Hasta el momento, y salvo la denuncia falsa contra el ahora candidato elegido del Frente Amplio, Yamandú Orsi, a comienzos de año no existieron rasgos que mostraran campañas orquestadas en detrimento de algún candidato. Este tipo de maniobra involucra la creación de cuentas especialmente para favorecer y fortalecer una narrativa en redes sociales amplificando su difusión y alcance. Tampoco hubo, hasta ahora, deep fakes o el uso de herramientas de inteligencia artificial para alterar imágenes -específicamente audiovisuales- simulando voz y discursos falsos sobre imágenes que simulan y parece ser de personas reales. Sin embargo, el diputado del Frente Amplio Gustavo Tato Olmos presentó en las últimas horas un proyecto para exigir medidas a las plataformas sociales, así como penalizar a aquellos autores de este tipo de maniobras. Y no ha sido el primer proyecto.
Presentamos un proyecto de ley, que busca evitar la implementación de campañas de desinformación en redes sociales durante la campaña electoral, en particular mediante la manipulación de imagen o voz (deepfakes) 1/2 pic.twitter.com/eeO9yvE4LS
— Tato Olmos (@tato_olmos) July 16, 2024
Desde el año pasado la Comisión de Innovación de la Cámara de Diputados tiene -y ha discutido con invitación a distintas organizaciones y referentes en el tema- un proyecto presentado por el diputado del Partido Nacional Rodrigo Goñi, que pretendía desalentar estas maniobras con la posibilidad de sancionar a quienes difundieran información falsa hasta tres meses antes y un mes después de las elecciones.
El proyecto, que según los diputados de la comisión aún no ha sido rechazado, aguarda entre escritorios, luego de que fuese discutido por distintos organismos como Datysoc, Observacom y ALAI.
Consultado por la diara Verifica, el diputado por Cabildo Abierto Sebastián Cal, titular de la comisión y también firmante del proyecto, Goñi no ha promovido la continuidad de su debate: “Creo que no hay mayor interés, como tampoco han mostrado interés en el gobierno para discutir los proyectos que están en comisiones del Senado sobre ciberdelitos”.
Goñi, por su parte, dijo a este medio que seguían discutiendo el asunto y celebró la elaboración de un nuevo proyecto por parte del FA. “Es muy positiva la novedad de que el diputado Olmos presentó un nuevo proyecto. Comparto su objetivo, que es el mismo”, dijo.
Olmos, por su parte, señaló a este medio que aguardaba que Cal convocara a la Comisión para tratar su proyecto, algo que esta semana no ocurrió ni ocurrirá. Goñi también dijo que en una próxima reunión se debatiría. Cal, por su parte, dijo que sólo basta con “mandar un Whatsapp” solicitándolo y que es un tema que lo preocupa y para el que está dispuesto a sesionar y acompañar eventualmente. Así las cosas, no parece haber motivos para que no se concrete.
Un poco de historia
En 2016, el diccionario Oxford apuntó el término “posverdad” como la palabra del año y, un año más tarde (ya con Donald Trump al mando del gobierno de los Estados Unidos), insistió con la idea: la palabra de 2017 fue la combinación imposible de noticia falsa. Imposible porque los especialistas en información y periodismo rápidamente resolvieron que una noticia no podía ser falsa y comenzó entonces, hace poco menos de 10 años, el interminable derrotero de la desinformación. Este único concepto en español, desde entonces, define un fenómeno que abarca diferentes cuestiones: desde la creación de falsedades, así como la difusión -intencionada o no- de dichos contenidos, hasta la creación de narrativas falsas.
Desde entonces, ha corrido mucha agua y han ocurrido campañas electorales y guerras bajo construcción de narrativas falsas o parcialmente modificadas alrededor del mundo. En Uruguay, de todos modos, y salvo un spot del nacionalista Juan Sartori que, mediante inteligencia artificial recibía el apoyo de figuras tradicionales ya fallecidas pero que no constituía un intento de engaño, sino una simulación, no ha habido aún un uso extendido de este elemento.
La irrupción de la inteligencia artificial a mano y a bajo costo potenció la alerta y las preocupaciones: en efecto, esta semana apareció un deep fake en el que lograron que el director del Hospital de Clínicas, Álvaro Villar, vendiera un producto milagroso en una publicidad online. Por supuesto, se trataba de un video falso. Es, a partir de estos riesgos, que Olmos -así como Goñi antes- ponen el foco en “anticiparse” a la llegada concreta del problema de la desinformación -o los deep fakes- para “preservar la integridad de los procesos electorales”.
El proyecto que impulsa el frenteamplista acude a la colaboración de las plataformas para que mantengan registro de quienes pautan y promocionan electoralmente, quienes orquestan campañas sucias o de amplificación y ruido social y que informen en un lapso determinado a la Corte Electoral. Regula sobre contenidos de audio, video y texto y deja por fuera aquellos contenidos que manifiesten abiertamente ser modificados, satíricos o falseados sin el objetivo de confundir. Dispone, además, de la creación de un repositorio de las plataformas en las que deberán mantener y registrar todos los contenidos políticos promocionados por distintos actores, el monto abonado y quién lo pautó. Este repositorio deberá funcionar desde 60 días antes de elecciones internas, departamentales y presidenciales, y 30 días antes de la segunda vuelta.
En caso de avanzar con el proyecto, las plataformas estarán obligadas a informar en un plazo de 48 horas, a pedido de un juez, quién difundió inicialmente un contenido desinformante, quién lo pagó -en caso de que fuera promocionado-, a quiénes llegó y si existieron campañas orquestadas (si fuese técnicamente posible determinarlo). Además, un mes después de las elecciones deberán informar a la Corte Electoral qué contenidos fueron removidos, a qué cuentas se bloquearon -eventualmente- y cuántas denuncias ciudadanas recibieron. Quedan excluidos los servicios de mensajería como Whatsapp o Telegram, algo que seguramente provoque debates por ser dos de las principales vías de difusión y proliferación del ecosistema de la desinformación a nivel global.
Los tribunales civiles de primera instancia y las cámaras de apelación de segunda instancia serán las que lleven adelante las medidas judiciales y tendrán 48 horas para obrar una vez recibida una denuncia, que podrá presentar cualquier ciudadano. La normativa establece además la posibilidad de multar a las plataformas en sumas que van de 1.000 a las 100.000 UR.
La norma, además, contempla la incorporación de la difusión deliberada de desinformación en los delitos electorales previstos en el artículo 191 de la Ley 7.812 (de Elecciones) y penados en el artículo 192 y establece penas de 2 meses hasta cuatro años de prisión, según la gravedad del delito cometido (y tipificado en dichos artículos).
Consultado sobre las dificultades que podría tener Uruguay para regular o imponer restricciones a las grandes plataformas globales (Meta, X, etcétera), Olmos opinó que estas son las primeras interesadas en colaborar en períodos electorales y que ya han tanteado a algunas de ellas para ver la predisposición. “Tienden a colaborar, porque lo que buscamos es perseguir a las campañas orquestadas”, señaló. En ese sentido, cuestionó el anterior proyecto de Goñi, porque reprendía a quienes compartían la información errónea aún cuando no la hubiesen generado ni tenido intención manifiesta de desinformar o engañar.
“Las plataformas son las que pueden saber cómo ocurre y por eso acudimos a ellas”, explicó Olmos, además de explicar que aguarda la convocatoria de Cal para que la Comisión de Innovación y Tecnología tome el asunto y lo discuta.
El cabildante, por su parte, reconoció que la misma está frenada y que “no se reúne porque no ha tenido mayores temas que abordar”. Consultado sobre si existen mecanismos por los que las fuerzas de la coalición de gobierno estuviesen abordando en forma conjunta el tema del ciberdelito o la desinformación, Cal dijo: “Si existe, lo desconozco. No han sido prioridad. Están en los planes de gobierno y en las rendiciones de cuentas, pero ni siquiera tienen delitos creados”.