Este viernes, la Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay (CIPU) y la Cámara de Armadores Pesqueros del Uruguay (CAPU) abrieron inscripciones para ciudadanos, con o sin experiencia, que deseen postularse a oportunidades laborales en el sector pesquero.
Con la iniciativa “Uruguay Pesca”, las gremiales afirman haber iniciado “el proceso de refundación de la pesca nacional”. Informaron que, en las primeras 24 horas, se presentaron 1.253 postulantes, “casi el doble del total de marineros que trabajan actualmente en el sector, y cinco veces el total de los que trabajan en la flota costera”. La convocatoria también apunta a aquellos marineros “que desde hace años trabajan y que quieren trabajar, pero en un modo de relacionamiento diferente, en el marco del convenio vigente –sobre la base del cual se formuló el nuevo ‘contrato de enrolamiento’, publicado en la convocatoria–”.
De los más de 1.200 postulantes, casi 100 cuentan con libreta de embarque, aunque quienes no la tengan y sean seleccionados “serán convocados para cumplir con la capacitación básica necesaria para poder embarcar, de acuerdo con las normas correspondientes”, aclararon las gremiales.
Las cámaras sostienen que “refundar la pesca supone trabajar codo a codo con el gobierno, tanto con el Poder Ejecutivo como Legislativo, en adecuar el actual marco normativo”. En ese sentido, consideran necesario “cambiar cosas de fondo” junto con la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, Ancap, la Administración Nacional de Puertos, Prefectura, el Banco de Seguros del Estado, el Banco de Previsión Social, el Banco República, UTE y la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones, entre otros.
“Con todos ellos estaremos procurando trabajar para la refundación de la pesca”, sector que se encuentra paralizado desde junio por el conflicto entre empresarios y el Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines (Suntma).
“En los próximos días estaremos presentando o reiterando diferentes iniciativas al gobierno para que podamos concretar la contratación de la mayor parte posible de esos trabajadores que quieren trabajar en el marco de este proceso, con un contrato de enrolamiento elaborado con base en el convenio colectivo vigente, firmado en 2024 por todas las empresas, y vigente hasta abril de 2027”, agregan.
Por otro lado, expresan que asumen “la responsabilidad de estar generando expectativas en miles de personas de acceder a un buen empleo” y aspiran a “poder crear las condiciones para disponer de la mayor cantidad de vacantes posible”. Las gremiales señalaron que contactarán a los postulantes seleccionados “a medida que se vaya concretando el aliste de los barcos para retomar la actividad”.
Juan Castillo: “A los efectos de querer resolver el conflicto, esto no ayuda”
Las gremiales afirman que hay coincidencia con el gobierno “en la necesidad de refundar la pesca sobre nuevas bases”, así como “en la necesidad de diseñar nuevas propuestas de acción para viejos problemas que, lejos de solucionarse, se han agravado con el paso del tiempo, lo que ha llevado a un deterioro enorme del sector, del que sentimos que todos somos responsables: las empresas, los gobiernos y los sindicatos”.
Por su parte, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, consultado este viernes en rueda de prensa sobre la iniciativa de las cámaras empresariales, manifestó: “A los efectos de querer resolver el conflicto, esto no ayuda”.
“Colocar esta iniciativa para resolver un conflicto y que se convoque a trabajadores que vengan para desplazar a otros no es una buena salida”, afirmó el jerarca.
El conflicto hoy
Con respecto al conflicto vigente, las gremiales expresaron este viernes que, “teniendo en cuenta la irracionalidad del conflicto, que llevó al sector a perder la zafra de este año –aun con un convenio colectivo firmado y debidamente documentado ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con su correspondiente cláusula de paz–, las empresas entienden que no es admisible ninguna propuesta que no contenga mecanismos que aseguren la libertad de trabajo”.
Además, sostienen que “no es admisible la sindicalización obligatoria para poder trabajar”. Y agregan: “No es admisible que el sindicato defina quién trabaja y quién no, en vez de que sea cada empresa quien lo haga, con base en sus propios criterios y a su libertad de contratación”.
“No es admisible que haya patotas y violencia en una organización de trabajadores, y que la intimidación y el miedo se normalicen. Ha quedado muy claro que la actual dirigencia sindical del Suntma no es un interlocutor válido para avanzar en este proceso refundacional”, aseveraron.