Cuando la fiscal Gabriela Fossati inspeccionó la oficina de Alejandro Astesiano, exjefe de la custodia presidencial, preso por multiples delitos asociados a una red criminal dedicada a la falsificacion de documentacion, encontró capturas de imágenes de las cámaras de videovigilancia pública y documentos reservados del Ministerio del Interior, entre ellos legajos​ policiales​ de varias personas ​del [Sistema de Gestión de Seguridad Pública[https://ladiaria.com.uy/justicia/articulo/2022/10/como-funciona-el-sistema-que-relevo-datos-adulterados-de-alejandro-astesiano/]. También se incautaron fotos de cédulas de identidad, de partidas de nacimiento y cartas de expolicías que le pedían trabajo a Astesiano y formar parte de la custodia presidencial.

Entre las potestades que tenía Astesiano por su cargo estaban ser el enlace directo con el Ministerio del Interior y la Policía. Podia “requerir en cualquier momento apoyos y recursos” de estos y otros organismos públicos y entidades privadas. La reglamentación establece que las instituciones del sector público “están obligadas a suministrar la colaboración directa, el apoyo o la información que le sea solicitada”, con la “premura y/o las prioridades” que determinara Astesiano. También estaba dentro de sus potestades “recabar información de cualquier Agencia nacional o extranjera, referente a eventuales riesgos para la persona del presidente de la República, sus familiares directos, y cualquier otra persona que aquel determine”.

Actualmente se investiga la vinculación de seis jerarquías policiales con el caso Astesiano. Todos se mantienen en sus cargos a pesar de que el Ministerio del Interior perició sus celulares y aportó el contenido a la Fiscalía. Hasta el momento, se negaron a declarar y van a resolver si declaran o no con base en la evidencia que hay en la carpeta de investigación.

Por otra parte, en el relevamiento de los chats de Astesiano se pudo saber que ofrecía interceptar y revisar comunicaciones. En uno de los chats, con un empresario argentino cuyo hijo fue asesinado, ofrecía contactos en Inteligencia, drones, intervención de celulares con El Guardián y vehículos oficiales. El Frente Amplio solicitó al Ministerio del Interior una investigación de urgencia. El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, ensayó algunas explicaciones que no convencieron a la oposición, que no descarta una interpelación.

Jorge Díaz, exfiscal de Corte, cuestionó en sus redes sociales la injerencia indebida a través de los sistemas públicos de videovigilancia. Citó el artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que plantea que “nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra y su reputación”.

“¿Quién y con qué motivo tiene acceso a nuestros datos personales?”, cuestionó Díaz. En este sentido, preguntó: “¿Quién y con qué motivo nos vigila a través de cámaras públicas y privadas, tiene acceso a nuestros números de teléfono, a nuestros registros de comunicaciones entrantes y salientes y al contenido de las mismas?”. Y agregó: “¿Quién vigila al vigilante? ¿Quién controla al investigador?”. Para el exfiscal de Corte, estas son “preguntas elementales en un Estado de derecho, que todos debemos hacer”. “Y exigirle al Estado las respuestas”, sentenció.