La Fiscalía General de la Nación convocó a la Inspección General de Trabajo y Seguridad Social (IGTSS), y mediante un operativo conjunto constataron un caso de explotación laboral en Paysandú, que involucró a unas 50 personas.
Tras una investigación de varios meses el martes se realizaron dos allanamientos simultáneos, en una chacra vinculada a una empresa citrícola y a un inmueble en el centro del departamento, en un operativo en el que participó Interpol, la Unidad de Víctimas y Jefatura de Policía.
Un informe de la IGTSS, al que accedió la diaria, informó que se labró un acta de visita y se tomaron declaraciones a la totalidad de los trabajadores presentes en ambos lugares. La situación dejó como detalle que se tomó declaración a 14 trabajadores hombres, de origen peruano, siete con cédula de identidad uruguaya y siete con DNI. De esa cantidad, en la Planilla de Trabajo Unificada (PTU), cinco estaban registrados activamente y nueve carecían de registro.
Además, habían 37 trabajadores argentinos, 36 hombres y una mujer. Ninguno con cédula uruguaya, y en su totalidad se encontraban sin registrar en PTU. Se relevaron también a siete trabajadores uruguayos, seis hombres y una mujer. De ellos, cinco están registrados y dos sin registro en PTU.
Condiciones laborales y habitacionales “absolutamente deplorables”
En un comunicado del Ministerio de Trabajo, el Inspector General de Trabajo, Luis Puig, precisó que durante el operativo se constató “la total informalidad en cuanto al no registro en la Seguridad Social de la inmensa mayoría y condiciones de trabajo absolutamente deplorables”.
“Las inspecciones verificaron situaciones que implicaban riesgo para la vida y la salud: instalaciones eléctricas precarias, herramientas sin protección, falta total de higiene, condiciones indignas en dormitorios y baños, colchones en mal estado, ausencia de comedores y de espacios adecuados de descanso”, expresa un fragmento del texto.
El Ministerio de Trabajo procedió a la clausura preventiva de todas las instalaciones de vivienda, se intimó a la empresa a pagar en un plazo de 24 horas los jornales adeudados, incluyendo el salario de noviembre, y los días trabajados de diciembre. Atención a las víctimas y actuación interinstitucional
El Ministerio informó además que durante el operativo en Paysandú, la Unidad de Protección de Víctimas de Fiscalía informó a los trabajadores que no estaban detenidos ni acusados y fueron trasladados a Jefatura de Policía, donde recibieron asistencia.
Luis Puig destacó la situación “inhumana a la que estaban sometidos”, y advirtió la preocupación por una posible práctica extendida de reclutamiento de trabajadores extranjeros en condiciones de informalidad extrema. Señaló que se trata de un fenómeno que deberá investigarse en mayor profundidad para determinar su alcance en otros sectores.
“El Ministerio de Trabajo reafirma su compromiso en hacer los máximos esfuerzos por la fiscalización en todo el país, para que este tipo de situaciones no se vuelvan a repetir”, expresaron.
El Ministerio destacó también el trabajo coordinado entre instituciones del Estado, afirmando que “lo de Paysandú demuestra que se puede actuar en conjunto diferentes reparticiones del Estado”, y reconoció la labor de Fiscalía de Paysandú, Interpol, la Policía departamental y los equipos inspectivos del MTSS que participaron en el operativo.
En el operativo en Paysandú , por la Inspección General de Trabajo (IGTSS) participaron el Inspector general, Luis Puig, la subinspectora general, Andrea Bouret, el asesor de la división, Federico Rufinelli, los inspectores de Condiciones Generales de Trabajo (CGT), Víctor Brotons y Mariana Alonso, y de Condiciones Ambientales de Trabajo (CAT), Cristina Jiménez y Daniel Álvarez, y los choferes Rodolfo Pappa y Fabrizio Escobar, quienes se dividieron en dos grupos, para acompañar en los dos establecimientos inspeccionados.