El Correo Uruguayo es la empresa postal de nuestro país que desde 1996, y por el artículo 747 de la Ley 16.736, se convirtió en una empresa del Estado, creándose la Administración Nacional de Correos (ANC), modificando, de esta forma, su anterior situación jurídica que lo incluía como una unidad dependiente de un Ministerio de la Administración Central para pasar a ser un servicio descentralizado de naturaleza comercial.
Actualmente tiene como objetivo ampliar, modernizar y transformar sus servicios apuntando a una “logística integral” que trascienda el proceso de distribución, para lograr posicionarse como la principal empresa postal uruguaya encargada de proveer estos servicios.
En diálogo con la diaria, Gabriel Bonfrisco, presidente del Correo Uruguayo, explicó la “apuesta” que lleva adelante su administración: “Cuando hablamos de una logística integral como objetivo, hablamos de llevar adelante no solo la distribución, sino también hacer las operaciones previas, esto es que el Correo le venda a un cliente la posibilidad de recibir la mercadería, armar el paquete y cerrarlo, y colocarlo para la distribución. Es decir, la empresa no solo vende llevar un paquete, sino que vende todo el proceso previo”.
Asimismo, uno de los objetivos en los que Bonfrisco hace fuerte hincapié es en que el Correo Uruguayo se convierta en un “brazo logístico del Estado”: “Consideramos que el Correo debería ser el único proveedor en lo que es todo el trasiego de paquetería o de insumos, de carácter logístico, dentro de todo el organismo del Estado. El Correo debería ser el único proveedor de este servicio, o, por lo menos, el principal. Este tiene que ser el concepto”.
En la actualidad, el Correo Uruguayo ya trabaja con BPS, Antel, UTE, OSE e incluso con la Intendencia de Montevideo, pero en muchos casos solamente se trata de cartas, por lo tanto, este es uno de los puntos donde Bonfrisco se detiene para tomar como referencia a la hora de aspirar a ampliar los servicios de la empresa que preside. “En todos los congresos de correos a los que asistimos, todos tenemos el mismo dilema, que es que no podemos trabajar más con cartas, no puede ser nuestro único rubro”, sostiene, y remarca: “Lo que estamos proponiendo como negocio, que es que la empresa realice otros servicios, por ejemplo, llevar unos muebles a Bella Unión, y que esto sea para cualquier dependencia del Estado. Esto también puede ir dentro de un mismo envío que se realice a ese lugar ese mismo día, entonces en uno solo de estos envíos ya realizamos todo, por lo que esto significa ahorro para el Estado”.
Una de las cuestiones que la empresa se está trazando para que este objetivo se mantenga más allá de los diferentes partidos políticos que estén en el gobierno son algunas “acciones concretas que perduren en el tiempo”, según señala el jerarca. “Hoy nuestro negocio más importante es trabajar con la industria de medicamentos. Estamos casi concretando tener la distribución y el abastecimiento de todas las RAP [Redes de Atención Primaria] de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE)”, destaca Bonfrisco.
“Pienso que, por ejemplo, sería muy difícil que cualquier administración que no fuera este gobierno se negara a trabajar con la logística de medicamentos, porque ya forma parte de las políticas de Estado. Además, al trabajar desde ASSE, una institución del Estado, junto al Correo, otra institución del Estado, se tiene que pensar que se están ahorrando costos. Por ejemplo, en un mismo camión puedo repartir medicamentos de ASSE para Artigas, y llevar celulares de Antel para el mismo lugar u otro lugar cercano”, afirma Bonfrisco, y subraya: “Muchas veces se dice que se quiere bajar el costo del Estado, y esto es un ejemplo de cómo se puede hacer, y pienso que es un argumento muy poderoso para considerar que las dependencias del Estado trabajen con el Correo”.
“Si en el país tenemos una empresa estatal que se dedica a la distribución, usémosla”
Por su parte, en conversación con la diaria, Paulo Rodríguez, presidente de la Asociación de Funcionarios Postales del Uruguay (AFPU), manifestó una visión que va muy en sintonía con la de las autoridades de la empresa y que buscan “darle un giro al Correo como lo conocemos”. “Todos sabemos que, mundialmente, los correos estatales, que existen en todos lados, se han reconvertido, todos han ido cambiando o han buscado otras alternativas”, afirmó el dirigente.
Respecto a esta “necesaria reconversión”, Rodríguez plantea que existen dos cuestiones a analizar. Por un lado, el descenso del envío de cartas dentro de lo que es el mercado postal actual, y, por el otro, la logística que la empresa, según el dirigente, debe integrar para ofrecer más y mejores servicios que estén a la altura de lo que estos tiempos demandan.
“Reconocemos que hay mucho del mercado postal, principalmente todo lo que es carta, que sabemos que tiene una tendencia a la baja y en algún momento va a terminar desapareciendo, lo reconocemos. Esto no hace que dejemos de observar que todavía hay ahí un nicho comercial y creemos que el Correo debería tratar de seguir buscando alternativas para sacarle provecho. Por ejemplo, en Uruguay hay 105 operadores postales privados, muchos de ellos los vemos en la calle y son gente repartiendo cartas, es decir que trabajo hay. También reconocemos que hay cuestiones, por ejemplo, la logística, que es algo que el Correo no tenía como cometido principal desde sus orígenes hasta ahora, y consideramos que hay un cambio que tendría que ir hacia ese lado”, sostiene Rodríguez.
En 2022, y previo a la aprobación de la Rendición de Cuentas de 2021, AFPU tuvo la iniciativa de llevar al Parlamento propuestas que terminarían siendo parte del artículo 530 de la Ley 20.075, que establecía que los organismos públicos debían contratar con la ANC un 30% del volumen de su servicio postal, lo que se haría efectivo anualmente en un 10% a partir de 2023 y hasta completar el 30%. “Aquello se llamaba convertirnos en el brazo logístico del Estado”, contó Rodríguez.
“Este es el principal cambio que nosotros creemos que el Correo tiene que empezar a buscar. Esto hoy se da, pero no en las cantidades que nosotros entendemos que puede llegar a darse. Principalmente se da en lo que tiene que ver con la factura pública hacia el interior, pero en Montevideo ha bajado bastante; si vos vas a UTE o a Antel a hacer un contrato nuevo ya te dicen que no te van a mandar la factura, está todo mucho más digitalizado”, sostiene.
“Tenemos una red extensa en todo el país, entonces, ¿qué mejor que aprovechar esa red que tenemos para que todas las empresas públicas, que también tienen que llegar a todos esos lugares, puedan cubrir esos servicios, los cuales son esenciales, como la salud, los alimentos o la educación? Pensamos que si en el país tenemos una empresa estatal que se dedica a la distribución, usémosla, a nosotros nos va a salir más barato y al Estado también. Tendría que ser una política de Estado y no lo es, y este es uno de los apoyos que esperamos del gobierno”, subrayó el dirigente.
Los números deficitarios del Correo y el análisis que realizan sus autoridades
“Cuando hablamos de déficit, esto se da porque tenemos que cumplir con una reglamentación, que está muy bien, porque el Estado tiene que buscar siempre la eficiencia y la eficacia, pero también fundamenta por qué tenemos los costos que tenemos”, remarca Bonfrisco, analizando una de las razones por las que el Correo Uruguayo continúa presentando un déficit financiero de forma ininterrumpida desde 2020.
En 2012, durante el gobierno de José Mujica, se promulgó la Ley 19.009, que establecía, entre otras cosas, el régimen general de las actividades postales, con la finalidad de que el Estado debía garantizar el cumplimiento de sus obligaciones de prestación de los servicios postales básicos a la sociedad. Uno de los puntos importantes de esta ley se encuentra en el artículo 2, el cual establecía que el Correo Uruguayo tenía la obligación de prestar el Servicio Postal Universal, asegurando su alcance a todas las personas en términos de accesibilidad, calidad y asequibilidad.
“Antes de existir la Ley 19.009, la asistencia del Estado para el funcionamiento de la empresa era que te daba lo que vos necesitabas, es decir, no había un esquema de regulación. Después, con esta ley, se ordenaban las cuentas del Estado, las formas de cómo uno traslada los fondos y de cómo se componen los ingresos y los egresos. Obviamente, nosotros somos una empresa del Estado, pero tenemos características que debemos cruzar con la Ley 19.009, la cual también nos habla de Servicio Postal Universal, que es un compromiso que está determinado por la propia ley donde nosotros debemos llegar a todos los puntos del país, a todos los lugares donde haya un uruguayo que tenga que recibir algo. Tenemos que tener centros comerciales de distribución, oficinas de correo en localidades no menores a 500 habitantes, pero con todo lo que es la lógica de interinstitucionalidad, incluso tenemos oficinas en lugares más chicos”, señala Bonfrisco.
“Todo esto significa un costo, pero es un costo que la propia ley nos está diciendo que tenemos que tener. Tenemos que tener locales en todos lados. Si a esta ley le sumamos el compromiso social que tiene el Correo, que va mucho más allá de llevarte un paquete o una carta, todo esto significa grandes desplazamientos que, a su vez, deriva también en costos”, agrega.
Los ingresos del Correo se componen de dos formas: por un lado, la asistencia financiera que proviene de la tasa de financiamiento del servicio postal universal, que la recauda la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec), y, por otro lado, los ingresos que la propia empresa genera.
El jerarca explica cómo funciona la recaudación de esta tasa de financiamiento por parte de la Ursec y por qué esto constituye otra razón para los números deficitarios que presenta el Correo. “A todos, incluidos nosotros, se nos cobra por todo el trasiego postal de cada envío. Nosotros, como empresa del Estado que somos, pagamos en tiempo y forma, y quien recauda es la Ursec. Esto va para el fondo de financiamiento de la tasa postal, y esta tasa postal es lo que nos retorna por ser el operador designado. Esta tasa es algo a lo que tienen que aportar cada una de las empresas de correspondencia que hacen al mercado postal dentro del mercado nacional. Nosotros nunca vamos a fallar con ese aporte. Ha pasado en las últimas instancias que las grandes competencias nuestras señalan lo mismo, aportan y están viendo un trabajo por parte de otras empresas que muchas veces están en negro y no están aportando”.
“Si todas las empresas aportaran como corresponde, se podría tener bastante más dinero recaudado, pero sin embargo este dinero no está, y esto es preocupante. El mercado cambia, pero seguimos en los mismos números”, remarca Bonfrisco, y cuestiona: “La mayor parte de las empresas se quejan por lo mismo, de cómo no hay ningún contralor de que a la casa de alguien llegue una persona a las 10 de la noche a entregarle un paquete, que llega con un celular, que no se sabe ni de qué empresa es, le hace firmar o le pide la cédula, probablemente ni se le pagan horas nocturnas a ese repartidor, o capaz que el envío ni siquiera está registrado para que la empresa pueda pagarle al repartidor. Para algo existe la ley, ¿por qué algunos la van a cumplir y otros no? Todo esto es algo que nos indigna, es algo que no solo sufre el Correo, lo sufre todo el mercado”.
