“Las áreas marinas protegidas tienen su razón de ser si tienen conectividad espacial; si están aisladas y no tienen conectividad, de muy poco sirve”, explicó Andrés Milessi, coordinador de la Organización para la Conservación de Cetáceos (OCC), que también es biólogo y oceanógrafo. Contó que la organización se alió con instituciones brasileñas para generar el proyecto Un Solo Mar, que busca crear áreas marinas protegidas en Brasil y Uruguay, que tengan continuidad ecológica y biológica.
En 2020, siguiendo la misma línea, OCC, junto con la Red Uruguaya de ONG Ambientalistas, el Foro Mar Patagónico, la Asociación Uruguaya Oceanográfica, la Comisión Mundial Áreas Protegidas, la campaña Océanos Sanos, entre otros actores, presentaron propuestas al Ministerio de Ambiente (MA) para la creación de áreas marinas protegidas en el país.
La primera estaría ubicada en la Isla de Lobos, Maldonado, y tendría una extensión aproximada de 12.800 kilómetros cuadrados. En el proyecto de las organizaciones ambientalistas, al que accedió la diaria, se expresó que esa área constituye “una de las cinco zonas prioritarias para la conservación de la costa atlántica”, por sus densos bancos de mejillones, cría de peces, poblaciones de lobos marinos y zona de concentración de ballenas francas. “En la Isla de Lobos se encuentra la colonia de lobos marinos más grande del hemisferio occidental, siendo a la vez una importante área de anidamiento de aves marinas, detectándose una disminución poblacional del león marino sudamericano del 5% anual”, se detalla en el proyecto.
Las organizaciones apostaron por una segunda propuesta que tendría 35.000 kilómetros cuadrados. Abarcaría siete sistemas de cañones submarinos –conductos que transportan sedimentos desde la plataforma continental hacia el océano profundo– que se llaman Río de la Plata, Montevideo, Piriápolis, José Ignacio, La Paloma, Cabo Polonio y Punta del Diablo. Según el proyecto, se han identificado varios animales amenazados: 19 especies de aves, 13 especies de mamíferos marinos, cuatro especies de tortugas marinas, 22 especies de tiburones o rayas y cinco especies de peces.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, a los que Uruguay se comprometió, definieron que para 2020 cada país debía alcanzar el 10% de su área marítima protegida. Sin embargo, el porcentaje en el país sigue siendo menor a 1%.
Milessi expresó que en 20 años se ha dado cuenta de un “deterioro impresionante” en los ecosistemas marinos. “Se han generado grandes cambios, grandes impactos. Yo quisiera que mis gurises y los hijos de mis gurises pudieran ver lo que yo vi. No es para asustar, pero el problema ya está instalado y lo que se viene es complejo”, advirtió.
La sobrepesca y la pesca ilegal
Las áreas marinas protegidas ayudan a prevenir la contaminación de los océanos, proteger sus ecosistemas, detener la pesca ilegal y facilitar el acceso a los pescadores artesanales a los recursos marinos y los mercados. “La sobrepesca es una de las principales amenazas a las que se ven expuestos los recursos naturales del planeta, capturando pescados y mariscos en cantidades que exceden la capacidad de renovación, de modo que las especies capturadas no disponen del tiempo suficiente para recuperarse y su población se va reduciendo cada vez más”, indicó el proyecto de las organizaciones.
Las principales especies afectadas por la sobrepesca son las más consumidas en el mercado, pero el fenómeno también perjudica a otras que son capturadas de forma accidental. “Estas capturas son descartadas por los pescadores y devueltas al mar muertas, con lo que contribuyen también a aumentar el desequilibrio en el ecosistema”, agrega el proyecto.
Se señaló que en el caso del área marina protegida de la Isla de Lobos es “inminente implementar un turismo responsable y sostenible”, porque la zona “carece de protocolos de seguridad, capacidad de carga analizada y no existen estudios de impacto ambiental que aseguren una actividad sostenible, segura y responsable” para las personas, el hábitat y las especies.
“Es importante tener presente que en métodos como la pesca de arrastre se vuelven a arrojar al mar ya muertos hasta 42% de los peces pescados, con la pesca artesanal el porcentaje baja hasta 3%”, se argumenta. Se aclara que la pesca alternativa –artesanal y sostenible– puede mantenerse “de forma indefinida sin comprometer ni ejercer un impacto negativo sobre otras especies dentro de los ecosistemas”.
En el proyecto se destaca que en un escenario exitoso, la implementación del área marina protegida aumentaría el tamaño y el número de las especies, especialmente las críticas. “Los beneficios netos (socioeconómicos y ecológicos) superan con creces los costos. La pesca sostenible incluirá reducir y eliminar los impactos adversos de la pesca de arrastre de fondo en este ecosistema marino vulnerable y su biodiversidad asociada”, se señala.
El control
“La fiscalización es uno de los aspectos clave para la efectiva implementación, manejo y gestión del área de la reserva”, se explica en ambos proyectos. Proponen dos herramientas principales. La primera es un sistema de alarmas en tiempo real para barcos pesqueros con bandera nacional, extranjera o con sospechas de pesca ilegal que ingresen al área protegida.
La segunda es un sistema para registro histórico de actividades en el área protegida, mediante una base de datos de información de toda actividad registrada. Se podría realizar con sistemas automáticos de identificación, sistemas de monitoreo de embarcaciones y análisis de imágenes satelitales. Según el proyecto, este último punto se lograría en convenio con Global Fishing Watch, una organización fundada por Google, Skytruth y Oceana que busca mostrar cómo se maneja la pesca ilegal, y Marine Traffic, un proyecto abierto que proporciona información en tiempo real sobre los movimientos y la ubicación de los barcos que se encuentran navegando.
“Con la información obtenida en los sistemas de monitoreo se podrán generar indicadores de actividad y evolución en la reserva. Estos indicadores brindarán información fundamental para poder tomar decisiones en cuanto a su gestión y al seguimiento de su operación”, indica el proyecto.
Interés, pero bajo presupuesto
“Antes de avanzar en nuevas áreas debemos ordenar las que tenemos. Hay áreas protegidas sin protección, más que en el papel. Un área de protección marina supone un esfuerzo que el ministerio no está en condiciones de realizar, porque eso hay que cuidarlo. ¿Qué es lo que vamos a proteger? Para declararlo, lo declaramos mañana”, dijo el ministro de Ambiente, Adrián Peña, ante la Comisión Especial de Río de la Plata, Frente Marítimo y Antártida de Diputados el 9 de setiembre. “A nivel global se dice que si uno tiene 30% del área marina protegida, preserva 100% del área, porque la reserva de biodiversidad asegura mantener la biodiversidad en todo el sistema”, indicó. Remarcó que la propuesta presentada significa “prácticamente 10%” del mar territorial nacional y que sería “un avance importante”.
El subsecretario del MA, Gerardo Amarilla, expresó que mantuvo reuniones con el equipo del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). “Integrar una nueva área significa tener más recursos para tener personal abocado a esta. Ahí tenemos una suerte de dificultad desde el punto de vista de los recursos que disponemos, porque también es necesario fortalecer otras áreas del ministerio que se han visto presionadas”, señaló. Puso como ejemplo “los grandes emprendimientos vinculados con UPM” y otras “obras asociadas a este tipo de industrias que se están instalando”. “Con los mismos recursos tenemos que atender diferentes cosas”, enfatizó.
Milessi, el coordinador de OCC, planteó que se consiguieron “fondos a nivel internacional para el manejo y el control de las áreas”. “No quiere decir que lo controlen ONG internacionales, sino que bajan recursos para que el propio Estado los administre. Tenemos tecnologías satelitales que permiten ver en tiempo real cuáles barcos, qué barcos y de qué nacionalidad están entrando a las aguas. Se las hemos propuesto al Ministerio de Defensa”, sumó. Agregó que frente a los “miedos” que piensan que tiene el MA porque “no va a proteger algo que después no pueda cumplir”, la organización propone los fondos.
Entre el 21 y el 26 de marzo se desarrolló una campaña oceanográfica exploratoria en mar profundo uruguayo en la zona del talud continental –la misma zona del segundo proyecto presentado por las organizaciones, que abarcaría 35.000 kilómetros cuadrados–. Fue planeada por National Geographic Society junto con OCC y fue declarada de interés por el MA. Por el gobierno participaron técnicos de la Dirección Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (Dinabise), de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara) y de la Armada Nacional.
la diaria accedió a un informe de la Dinabise que se realizó a partir de la expedición. Se apuntó que la zona “presenta gran potencial” para integrar el sistema marino del SNAP. “Esta zona ha sido identificada en varios trabajos y opiniones de expertos como una zona de elevada concentración de interés para ser protegida por su vulnerabilidad y cualidades ecológicas”, se plantea en el documento. Se señala que es un “sitio clave” para “establecer estrategias de gestión”.
Además, el informe definió que la zona es “objeto de explotación por parte de las pesquerías” de cangrejo rojo, merluza, rouget, tiburón, atún y pez espada. “Algunas de estas pesquerías generan importantes disturbios en los fondos, resuspendiendo sedimento, rompiendo estructuras arrecifales de corales de profundidad, octocorales y esponjas, poniendo en riesgo la permanencia de las mismas, y tienen una importante captura incidental”, sumó. El informe agregó que la zona se encuentra incluida en el ofrecimiento de Ancap para la prospección petrolera.
Se enfatizó que es necesario “conciliar con los distintos intereses” y “establecer la delimitación adecuada basada en el conocimiento existente en coordinación institucional con los principales actores (Dinara, Cámara de armadores pesqueros, organizaciones de pescadores, Ancap, Antel, Armada Nacional”. La propuesta también debería ser analizada en la Comisión Técnica Mixta, establecida en el Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo, que se compone por igual número de representantes de Argentina y de Uruguay.
El proyecto que presentaron las organizaciones ambientalistas nacionales e internacionales para la creación de áreas marinas protegidas propone que las zonas de veda establecidas por la comisión mixta “serían fortalecidas en su gestión” para “asegurar la protección y recuperación” de especies como la corvina, la pescadilla y “frágiles ecosistemas profundos”.