentes políticos. Es todo un tema, principalmente por la falta de trabajo que actualmente hay en Paysandú”. Agregó que una abogada representa a unos 98 trabajadores, mientras que otra profesional hace lo propio con otros 12 exfuncionarios.
Los extrabajadores, según manifestó Petrib, continuarán con las gestiones a nivel político, al margen de la espera, esto con el objetivo de ser incluidos en la Ley 19.690, que entró en vigencia el 1° de diciembre de 2018, pero que fue reglamentada a través del Decreto 77/019, publicado el 18 de marzo de 2019. Por tal motivo, no cubre a los extrabajadores, quienes desde 2018 realizan gestiones para ser amparados en esa ley.
Consultado sobre si la demora responde a cuestiones políticas y económicas del gobierno, respondió: “No creo que haga la diferencia, porque lo que se pide es ser incluidos en la ley, la cual tiene respaldo y creo que no le va a hacer la diferencia al país. Es más o menos un millón de dólares. Para cubrir todos los reclamos. Para solucionar esto, lo que se necesita es voluntad política”.
El dirigente hizo mención además a una carta a la opinión pública, escrita por los extrabajadores el domingo 30, que expresa: “30 de noviembre de 2018, a siete años del cierre de la empresa láctea Pili SA. Estamos cada vez más convencidos de que el sistema político excluye a la sociedad más vulnerable y favorece a los más poderosos. Lo decimos con toda propiedad; nos han dicho que hay que hacer esto y aquello para concretar que un decreto nos ampare en la inclusión de una ley que nos dejó afuera por dos meses (ley de insolvencia patronal)”.
El texto agrega: “Parece mentira que se deje pasar tanto tiempo por una resolución, como si los tiempos del sistema fueran diferentes a los de la mayoría de la población. Y por si fuera poco, en un departamento donde la necesidad es grande y las oportunidades son pocas, para una base de trabajadores que somos viejos para trabajar y jóvenes para jubilarnos. Lo único que pedimos es que se haga justicia con los extrabajadores, que han aportado al país más de 30 años de trabajo en dicha empresa”.