El próximo 12 de noviembre se llevarán a cabo las elecciones en las que se elegirán los representantes de los órdenes de estudiantes, docentes y egresados que participarán de los espacios de cogobierno de la Universidad de la República (Udelar); y, en ese marco, resurgió el debate por la obligatoriedad del voto.
Para estas elecciones se dispusieron 700 circuitos en Montevideo y 286 en el interior del país, a los que están convocadas casi 340.000 personas, un 36% más que hace diez años. Del total, 181.688 corresponden al padrón de egresados, el orden con mayor cantidad de votantes. Para los egresados que no concurran a votar y no justifiquen la omisión dentro de las excepciones que establece la normativa se prevé una multa de cinco BPC, equivalentes a unos 9.200 pesos, aproximadamente.
Este contingente elige a dos de los siete delegados que aporta cada facultad a la Asamblea General del Claustro (AGC) de la Udelar, así como a los representantes correspondientes a los claustros y los consejos de cada facultad. El artículo 27 de la Ley Orgánica de la Universidad (12.549) define a la AGC como el “órgano elector” y el artículo 28 le provee la atribución de “emitir opinión en los asuntos que le competen” conforme a esta ley y cuando el Consejo Directivo Central “se lo solicite”. De los 112 miembros que componen actualmente a la AGC, 32 corresponden al orden de egresados. Entre otras potestades, el órgano debe elegir al rector así como a nueve miembros del Consejo Directivo Central.
En este contexto, el diputado por el Partido Colorado Gabriel Gurméndez propuso la eliminación de la obligatoriedad del voto para el orden de egresados, el padrón más numeroso. Para ello habría que cambiar la regulación impuesta por una ley de 1972 durante el gobierno de Juan María Bordaberry, también colorado, meses antes del golpe de Estado de junio de 1973.
El argumento esgrimido por Gurméndez radica en que, durante la última década, el voto “en blanco” en el orden de egresados fue mayoritario en todas las elecciones universitarias. De hecho, el texto argumentativo señala que en 2014 esta opción alcanzó el 52,2%, en 2017 un 57,3% y en 2021 un 45,3%. Esta propuesta retoma, en parte, un cambio planteado en 2015 por el entonces senador Pablo Mieres para eliminar la obligatoriedad de todas elecciones de instituciones públicas, como la Administración Nacional de Educación Pública, el Banco de Previsión Social y la Udelar.
El origen de la obligatoriedad del voto en la Universidad
La Ley 14.101 de “emergencia de la educación”, conocida entonces como “ley Sanguinetti”, realizó una serie de reformas al sistema de gobierno de la educación en el que se eliminó la elección directa de los representantes docentes y la autonomía de Primaria, Secundaria y UTU. Asimismo, impuso la creación de un organismo por encima de los anteriores, el Consejo Nacional de Educación, bajo la órbita del Poder Ejecutivo.
A la par de estas medidas, el artículo 54 estableció el voto obligatorio en las elecciones universitarias para todos aquellos que queden comprendidos en los órdenes de estudiantes, egresados o docentes. Esto incorporó en la participación de los comicios a un conjunto de electores hasta entonces ajenos a la vida universitaria.
En conversación con la diaria Verifica, el historiador Carlos Demasi relató el contexto en que se impulsaron las reformas, marcadas por conflictos entre gremios educativos y el gobierno, dentro un clima político cada vez más tenso . “Era una época muy movida y, como suele suceder, se entendía que allí los responsables eran los docentes que agitaban a los jóvenes, junto a la presencia de algunos pocos agitadores que se aprovechaban de la pasividad de la mayoría y llevaban a los alumnos por cualquier lado”, explicó Demasi, quien señaló que la idea del Ejecutivo fue establecer “una especie de sistema policial en la enseñanza”.
El proyecto de ley retomaba la redacción de una propuesta anterior de Federico García Capurro, ministro de Educación y Cultura (y posteriormente de Defensa) durante el gobierno de Jorge Pacheco Areco, en el que se proponía derogar la Ley Orgánica de la Universidad y, por ende, su autonomía respecto del gobierno central. “Secundaria era un hervidero, estaba en llamas. Los institutos de formación docente estaban en la calle permanentemente, a pedrada limpia con la policía. El gobierno decidió no sumar más frentes de batalla”, añadió.
Como alternativa, el gobierno buscó a través de la inclusión del voto obligatorio un cambio en la correlación de fuerzas dentro de los órganos de gobierno de la Universidad. “La idea de establecer el voto obligatorio venía por el lado de suponer que si la gente tiene que votar, allí las ‘mayorías democráticas’ se impondrían ante las minorías ‘comunistas’, y entonces la Universidad recuperaría su orientación auténticamente nacional”, explicó Demasi.
La ley fue promulgada en enero de 1973 y las modificaciones entrarían en vigencia en las elecciones universitarias previstas para el segundo semestre de ese año, pero el golpe de Estado del 27 de junio de 1973, seguido de la huelga general de la Confederación Nacional de los Trabajadores y la ocupación de la propia Universidad, impidieron su realización.
El rector de la época, Samuel Lichtensztejn, mantuvo reuniones con el Ejecutivo para garantizar el desarrollo de las elecciones previstas, que se fijaron para el 12 de setiembre de ese año. Los principales sectores en la contienda fueron Libertad y Autonomía, vinculada a la izquierda y la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU); el Movimiento Universitario Nacionalista (MUN), vinculado al wilsonismo y los colorados batllistas, y el Movimiento de Restauración Nacional, de tendencia ultraderechista.
Finalmente, participó el 95% de las 37.000 personas convocadas a votar y los sectores vinculados a la FEUU obtuvieron la mayoría en los tres órdenes: 63% de los votos de los estudiantes, 79% de los docentes y 42% de los egresados. Según consignó la prensa de la época, estos resultados se tradujeron en la obtención de 50 de los 70 representantes de la AGC de entonces. La MUN, por su parte, obtuvo 27% del voto estudiantil, 4% del docente y el 24% de los egresados.
“Las expectativas del gobierno se vieron ampliamente frustradas. El escrutinio definitivo se prolongó por más de un mes y finalmente la Corte Electoral proclamó los resultados el viernes 26 de octubre. El sábado 27 se produjo la explosión en Ingeniería y al día siguiente la Universidad fue intervenida. Las autoridades electas y proclamadas nunca tuvieron oportunidad de ejercer sus cargos”, relató Demasi.
En setiembre de 1984 la Asociación Social y Cultural de Estudiantes de la Enseñanza Pública, equivalente a la proscrita FEUU, organizó, por cuenta propia, elecciones en las que se incluyeron a los docentes destituidos por el régimen, con el objetivo de elegir a las autoridades provisorias que asumirían en marzo del año siguiente una vez restablecida la democracia. A finales de marzo de 1985 se promulgó la Ley de Emergencia para la Enseñanza (15.739), cuyo artículo 29 restituyó el voto bajo las mismas condiciones que la normativa de 1973, y así permaneció hasta la actualidad.