El Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) nació junto con este siglo. Su reglamentación tuvo lugar en 2005 y tres años después ingresó su primer territorio: el actual Paisaje Protegido Quebrada de los Cuervos y Sierras del Yerbal. Hasta este momento tiene bajo su tutela 22 áreas –junto con sus zonas adyacentes– que ocupan 415.605 hectáreas y representan apenas el 1,31% del territorio nacional. Integrantes del sector académico, político y organizaciones sociales han puesto encima de la mesa la necesidad de fortalecer este organismo estatal en varios aspectos, por ejemplo, en materia presupuestal, el personal destinado para su cuidado y su necesidad de abarcar un mayor territorio.
Desde su reglamentación, el SNAP elaboró dos ciclos de planificación estratégica para los períodos 2010-2014 y 2015-2020. Tuvieron como objetivo orientar la implementación de la política pública. En este contexto, la Dirección Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos está elaborando un nuevo plan estratégico del SNAP para 2026-2035. En el informe que presenta un resumen, al que accedió la diaria, se mencionan sitios cuya protección será prioritaria. Por ejemplo, uno de ellos se denomina “Casupá” y busca la “protección de ecosistemas asociados a las nacientes del río Santa Lucía”.
Actualización de especies prioritarias y valorización arqueológica e histórica
En el documento, la autoridad ambiental subraya: “Superada la fase fundacional y ante un escenario que ha cambiado sustancialmente [desde la creación del SNAP], resulta necesario actualizar los objetivos, las estrategias y el diseño de la red física del sistema para dar respuesta a las necesidades nacionales y los compromisos internacionales –en particular la meta 3 del Marco Mundial Kunming-Montreal–, de forma de abordar con éxito nuevas oportunidades y desafíos”. Este acuerdo fue adoptado durante la decimoquinta reunión de la Conferencia de las Partes del Convenio de la Diversidad Biológica, tras un largo proceso de negociación. En concreto, la meta obliga a los países que forman parte, entre ellos Uruguay, a “garantizar y posibilitar que para 2030 al menos el 30% de las áreas terrestres, de aguas continentales y costeras y marinas, especialmente las áreas de particular importancia para la biodiversidad y servicios de los ecosistemas, se conserven y gestionen eficazmente mediante sistemas de áreas protegidas y otras medidas de conservación”.
En este sentido, la cartera afirma que el propósito del nuevo plan estratégico es “orientar este período de expansión del SNAP, avanzando hacia un modelo institucional acorde a los nuevos desafíos de gobernanza y gestión, disminuyendo la brecha entre el diseño del sistema y su implementación efectiva en el territorio”. Destaca que tomó como base un “proceso participativo y multinivel” que implicó “una consulta amplia a diferentes partes interesadas, que se desarrolló a través de diversos abordajes de trabajo y estructuró distintas etapas con el objetivo de obtener los principales resultados para nutrir los contenidos del nuevo plan”.
Uno de los ejes está centrado en especies prioritarias. Plantea que, por medio de un convenio con el Centro Universitario Regional del Este de la Universidad de la República, actualizaron la lista de especies prioritarias para Uruguay y su distribución. “El convenio incluyó la actualización de los grupos taxonómicos prioritarios evaluados hasta la fecha (peces continentales, mamíferos, anfibios, reptiles, aves, moluscos y plantas vasculares) y sumó a la lista dos nuevos, lepidópteros y arácnidos”, resalta. Enseguida informa que la nueva lista fue publicada a través del Sistema de Información sobre la Biodiversidad de Uruguay, un portal de uso público que contiene información abierta de registros. También cuenta que está prevista la publicación de un libro que “ponga a disposición del público en general toda la información”. Asimismo, detalla que el SNAP incorporó un nuevo “objeto de conservación”: los “valores arqueológicos e históricos”. Esto, dice el documento, “implica un hito en el sistema”.
“A largo plazo”: los territorios que está previsto que ingresen al SNAP
Otro apartado del documento elaborado por el Ministerio de Ambiente hace hincapié en los “objetivos a largo plazo”, es decir, las metas que esperan alcanzar para 2035. Por ejemplo, propone “mantener en buen estado de conservación sitios representativos de cada uno de los ecosistemas amenazados dentro de las áreas protegidas del sistema”. En este caso, plantea como meta que “al menos 62% de los ecosistemas amenazados” del país estén representados en el SNAP. Por otro lado, interesa “mantener en buen estado de conservación ecosistemas de los sitios de especial relevancia para la provisión y el mantenimiento de los servicios ecosistémicos priorizados en cada una de las grandes cuencas hidrográficas”. Allí pone como objetivo que ingrese al SNAP “al menos un sitio de relevancia para el servicio de provisión de agua en cantidad y calidad para consumo en la cuenca del río Santa Lucía y un sitio que representa la totalidad de los servicios ecosistémicos en la cuenca del río Uruguay”.
A su vez, manifiesta su interés de incorporar “al menos uno de los sitios priorizados para cada una de las 14 especies de vertebrados amenazados identificados como más vulnerables al cambio climático” y también buscará que “al menos el 70% de las especies prioritarias para el SNAP estén representadas en el sistema”.
Uno de los puntos clave del documento está en la elaboración de “un nuevo diseño espacial de la red de sitios prioritarios para el SNAP a nivel continental y marino”. “Esta nueva red se elaboró teniendo en cuenta: las áreas protegidas ingresadas a marzo de 2026 en cuanto a la representación de los objetivos de conservación, la revisión de los objetos de conservación, así como la identificación de un nuevo objetivo de conservación asociado a los bienes arqueológicos e históricos”, argumenta. Con respecto al espacio marino, señala que se priorizó lo establecido en la Resolución 520/2022, que creó ocho sitios candidatos para ingresar al SNAP.
En el informe se adjunta una figura donde se presenta la red de sitios prioritarios para el período 2026-2035. Explica que este mapa sirve para “viabilizar” su implementación, pero también “como un insumo transversal clave para orientar el diseño de otras políticas públicas, evaluaciones ambientales y programas sectoriales de ordenamiento territorial”.
En la imagen se ven representadas diferentes clases que conforman la red de sitios prioritarios para el SNAP. La “clase 1” hace referencia a las áreas ya ingresadas, la “clase 1A” aplica a “las áreas ya ingresadas que se prevé su ampliación”, la “clase 2” contempla “las celdas que contienen nuevos territorios que es deseable que ingresen como áreas protegidas en el período planificado”, la “clase 3” refiere a “sectores del país que si bien representan valores de conservación destacados, requieren análisis de viabilidad complementarios a nivel institucional, socioeconómicos, entre otros aspectos”, y la “clase 4” son zonas que “no es prioritario que ingresen en este período como área protegida, pero que se recomienda tener especial atención en procesos de ordenamiento territorial, evaluación de impacto y evaluación ambiental estratégica y donde es deseable articular con otras estrategias de conservación”.
Entre las áreas protegidas que tienen prevista su ampliación está el Parque Nacional Humedales e Islas del Hum, ubicado en Soriano. En concreto, el SNAP pretende incluir el tramo “del río Negro y área continental adyacente” con el objetivo de asegurar “la integridad ecosistémica con el conjunto de islas que actualmente están declaradas área protegida”. A su vez, propone ampliar el Parque Nacional Arequita, ubicado en Lavalleja, para el que prevé la “integración del paisaje asociado” al cerro homónimo. En el departamento de Rocha están estudiando ampliar dos territorios: el Paisaje Protegido Laguna de Castillos, donde se buscará la “inclusión de un sector de humedales, tributarios a la laguna y pastizal natural con palmar asociado”, y el Parque Nacional Laguna Negra, que incorporará la “representación del sistema de turberas como paisaje asociado al espejo de agua”.
El documento profundiza en cinco nuevas áreas que planifican incorporar al SNAP. Por un lado, las islas del alto río Uruguay, que son definidas como “las islas al norte del país con presencia de ecosistemas nativos remanentes luego de la inundación asociada a la construcción del embalse de Salto Grande”. En segundo lugar menciona a Punta Ballena, donde determina la “protección de una superficie reducida con importante presencia de especies endémicas y de distribución restringida”. Otro ejemplo es Casupá, que implica la “protección de ecosistemas asociados a las nacientes del río Santa Lucía”. “Arerunguá” es el nombre de otro territorio que buscará sumarse al SNAP para aportar a la “representación de grandes extensiones de ecosistema de pastizal natural, población de venado de campo” y como “sitio de importancia para la loica pampeana, especie vulnerable al cambio climático” y en “representación de un sitio arqueológico de grabados”. Finalmente, menciona las “nacientes del río Negro”, por su “representación de ecosistemas y alta riqueza de especies amenazadas”. Si bien no se desarrolla en el texto escrito, en el mapa figuran como “clase 2” dos áreas marinas protegidas: el “Margen continental y talud, cabeceras de cañones y corales” y “Restingas del pez limón”.
“Las estrategias para la consolidación de la red de sitios prioritarios y su conectividad buscan fortalecer progresivamente el diseño de la red, incluyendo su relación con otros sitios importantes para la conservación. Las estrategias habilitantes buscan generar las condiciones políticas, institucionales, financieras, de coordinación interinstitucional y las capacidades necesarias para habilitar la implementación progresiva de las estrategias de las áreas protegidas. Sobre esta base, las estrategias con impacto directo en territorio procuran reducir las principales fuentes de presión y atender necesidades de restauración”, esgrime el documento del Ministerio de Ambiente.